Absurdo que el registrador le haya asignado contrato para capacitación del plebiscito a Roberto Prieto, quien era promotor del SÍ.
El mejor negocio
En su entrevista con la emisora Blu Radio, de manera cínica, el cuestionado gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto Uribe, aseguró que él, por respeto y aprecio al presidente de la República, no había “monetizado” su amistad con el primer mandatario.
Aquello en referencia a que, según su “criterio”, no había hecho negocios amparado en su estrecho vínculo de amistad con Santos.
Como es costumbre, Prieto estaba mintiendo. Market Medios, la empresa de su familia, se ha hecho fabulosamente rica durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Dicha compañía se ha favorecido con multimillonarios contratos proveídos por entidades oficiales.
Parece entonces que el eslogan de campaña de Santos, que ofrecía prosperidad para todos, se ha cumplido a cabalidad en el caso de Roberto Prieto.
Contrato con la Registraduría
Trascendió en las últimas horas que el registrador Juan Carlos Galindo, cuota del rector del Externado, le regaló a Market Medios un contrato por $1900 millones de pesos para que esa empresa hiciera la campaña de capacitación electoral del plebiscito.
Resulta inaceptable que el registrador, que debe ser imparcial en todos los procesos electorales colombianos, haya escogido a la empresa del mejor amigo del presidente quien también ha sido el gerente de sus campañas, para hacer la capacitación electoral en el plebiscito.
Aquello viola la imparcialidad del certamen y permite hacer creer que en la registraduría, desde Galindo para abajo, se le quiso meter la mano a aquel proceso plebiscitario.
Sabiendo que Galindo le dio semejante espaldarazo a Santos, resulta legítimo pensar que tal vez el resultado real del plebiscito fue distinto y que el NO ganó por un margen mayor.
Que se investigue a Galindo
Galindo debe ser investigado tanto disciplinaria como penalmente. Habiendo tantas empresas especializadas en publicidad, ¿por qué se escogió precisamente la de la familia de Roberto prieto? ¿Qué injerencia tuvo el gobierno en la asignación corrupta de ese contrato? ¿Los valores se ajustaron a la realidad, o estamos frente a un posible detrimento patrimonial? Aquellos interrogantes deben ser absueltos por la fiscalía y por la Procuraduría General de la Nación.
La bribonada de Santos
Santos es un gran manipulador, experto en desviar la atención de los escándalos que lo agobian. Ahora, se inventó el cuento de que solicitará, a través de Juan Fernando Cristo, que se suspenda la prescripción para efectos de que se investiguen las cuentas de su campaña de 2010 en el consejo nacional electoral.
Cualquier ciudadano puede renunciar al derecho de la prescripción, pero lo que no puede hacer es obligar a que se reverse la caducidad, pues aquella acción no está en sus manos.
El código electoral colombiano prevé que los actos irregulares de las campañas políticas tengan una caducidad de 3 años, razón por la que será imposible que el CNE –de mayorías santistas- pueda investigar hechos que ocurrieron en 2010.
Aquello no significa que los delitos que se derivaron de la financiación corrupta de su campaña, que involucran a personas cercanas a Santos como Juan Claudio Morales, Roberto Prieto, Santiago Rojas y su exesposa Lina Mahecha, también vayan a ser cobijados por el manto de la impunidad (Sobre este asunto, puede leer: “La confesión de Juan Claudio Morales” y “El concierto para delinquir”).
Publicado: marzo 16 de 2017