Las Farc, de entrada tendrán 26 curules en el congreso, representación en el CNE y financiación millonaria por parte del Estado.
Uno de los aspectos que más controversia generó con ocasión del proceso de paz con la banda terrorista de las Farc fue, precisamente, el de la participación política y la elegibilidad de los líderes de esa organización y que son considerados de ser los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.
Desde la orilla de la oposición liderada por el expresidente Uribe se plantearon alternativas tales como la creación de un partido político de las Farc, cuyos candidatos fueran personas que nunca hubieran estado involucradas en delitos atroces, o personas que, sin haber militado en las filas terroristas, hubieran tenido simpatía por ellos. Ninguna de esas propuestas fue siquiera valorada por los negociadores del gobierno Santos.
En el acuerdo respecto de la participación política de los terroristas, de entrada se reconoce como legítimo el uso de las armas en la acción política, lo cual sienta un precedente nefasto para el futuro de la democracia colombiana.
Así mismo se impone un elemento que es tremendamente delicado y que de ser aplicado en desarrollo del acuerdo podrá en grave riesgo la libertad constitucional de expresión de los ciudadanos que, hasta hoy, han sido parcialmente libres de expresar lo que se les antoje frente a la guerrilla, el gobierno, la oposición uribista y demás asuntos que afecten la vida social de Colombia.
Efectivamente, al enunciar la promoción de la convivencia pacífica, gobierno y Farc acordaron la “tolerancia y no estigmatización y se promoverá el respeto por quienes ejercen la oposición política”.
¿Acaso se prohibirá que un ciudadano que esté en desacuerdo con las Farc, pública y abiertamente les recuerde a los integrantes de esa banda su pasado criminal, narcotraficante y terrorista? ¿Establecerán un tipo penal que castigue “la estigmatización” para evitar que de una vez y para siempre se impida referirse a las atrocidades que durante más de 50 años cometieron los miembros de las Farc?
En otras palabras, los colombianos, como consecuencia del acuerdo final, quedan obligados a respetar a las Farc, tal y como se desprende de la lectura pormenorizada del documento alcanzado en la isla de la satrapía castrista: “todos y todas deben contribuir a avanzar en la construcción de la reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social”.
Más vale que la ciudadanía tenga de presente que a Timochenko no se le podrán enrostrar sus crímenes, ni recordarle que sobre su cabeza pesa una recompensa de 5 millones de dólares fijada por las autoridades judiciales norteamericanas que lo han pedido en extradición para que responda por los delitos de narcotráfico, secuestro y homicidio de ciudadanos norteamericanos, so pena de terminar acusado por los tribunales especiales que se crearán para blindar jurídicamente a las Farc. (Puede leer “Los extraditables de las Farc”)
En riesgo la libertad de los medios de comunicación
Un elemento del acuerdo sobre participación en política, permite sospechar que los medios privados de comunicación verán coartada su libertad editorial e informativa por cuenta del pacto entre Santos y las Farc en el que se lee que “se harán las revisiones y los ajustes institucionales necesarios que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales” en los medios de comunicación.
Igualmente, el Estado quedó comprometido a crear emisoras de radio en las zonas en las que las Farc han ejercido presión armada durante las última década. Del mismo modo, deberá pagar la capacitación de todos los empleados de dichas emisoras y financiar la totalidad de la operación de las mismas, incluida la producción y difusión de sus programas.
El desequilibrio es evidente: ¿Acaso todos los partidos políticos de Colombia gozan de semejante ventaja? ¿Por qué sólo para las Farc y no para los demás partidos que, además, nunca han violentado el marco legal ni han atentado contra el Estado social de derecho?
Curules para las Farc
A partir de 2018, los colombianos estarán obligados a que sus leyes y los debates de control políticos se realicen con participación activa de unas Farc disfrazadas de partido político. Pero desde el momento en que se empiecen a desarrollar las leyes que se desprenden del acuerdo, una vez se lleve a cabo el plebiscito, 3 voceros de las Farc estarán en el Senado de la República y 3 en la Cámara de Representantes, ejerciendo como vigilantes y censuradores de la la labor parlamentaria. Lo llamativo es que en el acuerdo no se pone expresamente que los voceros de las Farc que lleguen al Congreso con voz y sin voto, cumplan con los requisitos que fija la Constitución para ser senador o representante. Esto quiere decir que, si la guerrilla así lo desea, podrá delegar para ese cometido a extranjeros, como su abogado el español Enrique Santiago.
Algunos conocedores de la guerrilla han manifestado que los jefes de las Farc están pensando en Enrique Santiago, Piedad Córdoba, Gloria Cuartas, Aida Avella y Medófilo Medina como sus voceros en Senado y Cámara de Representantes.
Farc como partido político
Tendrán entre 2018 y 2026 aseguradas 5 curules en el Senado de la República y 5 curules en la Cámara de Representantes. Ese es el punto de arranque, lo que quiere decir que de ahí en adelante la guerrilla podrá crecer en representación. Por ejemplo, se pactaron 16 circunscripciones especiales y temporales de paz que tendrán cada una de ellas, una curul en la Cámara de Representantes.
Gobierno y Farc acordaron que en las circunscripciones especiales de paz, los partidos que tienen presencia en el Congreso de la República no podrán presentar candidatos. Esas curules serán ocupadas por representaciones de organizaciones sociales. Y como aquellas circunscripciones quedan en zonas de presencia histórica de la guerrilla, entonces ellos, las Farc, tendrán buena parte si no la totalidad de aquellas 16 curules, con lo que la bancada de los exterroristas llegará, como mínimo a 26 parlamentarios, sin contar aquellos que obtengan su curul por cuenta del proselitismo armado (no todas las estructuras de la guerrilla entregarán sus armas) y de la influencia del dinero del narcotráfico (la guerrilla no devolverá un solo centavo de su inconmensurable fortuna como consecuencia del tráfico de estupefacientes).
Así mismo, se acordó modificar los requisitos de ley para que un partido político tenga personería jurídica. Hasta ahora, se considera que una colectividad tiene reconocimiento si en las elecciones logra obtener un mínimo de votos, lo que se conoce como el umbral. A partir de ahora, un partido podrá acreditarse, presentando un listado de afiliados. Con eso bastará para la asignación de personería y la consecuente financiación con dineros oficiales.
Financiación de las Farc con dineros públicos
Como si la legalización de la fortuna de las Farc no fuera suficiente, el Estado se comprometió a darle el 15% del total del presupuesto que destina para la financiación de partidos a la guerrilla, una vez empiece a hacer política. Resulta inaceptablemente desproporcionado que una colectividad minoritaria, con el legado de violencia que tiene tras de si, además de quedar impune y habilitada para ser elegible, lo vaya a hacer con el 15% del presupuesto que el Estado tiene previsto para la financiación de la democracia colombiana.
El 10% se destinará al funcionamiento de las Farc como partido político y el 5% adicional se destinará a la publicidad y propaganda de esa banda terrorista.
Finalmente, la guerrilla tendrá, una vez se apruebe el plebiscito, un representante suyo, con voz pero sin voto en el Consejo Nacional Electoral.
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@IrreverentesCol