Las Farc aterrorizaron a Colombia durante 60 años con complicidad de dirigentes políticos. La justicia nunca quizo investigar la Farcpolítica. 

Por cuenta de la locura colectiva que ha producido la firma del acuerdo entre Santos y el jefe narcoterrorista alias Timochenko, se ha pasado de largo sobre un asunto de colosal importancia: el maridaje que durante décadas existió entre el terrorismo de las Farc y un grupo de dirigentes políticos que, desde la legalidad, alentaban el accionar criminal de esa organización.

El país no puede olvidar el contenido de los computadores que fueron incautados luego de la operación en la que fue dado de baja el jefe terrorista alias Raúl Reyes. La legitimidad de los correos y documentos allí contenidos fue certificada por Interpol, entidad que llevó a cabo un peritaje técnico y concluyó que los archivos no fueron adulterados ni manipulados.

En el mar de información que se encontraba en lo 37.872 archivos en formato Word, las 210.888 imágenes y los 10.537 videos, los 64 funcionarios de Interpol que intervinieron en el estudio de los equipos encontraron información delicadísima que pone en evidencia la complicidad de diferentes jefes políticos de la izquierda más radical con la estructura criminal.

Entre los nombres se encuentran la exsenadora Piedad Córdoba, a quien las Farc le asignaron el nombre de guerra de Teodora de Bolívar. En uno de los correos incautados, la señora Córdoba se refería a los secuestrados como si se tratara de bienes mercantiles: “hay que entregarle algo a Chávez, pero que no sea Íngrid Betancourt”, le mandó a decir alias Teodora a Raúl Reyes.

Pero aquellas no fueron las únicas pruebas que dan fe de la existencia de un aparato en al legalidad haciendo política en connivencia con la guerrilla.

En 2007, luego de la operación en la que fue dado de baja el cabecilla del frente 37 de las Farc, el sanguinario Martín Caballero, el ejército incautó dos computadores en los que también había información precisa y detallada sobre las alianzas políticas de la banda considerada terrorista por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. (Sobre este aspecto, puede informarse mejor leyendo “¡Son terroristas!”)

Lo indignante es que hay pruebas que tienen más de 10 años de existencia y la justicia no movió un solo papel para investigar los vínculos de los dirigentes que servían de representantes y asesores de la guerrilla.

Mientras las cárceles se llenaron de congresistas que resultaron condenados por el simple hecho de haber estado en una reunión con miembros de las AUC, las investigaciones de aquellos que desde las ciudades fueron cómplices de los crímenes salvajes que cometieron las Farc a lo largo y ancho de la geografía colombiana nunca comenzaron.

Los colombianos se preguntan porqué el hoy concejal Hollman Morris no tuvo que responder penalmente por haber sido cómplice de Raúl Reyes en el manejo de los secuestrados de las Farc. No se puede soslayar que Morris, en uno de sus correos con el terrorismo propone realizar un documental con los secuestrados. El argumento que en su momento él esgrimió ante Rodrigo Granda era el siguiente: “Recuerda que en momentos de crisis ha bastado con una buena película o con una buena imagen o un buen documental para volcar la frágil opinión pública a pregonar acuerdos y pedir verdades”. Si aquello no es asesoría a un grupo terrorista internacional, entonces ¿qué es?

Impunes quedarán los cabecillas de las Farc por cuenta del generoso acuerdo que les firmó Juan Manuel Santos e impunes también quedarán esos guerrilleros de civil que fueron sus aliados. Timochenko, Iván Márquez, Joaquín Gómez, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, Andrés Paris y demás bandoleros no pagarán por sus crímenes y tampoco lo harán sus aliados que estuvieron involucrados hasta los tuétanos en la Farcpolítica como Álvaro Leyva, Lázaro Vivero, Hollman Morris, Carlos Lozano, Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez, Wilson Borja y el periodista de Telesur, William Parra.

@IrreverentesCol

Publicado: enero 10 de 2017