La extrema izquierda colombiana no ha entendido todavía que perdió las elecciones, perdió el respaldo de las mayorías y perdió el derecho a seguir gobernando. A pesar de esa realidad inescrutable, pretende mantener alevosamente y, a través de la violencia urbana, el poder que los ciudadanos le retiraron en las urnas.
Desde el primer día, el propósito es evidente: hacerle imposible el gobierno al presidente Abelardo De La Espriella. El petrismo, encabezado por el brutal estalinista Iván Cepeda, no ha escogido el camino de la oposición democrática, sino el de la agitación permanente. Ha rebautizado esa estrategia como «resistencia civil», un eufemismo cuidadosamente escogido para encubrir la violencia callejera, los bloqueos y la intimidación.
No es una vil coincidencia que las primeras movilizaciones hayan sido convocadas para el 7 de agosto, día de la posesión presidencial. Tampoco lo es que en Barranquilla se pretenda mantener una concentración durante ocho horas, entre las diez de la mañana y las seis de la tarde, con el propósito de bloquear, hostigar y desafiar al nuevo Gobierno desde el instante mismo de su nacimiento.
Esto no es protesta espontánea. Es una operación criminal organizada de desestabilización. Y las operaciones de esa magnitud requieren dinero, transporte, logística y una estructura capaz de movilizar personas. Y en esa estructuración surge de nuevo el nombre del corrupto Euclides Torres.
Torres ha sido uno de los grandes financiadores del narcopetrismo. Su poder económico creció de manera desmesurada al amparo de la contratación pública y de relaciones políticas erigidas durante años en Barranquilla, el Atlántico y la región Caribe. Su entramado societario ha estado amarrado y apadrinado por Petro y su secuaz Armando Benedetti a las maquinarias electorales, a la compra de votos y a las operaciones más sucias para la compra de voluntades de cientos de miles de colombianos. Por citar un ejemplo: el resultado de Cepeda en Soledad se debe, fundamentalmente al rio de dinero que desembolsó Euclides en ese municipio para facilitar la compra de votos.
Ahora financia los buses destinados a transportar a quienes participarán en la movilización del 7 de agosto. No se trata de ciudadanos que espontáneamente salen a expresar una inconformidad, sino de una movilización financiada y organizada para sabotear la posesión del Presidente elegido por los colombianos.
¿Hasta dónde llegará Euclides?
Durante décadas ha avanzado porque la justicia colombiana ha preferido mirar hacia otro lado. Ha amasado una fabulosa fortuna fruto de contratos y políticos comprados sin encontrar un límite. Euclides ha podido avanzar porque la justicia colombiana se lo ha permitido.
Pero su poder no es ilimitado. Si recursos provenientes de la corrupción contractual colombiana han ingresado al sistema financiero de los Estados Unidos, las autoridades norteamericanas tienen la obligación de investigar su origen, seguir su recorrido y definir responsabilidades criminales, lo que es, en la práctica, una tarea fácil.
Ha llegado la hora de que Estados Unidos examine las operaciones financieras de Euclides Torres, determine el origen y el destino de su fortuna corrupta y valore su inclusión en la llamada «Lista Clinton», como paso previo a la emisión de cargos penales.
No se trata de una disputa personal ni de una diferencia política, sino de impedir que el dinero del robo del público sea utilizado para atacar al nuevo gobierno que es fruto de la voluntad del pueblo colombiano.
¿Hasta dónde llegará Euclides? ¿Nadie se atreverá a ponerle coto a su infinita capacidad corruptora» ¿El señor Presidente De La Espriella va a soportar que ese diminuto personaje se encargue de financiar la operación criminal con la que se pretende poner en jaque a su Gobierno?
¿Hasta dónde se lo permitan?
Hasta ahora Colombia le ha «tolerado» todo a ese bandido. Falta saber si los Estados Unidos también lo harán.
Publicado: agosto 3 de 2026