Hace algunos meses Néstor Humberto Martínez escribió en su columna dominical de El Tiempo que la rama judicial tiene la inmensa responsabilidad de evitar que el régimen socialcomunista de Gustavo Petro vuelva pedazos la democracia de Colombia.
Lo cierto, y en eso no puede haber dudas, es que uno de los pocos funcionarios del Estado al que no le ha temblado la voz ni el pulso para advertirle al gobernante que su poder no es omnímodo ha sido el fiscal general Francisco Barbosa.
Cuando la Casa de Nariño intentó disponer la liberación de los terroristas del brazo armado del petrismo congregados en la estructura denominada ‘Primera Línea’, el fiscal elevó su voz para advertir que aquello no podía hacerse, como tampoco era dable incluir a capos del narcotráfico en los listados de beneficiarios de esa operación de lavado de activos llamada ‘Paz Total’.
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Una de las estrategias que tiene la extrema izquierda para desaparecer cualquier tipo de oposición consiste en recrear la farsa de que los gobiernos anteriores eran aparatos dedicados exclusivamente a la violación de derechos humanos y al asalto despiadado del erario.
Al convertir a la llamada derecha en adalid de la cleptocracia, la extrema izquierda podrá correr con mayor facilidad en las elecciones regionales previstas para el mes de octubre.
Para ello pretenden copiar la brutal experiencia que lideró el oscuro ministro de Defensa Iván Velásquez en Guatemala, país que fue sometido a una suerte de tribunal inquisitorial en el que cualquier persona era condenada por corrupción, en procesos donde abundaba la ideología y escaseaban las evidencias.
Tan pronto las altas cortes y la fiscalía supieron que el Ejecutivo tiene la intención de crear una corte política para replicar el experimento guatemalteco, reaccionaron como corresponde emitiendo un fuerte comunicado en el que aseguran que se “oponen a cualquier tentativa de modificación de las instituciones nacionales que ponga en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años ha defendido hasta con el sacrificio de sus magistrados”.
Merecedor de aplauso que la corte suprema le haya enrostrado a Petro ese “sacrificio de sus magistrados” en evidente referencia al holocausto del Palacio de Justicia en el que la banda terrorista M-19 asesinó a buena parte de la corte suprema.
Colombia, a pesar de los pesares, cuenta con una institucionalidad capaz de asumir los desafíos a los que permanentemente es sometida. No necesita de tribunales espurios con los que claramente se intentará hacer una farsa en la que los enemigos políticos serán llevados al banquillo de los acusados, señalados por corrupción.
Esa estructura que montó Velásquez en Guatemala fue tan burda que el país centroamericano hace pocas semanas ordenó su captura para que responda por las falsedades y las persecuciones que desató.
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Meritorio que la justicia, haciendo eco del llamado de Néstor Humberto Martínez, no dude en encender las alarmas. La oposición política es preocupantemente débil. Los desafueros de Petro son cada vez más angustiantes. Sin embargo, queda la tranquilidad de que, por ahora y sólo por ahora, algunos miembros de la judicatura y el fiscal Barbosa -a quien sólo le queda un año en el cargo- están cumpliendo con su deber legal y patriótico de atajar las locuras del mandatario colombiano.
Publicado: marzo 1 de 2023