Desde que se produjo la victoria de Petro, los seguidores y compañeros del nuevo presidente de la República han exacerbado su tono pendenciero y amenazante.
Durante la campaña, abogados cercanos al petrismo, como es el caso de Miguel Ángel del Río, amenazaron con meter a la cárcel a muchos de los opositores del denominado ‘Pacto Histórico’.
Los socialcomunistas ven en la justicia una herramienta formidable para sacar del camino a quienes les resultan incómodos. El ejemplo más claro es el del expresidente Uribe quien fue víctima de un montaje judicial. Gracias a esa farsa, la izquierda logró neutralizarlo en la campaña que acaba de culminar. El exmandatario no pudo participar activamente en la elección del congreso ni en la de presidente, por cuenta del proceso que se fabricó en su contra.
Como candidato, Gustavo Petro anunció la creación de una comisión especial contra la corrupción en cabeza del tristemente célebre Iván Velásquez, ese mismo que pisoteó los principios rectores del derecho procesal cuando era auxiliar de la corte suprema y le correspondió participar en la investigación de la llamada “parapolítica”. Velásquez, conocido de autos por emborrachar testigos y manipular abusivamente las evidencias, liderará la unidad especial encargada de sustanciar procesos relacionados con hechos de corrupción.
No se conocen ni los límites ni las competencias que tendrá Velásquez, pero todo indica que su gestión se desarrollará con el mismo estilo que él implementó en Guatemala cuando lideró la llamada ‘comisión internacional contra la impunidad’, célula creada bajo el amparo de la ONU.
Que nadie se llame a engaños. Velásquez hará el trabajo de ensuciar la reputación de quienes le ordene el gobierno Petro, encasillándolos como “corruptos” y metiéndolos en la “macroinvestigación” que emprenderá sin control de ninguna naturaleza. Colombia verá, en pleno siglo XXI, un tribunal de la inquisición liderado por un personaje experto en la fabricación de pruebas.
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Paralelamente, los lugartenientes de Petro se han dado a la tarea de desatar toda suerte de advertencias contra quienes han sido sus rivales. El polémico Armando Benedetti, vinculado formalmente a una investigación por enriquecimiento ilícito, la emprendió contra la saliente directora del ICBF Lina Arbeláez acusándola de haber “saqueado” esa entidad. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las denuncias ante la justicia? Lo cierto es que Arbeláez seguramente será una de las primeras víctimas de la persecución revanchista del gobierno socialcomunista.
Enrarece aún más el ambiente el tono vulgar y amenazante que acostumbra utilizar el senador Gustavo Bolívar, uno de los petristas más relevantes. Los cuestionamientos que se le hacen son generalmente respondidos con hostilidad, como sucedió con el abogado Daniel Briceño quien preguntó en Twitter sobre el incremento patrimonial que se ve reflejado en las declaraciones de renta de Bolívar.
El senador respondió con insultos y vulgaridades, algo muy común en él:
Los colombianos tendrán que irse acostumbrando al tono gansteril, vulgar, insultante y desproporcionado del nuevo gobierno. Quienes se atrevan a enfrentar al régimen serán sometidos a una despiadada persecución que, claramente, irá acompañada por insultos y palabras de grueso calibre. La antidemocracia en todo su esplendor.
Publicado: julio 19 de 2022
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