El Estado colombiano ha mostrado su incapacidad de combatir al crimen organizado y al narcotráfico en múltiples momentos de su historia reciente.
En los años 70 del siglo pasado, durante el gobierno de Alfonso López Michelsen, el país experimentó un boom de dineros calientes en el marco de la llamada “bonanza marimbera”.
Colombia era un país pobre, con un crecimiento económico marginal y, en un abrir y cerrar de ojos, empezaron a ingresar ríos de dinero a distintas ciudades del país en cuyas calles circulaban carros lujosísimos nunca antes vistos, y en los barrios de clase media surgieron casas extravagantes.
Los capos del narcotráfico gastaban a manos llenas, instaurando una narcoeconomía que paulatinamente corrompió a buena parte de la sociedad. Colombia, para su desgracia, quedó matriculada en la cultura del dinero fácil.
El gobierno de López, en vez de enfrentar el desafío, instauró un mecanismo que se tradujo en la rendición del Estado. Se abrió la posibilidad para que, a través del Banco de la República, pudieran ingresar divisas sin verificar el origen de las mismas. Aquella operación se conoció popularmente como la “ventanilla siniestra”. Fue la belle époque de los narcos. Lavaron miles de millones de dólares con los que pudieron consolidar su poder; las consecuencias son ampliamente conocidas y sufridas: los grandes carteles de la mafia, los de Medellín y Cali, tuvieron los recursos suficientes para poner de rodillas a toda la sociedad.
Casi cinco décadas después de la rendición de López Michelsen, el gobierno de Gustavo Petro pretende abrir no una ventana, sino un ventanal siniestro al proponer el lavado de un porcentaje de los bienes ilícitos de las bandas de narcotraficantes.
En el marco de la llamada ‘paz total’, el régimen socialcomunista colombiano presentó un proyecto de ley para favorecer a las bandas del narcotráfico extendiéndoles el beneficio de legalizar hasta el 6% de sus bienes, operación que se constituiría la mayor trama de lavado de dinero de la historia mundial.
Surgen muchos interrogantes. ¿Cómo podrá determinarse el patrimonio de los narcos beneficiados para calcular el porcentaje que lavará el Estado? ¿Cómo se garantiza que esa compuerta del 6% no desemboque en la legalización de dineros que deben ser destinados a la reparación de las víctimas? ¿Cómo hará el Estado colombiano para sustentar esa medida ante instancias internacionales, particularmente los Estados Unidos?
La aprobación de la iniciativa petrista sería letal para el país. Colombia quedaría inscrita, oficialmente, como un narcoestado rendido ante los pies de la mafia. Esa ‘ventanilla siniestra 2.0’ que pretende crear el gobierno debilitará aún más la asediada democracia de un país que lleva décadas tratando de hacerle frente a los narcos.
Publicado: febrero 22 de 2023