Los extraditables de las Farc

Los 13 principales cabecillas de las Farc quedarán impunes en Colombia, pero sobre ellos seguirán existiendo solicitudes de extradición en los EEUU.

“Luciano Marín Arango, también conocido como ‘Iván Márquez’ es un miembro del Secretariado y asesor de los Bloques Caribe y Nororiental [de las Farc]. El supervisó la carga de aviones con 1200 kilogramos de cocaína y recibió dinero y armas automáticas como pago de ella. El creó las políticas de narcotráfico de las Farc que se ha enfocado en la producción y distribución de cientos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos…El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y posterior condena de Luciano Marín Arango”.

Con esa frase, el Departamento de Estado de los Estados Unidos resume la solicitud de extradición que pesa sobre alias “Iván Márquez”, quien como están las cosas, en pocos meses asumirá una curul en el Congreso como consecuencia del proceso de paz.

No es el único miembro del secretariado por el que gobierno de los Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa. Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”, es señalado por las autoridades de ese país de ser el cerebro del tráfico de “cientos de toneladas de cocaína. En 2000, con la complicidad de ‘Pastor Alape’, planeó con el bloque ‘Magdalena Medio’ la retoma del territorio sembrado con plantas ilícitas, ordenando disparar a los aviones de fumigación y aumentando la producción de coca”.  Así mismo, lo responsabilizan del secuestro de ciudadanos norteamericanos. Se ofrecen 5 millones de dólares por su cabeza.

Ellos no son los únicos integrantes de de esa organización criminal con cuentas pendientes en los tribunales norteamericanos. De hecho, buena parte del grupo que integra la comisión negociadora de las Farc en La Habana tienen pedido de extradición por parte de las autoridades judiciales norteamericanas:

  • José Lisandro Lascaro, alias “Pastor Alape”. Recompensa: US$ 2.500.000
  • Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”. Recompensa: US$ 2.500.000
  • Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”. Recompensa: US$ 2.500.000
  • Luis Antonio Lozada, alias “Carlos Antonio Lozada”. Recompensa: US$ 2.500.000
  • Jesús Emilio Carvajalino, alias “Andrés París”. Recompensa US$ 2.500.000
  • Tanja Nijmeijer, alias “Alexandra Nariño”. Recompensa US$ 2.500.000

Otros mandos medios, como Edgar López, alias “Pacho Chino”; Miguel Ángel Pascual, alias “Sargento Pascuas”; Víctor Restrepo, cabecilla del frente Yarí de las Farc y Abelardo Caicedo, alias “Solis Almeida”, también tienen requerimientos por cortes federales y el Departamento de Estado ha fijado recompensas de hasta US$ 2.500.000 por cada uno de ellos.

 

Santos no los extraditará

Con el cuento de la construcción de la paz, está claro que el gobierno de Santos no concederá esas extradiciones mientras ocupe la presidencia de la República. A comienzos de este año se presentó un hecho que pasó desapercibido.

En efecto, una corte de Nueva York pidió en extradición a Octavio Orrego Sánchez, alias “Sebastián” , integrante  del frente de las Farc que secuestró en febrero de 2003 a los tres contratistas norteamericanos Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalvez. Aquel día, las Farc asesinaron a otro contratista, Tom Janis.

La justicia estadounidense requiere a alias “Sebastián” para que responda por los delitos de secuestro y homicidio, pudiendo enfrentar una condena similar a la impuesta contra “Simón Trinidad”: 60 años de prisión. Pesa contra él una circular roja emitida por Interpol.

Desde diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia dio vía libre para esa extradición, pero el presidente se abstuvo de concederla alegando que “para el Estado colombiano el cumplimiento de sus obligaciones en materia de cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad ha estado en el primer orden. Sin embargo en esta ocasión el gobierno nacional debe hacer un ejercicio de ponderación entre la primacía de las relaciones de cooperación internacional y la posibilidad de materializar el derecho a la paz y lograr un estado de reconciliación y convivencia en el territorio nacional”.

Con ese mismo argumento, los demás integrantes de la guerrilla de las Farc se salvarán de terminar sus días en una fría y solitaria prisión de los Estados Unidos.

Pero la justicia de aquel país no deja de investigar y ordenar la captura de los integrantes de esa organización dedicada al narcotráfico y al terrorismo. Mientras se desarrollaban los diálogos en La Habana, una corte del Estado de Virginia emitió una solicitud de extradición contra dos integrantes de bajo nivel de la mesa de negociación: Omar Restrepo, alias “Olmedo Ruiz” y Adán Jiménez, alias “Conejo”, acusados de tráfico de drogas, tráfico de armas y terrorismo.

Se manera insólita, el gobierno Santos ha calificado el delito de narcotráfico como un crimen conexo a la rebelión. Resulta estrambótico, pues gracias a los ríos de dinero que las Farc han recibido del tráfico de estupefacientes, han podido financiar masacres, desplazamiento de campesinos y atentados contra la infraestructura y el medio ambiente. Lo increíble, además, es que el gobierno no haya por lo menos exigido que la gran fortuna de la guerrilla sea entregada para efectos de reparar a las víctimas.

 

Sin Interpol

Antes de que empezara el proceso de La Habana, toda la cúpula de las Farc tenía circular roja de Interpol. Eran buscados y perseguidos dentro y por fuera de Colombia. Establecida la mesa de diálogo, el gobierno Santos le solicitó a Interpol suspender las circulares rojas de casi todos los miembros de las Farc. Hoy sólo se mantienen vigentes las de “Joaquín Gómez”, “Andrés Paris”, “Sebastián” y la holandesa Tanja Nijmeijer, quien es reclamada por una corte federal de Washington por su participación en el secuestro de los 3 contratistas norteamericanos.

Interpol Farc

 

Cuando Álvaro Uribe hizo el proceso de paz con las AUC, no negoció las extradiciones, razón por la que los principales líderes de esa organización hoy cumplen condenas en diferentes centros de reclusión de los Estados Unidos (Ver: “Pagando condenas”). En cambio, Juan Manuel Santos, con su proceso con las Farc no sólo concedió impunidad frente a los delitos que ha cometido esa guerrilla en Colombia, sino que también violentó los compromisos internacionales de nuestra nación, garantizando que personas que han secuestrado y asesinado a ciudadanos norteamericanos y han inundado a los Estados Unidos con cocaína, jamás tendrán que responder por esos delitos.

 

@IrreverentesCol

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