Petro no respeta ni acata con talante democrático las decisiones de los organismos de control. Cuando era alcalde de Bogotá y fue inhabilitado por sus evidentes faltas disciplinarias, se limpió las suelas de los zapatos con la decisión y, literalmente, se atrincheró en el palacio Liévano.
En esa ocasión dejó en evidencia su talante camorrero, desleal, antidemocrático y violento, perfil que viene configurando desde sus años en la banda terrorista M-19.
Uno de los funcionarios más oscuros y peligroso del actual gobierno es el canciller Álvaro Leyva Durán, un sujeto que, a lo largo de su vida, se ha codeado con los sectores más poderosos de la criminalidad.
Fungió como hombre de confianza de las Farc, hecho que está probado hasta la saciedad. Durante los diálogos de La Habana, Leyva fue, junto al comunista español Enrique Santiago, el asesor jurídico de los terroristas. El hoy jefe de la diplomacia colombiana se precia de ser el arquitecto de la ignominiosa JEP, tribunal creado para lavar las culpas de los genocidas y llevar al banquillo de los acusados a todos los integrantes del establecimiento que tuvieron el coraje de enfrentar militar y políticamente a las Farc.
A finales del siglo pasado, Leyva se escabulló de la justicia cuando ésta reclamó su comparecencia para que explicara sus vínculos con el cartel de Cali, banda del narcotráfico con la que él perfeccionó millonarios negocios.
Su designación al frente del ministerio de Relaciones Exteriores fue una afrenta a los colombianos. Leyva es un miembro orgánico del terrorismo, no un representante de la sociedad decente y trabajadora. Su peligrosidad es oceánica; durante más de veinte años los Estados Unidos le cancelaron la visa, documento que le fue emitido con ocasión de su nombramiento, pero diversas fuentes han asegurado que tan pronto salga del cargo, el visado será nuevamente derogado. Para los americanos, Leyva es un tipo temible.
Su intrépido hijo Jorge es conocido en los pasillos de la cancillería como el ‘Hunter Biden criollo’, comparándolo con el cuestionado y procesado hijo del presidente de los Estados Unidos, señalado de hacer multimillonarios negocios amparado en el poder de su padre.
El caso de los pasaportes es un evidente negociado en el que el hijo de Leyva, coligado con el corrupto condenado Alex Vernot, busca la manera de direccionar la adjudicación.
El proceder del ministerio ha sido en extremo sospechoso. A pesar de que los aspirantes a quedarse con el contrato son los muy cuestionables hermanos Bautista -dueños de la empresa Thomas Greg & Sons-, lo cierto es que las reglas contractuales deben respetarse y ellos, los Bautista, cumplieron con los requisitos para continuar elaborando los pasaportes de los colombianos.
Leyva Durán, como un energúmeno violador de la ley, se atravesó como una mula muerta y ordenó suspender la suscripción del contrato.
Su proceder, a todas luces irregular, fue sometido a un interesante debate de control político en la comisión de relaciones exteriores del Senado de la República.
Además, la Procuraduría General de la Nación inició la correspondiente investigación disciplinaria.
La situación es tan grave y las pruebas tan sólidas que, en aras de evitar que Leyva continúe manipulando las evidencias y direccionando ese gigantesco negocio, se ordenó la suspensión del ministro durante noventa días mientras se aclara el asunto y el funcionario brinda las explicaciones que reclama la procuraduría.
Petro no guardará silencio ni acatará con talante republicano la decisión que afecta a su ministro de Exteriores. Es urgente entonces rodear a la valiente procuradora Cabello, y demandar de organismos internacionales que velen por su integridad física.
Publicado: enero 25 de 2024