Las amenazas proferidas por Viviana Eliza Marín, dirigente de las Juventudes Comunistas Colombianas (JUCO), constituyen una agresión directa contra la democracia colombiana y ponen nuevamente en evidencia que la extrema izquierda jamás ha roto definitivamente con la vieja convicción de que la violencia sigue siendo un instrumento legítimo de acción política cuando las urnas no les garantizan el poder.
No estamos frente a una ciudadana cualquiera ni ante un simple exabrupto verbal. Marín es una dirigente comunista que ha expresado públicamente su admiración por el genocida Alfonso Cano, máximo cabecilla de la banda terrorista Farc, abatido por la Fuerza Pública en 2011. Se trata, además, de una funcionaria vinculada a la Unidad de Trabajo Normativo de la concejal Heidi Sánchez, integrante de la Unión Patriótica.
La JUCO no es una inocente agrupación juvenil universitaria. Durante décadas ha sido uno de los principales semilleros de la izquierda radical colombiana y escuela política de numerosos extremistas, entre ellos Iván Cepeda. Nadie debería sorprenderse, entonces, de que desde sus filas emerjan discursos que alienten la violencia, la movilización permanente y la lógica del «enemigo de clase», por encima del debate democrático y la convivencia republicana. Para esa caterva de antisociales, aquel que no crea en sus majaderías es un objetivo al que hay que derrotar o, si es posible, liquidar.
La historia del comunismo es, en buena medida, la historia de la utilización sistemática de la violencia como herramienta política. Desde Lenin hasta Mao, desde Castro hasta Pol Pot, el saldo ha sido devastador: persecuciones, cárceles, campos de concentración, hambrunas inducidas y millones de muertos. La violencia no ha sido una desviación accidental del proyecto comunista. Ha sido uno de sus métodos predilectos.
Por eso las amenazas proferidas por Viviana Marín no pueden ser despachadas como una simple consigna partidista ni como una desafortunada exaltación retórica de las redes sociales. Colombia conoce demasiado bien el lenguaje de quienes, incapaces de imponerse plenamente en las urnas, recurren a la agitación, al bloqueo, a la intimidación y a la violencia como mecanismos de presión política. Este país ha padecido durante décadas diversas manifestaciones de terrorismo, encaminadas a sembrar miedo, paralizar ciudades, destruir infraestructura pública, intimidar a la población civil y erosionar la legitimidad de las instituciones democráticas.
Petro ganó, en buena medida, por cuenta de la acción violenta de la estructura terrorista urbana denominada primera línea.
Cuando una dirigente comunista admiradora de un cabecilla terrorista anuncia que desatará la violencia, los colombianos no tienen por qué asumir ingenuamente que se trata de una baladronada. Sus amenazas deben ser tomadas muy en serio y el gobierno entrante deberá enfrentar la amenaza con el juicio y la verticalidad que corresponde.
Resulta insólito que el tiempo pasa y la justicia no actúe. Esa delincuente debería estar a buen recaudo del INPEC. ¿Dónde está la Fiscalía que es rápida para erigir tinglados contra el presidente Uribe, pero lenta para castigar a los aliados terroristas del gobierno de Petro? El video, las palabras y las amenazas de Marín son públicos. ¿Qué esperan las autoridades para detener a esa salvaje? ¿Dentro de cuántos muertos actuarán?
No se trata de perseguir ideas. En democracia todas las corrientes ideológicas tienen derecho a existir y a competir electoralmente. Lo que ninguna democracia seria puede tolerar es que se normalice la amenaza, que se glorifique la violencia o que se sugiera que las calles deben sustituir a las urnas cuando el resultado electoral no satisface a determinados sectores políticos.
Existe, además, una nauseabunda hipocresía en esa gentuza que dedica buena parte de su vida a descalificar las democracias liberales, a fustigar el supuesto «imperialismo Yankee» y a blanquear tiranías que castran las libertades humanas. Sin embargo, no tienen inconveniente alguno en viajar a los Estados Unidos, disfrutar de sus libertades, aprovechar sus garantías y beneficiarse de las oportunidades que ofrece esa gran nación.
Diversas fotografías difundidas en redes sociales muestran a Viviana Eliza Marín en distintas ciudades de los Estados Unidos. Sería divertido conocer los argumentos de esa antisocial para justificar sus múltiples viajes de placer al «imperio del tío Sam» (¡!).
Afortunadamente, las autoridades americanas no son corruptas, incompetentes y paquidérmicas como las colombianas. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, advirtió que revisará la situación migratoria de la comunista y, muy posiblemente, su visa de turista será cancelada.
Quienes no compartan las políticas del entrante gobierno de Abelardo De La Espriella disponen de un camino perfectamente legítimo: hacer oposición, persuadir a los ciudadanos y ganar las siguientes elecciones. Así funcionan las democracias constitucionales.
Los gobiernos se cambian con votos y no mediante el chantaje callejero. Las elecciones se ganan con argumentos y no mediante la intimidación. Las diferencias democráticas se resuelven en las urnas y no a través de acciones de terrorismo urbano como se propone hacer la terrorista Marín.
Publicado: junio 30 de 2026