El caso del cuestionado senador barranquillero Armando Benedetti es cada vez más sorprendente. A medida que los investigadores profundizan sus pesquisas, encuentran nuevas evidencias que confirman el desproporcionado incremento patrimonial del congresista que ahora funge como dirigente de izquierda al servicio de la causa socialcomunista.
Benedetti es un dirigente de la corrupción política. Desde que en noviembre de 2016 este portal reveló en primicia su nauseabunda participación en el saqueo al fondo del magisterio del departamento de Córdoba, el parlamentario ha estado en la mira de la administración de justicia.
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A través de sus redes sociales, el congresista acostumbra a alegar que contra él no hay pruebas ni testigos, alegato falaz pues la Corte Suprema cuenta con suficiente material probatorio y con base en las evidencias allegadas el parlamentario fue oído en diligencia de indagatoria en la que le fue imputado el delito de enriquecimiento ilícito.
En dicha diligencia, el parlamentario aceptó que su esposa, la señora Adelina Guerrero Covo se dedicaba exclusivamente a organizar piñatas infantiles.
El negocio de la señora Guerrero aparentemente es muy próspero pues gracias a él pudo reunir los fondos para la adquisición el 9 de octubre de 2020 de una lujosa casa ubicada en el sector de Puerto Colombia y por la que desembolsó la suma -según la escritura- de $1500 millones de pesos.
El vendedor fue el señor Luis Alberto Nicolella de Caro.
En la investigación se pudo determinar que dicha transacción fue distinta a la que se presentó en la escritura. Los famosos $1500 millones de pesos, fueron girados directamente a Serfinanza, entidad bancaria de la familia Char con la que el vendedor, Nicolella, tenía una deuda. Pero hubo un pago adicional. Se trata de un apartamento que Nicolella compró pero que Benedetti pagó directamente y al que le hizo mejoras y remodelaciones por más de $400 millones de pesos, todo ello pagado en riguroso efectivo.
Ahora, la esposa del parlamentario tendrá que responder de dónde obtuvo los recursos para el pago de esa vivienda que, por cierto, los Benedetti resolvieron demoler una vez fue perfeccionado el negocio. En criterio de la fiscalía, allí hay un aparente incremento injustificado del patrimonio de la señora Guerrero Covo quien también podría ser investigada por el delito de testaferrato.
Otra antigua compinche de Benedetti, la señora Rubi Corredor, en su momento fue capturada cuando intentaba salir de Colombia; ella también fue afectada por la decisión de la fiscalía general de la nación. Ahora está en juicio por enriquecimiento ilícito.
Como se sabe, la señora Corredor se prestó para comprar un lujoso apartamento en Bogotá que estaba en poder de la desparecida dirección nacional de estupefacientes, propiedad que pocos días después de que ella la adquiriera le fue escriturada a Benedetti. Ni corredor ni el congresista han podido explicarle a la justicia de dónde salió el dinero para ese negocio. La fiscalía también ocupó esa propiedad que será cometida a un proceso de extinción de dominio.
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Luego de que se hicieran públicas las maniobras oscuras del polémico congresista, en diciembre de 2017 el gobierno de los Estados Unidos tomó la determinación de cancelar la visa de Benedetti, medida que también le fue impuesta a su esposa y algunos de sus hijos.
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En una primera reacción, Benedetti trató de marcar distancia de Corredor, alegando que él supuestamente es víctima de ella. Curiosamente, Rubi Corredor es, sin duda, la persona que más secretos conoce y seguramente reaccionará buscando el mecanismo de cooperar con la administración de justicia de Colombia.
Es innegable el vínculo del congresista con la señora Corredor y con su hija Paola Andrea Lasso Corredor -también vinculada al proceso de extinción de dominio-. En el gobierno de Santos, Corredor fue favorecida con multimillonarios contratos en el ministerio de Justicia y Lasso fue nombrada como diplomática en la embajada de Colombia en Australia. Falta determinar si Benedetti, que en esa época era defensor de oficio de Santos, fue el encargado de patinar esos contratos y el nombramiento diplomático.
Las medidas adoptadas por la fiscalía contra 8 bienes, son un golpe letal contra la estructura que lidera el senador procesado por la sala de instrucción de la corte suprema, organización que ha quedado totalmente desvertebrada.
Solo hay que esperar a que la magistrada Cristina Lombana, encargada de la investigación termine de evaluar las pruebas que hay en el expediente y resuelva la situación jurídica del legislador ya sea imponiendo una medida de aseguramiento o despachando una preclusión a favor suyo, dilema que quedará superado en las próximas semanas.
Publicado: octubre 27 de 2021
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