La “cumbre” convocada por el gobierno socialcomunista de Gustavo Petro para supuestamente promover un diálogo entre la dictadura venezolana y la oposición, es, para usar el término que tanto gusta en la extrema izquierda, un entrampamiento a quienes luchan por el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
No es la primera ni será la última vez que la satrapía, con el apoyo de gobiernos de izquierda de la región -como sucedió en México- intente ganar tiempo, bajar la temperatura de los cuestionamientos internacionales y, si es posible, sacudirse de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la ONU.
Hay plena evidencia de que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. Existen pruebas de torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución política y represión a la libertad de expresión.
En el informe del año 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se acusó directamente al dictador Maduro de ser el responsable de esas violaciones. En dicho documento se lee que existen motivos razonables para creer que las fuerzas de seguridad del Estado y estructuras armadas afines al gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad.
En 2018 el presidente Iván Duque Márquez denunció a Maduro ante la Corte Penal Internacional, señalándolo de ser el determinador de crímenes atroces. En esa denuncia, el expresidente colombiano alegó fundadamente que Maduro y su gobierno son responsables de graves violaciones de los derechos humanos.
Es perfectamente previsible que de la cumbre promovida por Petro salga una declaración bobalicona, pero sin acciones concretas como la convocatoria a unas elecciones libres, observadas por delegados internacionales, y en las que, por supuesto, no participe el dictador.
Venezuela debe seguir siendo sancionada mientras el gobierno siga en manos de la camarilla criminal que lidera el heredero de Hugo Chávez.
Durante el gobierno de Donald Trump, se decretó la prohibición de la compra de petróleo venezolano, la congelación activos de ese país y se estableció que ciudadanos y empresas americanas no pueden hacer negocios con PDVSA y con otras compañías venezolanas.
La Unión Europea, así mismo, prohibió la venta de armas y de tecnología de doble uso y cerró la posibilidad de que algunos miembros de la dictadura puedan entrar a cualquiera de los 27 países que la integran.
Es ingenuo pensar que Maduro dejará el poder. Además de las investigaciones internacionales que hay en su contra por asuntos de derechos humanos, la justicia de los Estados Unidos lo tiene en la mira. Se fijó una recompensa de $15 millones de dólares con el fin de lograr que alguien lo entregue para que responda por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
El Departamento de Justicia cuenta con evidencias que confirman que él y sus compinches tejieron una red para el tráfico de estupefacientes y crearon una gran estructura para lavar el dinero de esa actividad ilegal.
Maduro ha limitado su defensa a alegar que se trata de un montaje para desacreditar a la tal revolución bolivariana.
Iván Duque y su entonces ministro de Relaciones Exteriores, el fallecido Carlos Holmes Trujillo, lideraron una estrategia global para reestablecer la libertad democrática en Venezuela. Ellos apoyaron decididamente a los valientes opositores a la tiranía. Petro, en cambio, se está empleando a fondo para salvarle el pellejo a su amigo el criminal Nicolás Maduro Moros.
Publicado: abril 25 de 2023
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