Se veía venir. Cepeda se había demorado en dar el paso. Era cuestión de días para que llegara el anuncio. El preámbulo fue la amenaza lanzada por la terrorista Viviana Marín, cabecilla de las juventudes comunistas de Colombia. Cuarenta y ocho horas después, el estalinista Cepeda formalizó el anuncio declarando que él y los suyos se declaran en «desobediencia civil».
A mediados del siglo XIX Henry Thoreau publicó un panfleto intitulado «Resistencia al gobierno civil» en el que defendía la idea de la rebelión y la desobediencia ciudadana frente a lo que consideraba leyes y medidas administrativas injustas.
Es moralmente aceptable que el pueblo se rebele frente a la opresión de un régimen despótico, pero absolutamente repudiable que el perdedor de unas elecciones, delatando su absoluto desprecio por la libertad democrática, anuncie una rebelión contra el gobierno legitimado en las urnas.
Ese título de «desobediencia civil» es una fórmula edulcorada para adelantar lo que desde siempre se ha sospechado: una brutal oleada de violencia urbana como la que se vivió en Colombia en 2021, cuando Petro preparaba su candidatura presidencial.
La diferencia entre lo ocurrido aquella vez y lo que sucederá ahora es oceánica. Entonces, la jefatura de Estado se encontraba en manos de un hombre débil, cobarde y timorato. En cambio, a partir del 7 de agosto, la jefatura suprema de las Fuerzas Militares y de policía estará en manos de un presidente comprometido con la defensa de la vida, honra y bienes de todos los colombianos.
El día de su victoria, el presidente De La Espriella le dejó claro a Cepeda que contará con todas las garantías para ejercer la oposición, siempre y cuando esta se haga dentro del marco de la Constitución y la ley. Respeto a la oposición e implacabilidad contra la violencia urbana.
Es evidente que Cepeda, en el decir popular, le está midiendo el aceite al presidente De La Espriella, creyendo equivocadamente que sus amenazas doblegarán al nuevo gobierno, obligándolo a gobernar de rodillas ante las exigencias retardatarias de los comunistas.
Más le valdría a Cepeda reflexionar serenamente sobre las consecuencias de sus palabras y replantear su estrategia fundada en la intimidación y la agitación. Que entienda que la oposición democrática no se ejerce promoviendo la violencia callejera, alentando la alteración del orden público ni estimulando el terrorismo como mecanismo de presión política.
Cepeda está obligado a someterse a las reglas del juego democrático, respetando los límites constitucionales. Se equivoca si cree que el presidente electo desconoce la frontera que existe entre la oposición legítima y la instigación a la violencia.
Si el estalinista insiste en cruzar esa frontera, deberá asumir las consecuencias jurídicas y políticas de sus actos. Con Abelardo De La Espriella el Estado no volverá a ser rehén de las hordas violentas. Si deciden persistir en el camino de la agitación, la intimidación y terror urbano disfrazado de «desobediencia civil», tendrá que afrontar todo el rigor de la ley sin derecho a alegar persecución política cuando la justicia llame a sus puertas.
Que nadie se llame a engaños: en Colombia la impunidad y el desorden terminaron el día en que el pueblo eligió a Abelardo De La Espriella y le otorgó el mandato de recuperar la autoridad legítima del Estado.
Publicado: julio 1 de 2026