Se ha denunciado argumentadamente que las Farc quedarán impunes después de haber cometido los peores delitos contra la sociedad colombiana.
Desde la oposición, se ha denunciado reiteradamente y con buenos argumentos que las Farc quedarán impunes después de haber cometido los peores delitos contra la sociedad colombiana. El gobierno, para justificarlo, ha asegurado que son los “sapos” que tiene que tragarse el país para lograr la paz.
Se lee en el capítulo del acuerdo correspondiente a la justicia que se concederá la amnistía más amplia posible, invocando los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra.
Respecto de los crímenes de lesa humanidad, se estipula que estos no serán amnistiados, toda vez que la investigación y juzgamiento de los mismos le corresponderá al tribunal especial de paz que podrá en marcha la denominada “justicia transicional”.
Preocupa que en Colombia habrá en un mismo espacio de tiempo dos justicias, ejerciendo un poder prevalente la transicional sobre la ordinaria. Aquello generará una tremenda inseguridad jurídica en el país, pues las Farc obligaron a que el tribunal especial de paz absorba todas las investigaciones penales, disciplinarias o administrativas que considere son de su competencia. Así las cosas, si una persona en este momento está siendo procesada por un delito relacionado con el denominado “conflicto armado”, toda la defensa que haya ejercido se irá al traste y tendrá que comenzar de ceros en el tribunal de paz.
En diálogo con LOS IRREVERENTES, el doctor Álvaro Leyva Durán aclaró que se respetará el principio universal de la cosa juzgada en los casos de aquellas personas que en su momento fueron investigadas y ya resolvieron su situación frente a la justicia ordinaria.
El festival de las conexidades
La duda más grande está relacionada con lo que se vaya a considerar conexo al delito de rebelión para efectos de conceder la amnistía “más amplia posible”. Quedó estipulado que el secuestro de soldados y policías será amnistiado y todos los delitos en los cuales “el sujeto pasivo fue el Estado y su régimen constitucional vigente”. Eso, en otras palabras significa que los ataques contra la infraestructura, que muchas veces tuvo afectaciones graves del medio ambiente, no serán ni investigados ni castigados.
Respecto del narcotráfico, acordaron que éste será amnistiado gracias a que lo considerarán como una “conducta dirigida a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión”, sentando un antecedente nefasto, pues Colombia quedará expuesta como una narcodemocracia que fue capaz de convertir al narcotráfico como una actividad de tipo político llevada a cabo por un grupo que se declaró en rebelión contra el Estado.
Sobre el secuestro extorsivo, el acuerdo presenta una contradicción. De un lado, considera que éste es un medio de financiación que debe ser amnistiado y en otro punto del acuerdo (el 41) dice que a los delitos comunes no se les podrá aplicar la amnistía.
La extradición
Como revelaron LOS IRREVERENTES, buena parte de la cúpula de las Farc está pedida en extradición por parte de diferentes tribunales de los Estados Unidos que la reclaman para que responda por los delitos de narcotráfico y secuestro y homicidio de ciudadanos norteamericanos (Puede leer “Los extraditables de las Farc”). Para la guerrilla, era un punto de honor evitar que sus máximos cabecillas terminaran compartiendo celda con alias “Simón Trinidad”, razón por la que obligaron al Estado a no extraditarlos, tal y como se lee en el numeral 72 de acuerdo sobre justicia. Lo que es más grave aún es que la no extradición no solo cobija a los cabecillas de la guerrilla, sino que ésta se hizo extensiva a sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad.
Castigos muy laxos
Dada la brutalidad de los crímenes cometidos por la guerrilla, lo justo es que sus integrantes pagaran largos años de condena, pero resulta fantasioso pensar que una organización armada al margen de la ley entregue sus armas para aceptar décadas de confinamiento en un centro penitenciario. Por eso, desde la oposición se propuso una fórmula intermedia que resultaba justa con la sociedad y atractiva para los ilegales: penas de prisión similares a las impuestas a las estructuras de autodefensa ilegal que se acogieron a la ley de justicia y paz que contempla castigos efectivos que oscilan entre los 5 y los 8 años de prisión.
Las Farc recibirán un tratamiento especial. Aquellos miembros de la guerrilla que reconozcan sus crímenes serán receptores de sanciones de 5 a 8 años que en ningún caso serán pagadas en centros penitenciarios: “la justicia especial de paz determinará las condiciones de restricción efectiva de la libertad que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes”.
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@IrreverentesCol