El problema de los municipios no son las personas que gobiernan es el sistema político municipal que tenemos y gobierna.
Iniciamos el año 2017 con la noticia que afanosos ciudadanos madrugaron a inscribir ante la Registraduria Municipal y Distrital de sus respectivos municipios los comités promotores para iniciar el proceso de revocatoria de alcalde. Por ahora se conoce que los alcaldes que deberán enfrentar ese trance y desgaste mediático son los de Bogotá, Bucaramanga, Neiva, Cartagena, Pereira y Barrancabermeja.
La revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores es un derecho político y legal otorgado en la Ley 134/94 como mecanismo de participación que tienen los ciudadanos para retirar del cargo al mandatorio que genere inconformismo o insatisfacción general en sus gobernados frente al desempeño de su mandato o por el incumplimiento reiterado de su Programa de Gobierno.
El instrumento de revocatoria como esta reglado en Colombia es un atentado contra los principios universales de la Democracia. Los demócratas debemos rechazar esta herramienta que lo único que logra es fisurar el imperio de la voluntad popular expresada en las urnas.
Revisando los integrantes de los comités promotores de las ciudades que ya mencionamos en su mayoría son militantes de partidos políticos o movimientos cívicos que fueron derrotados en las urnas como el caso particular de Bogotá, donde los “progresistas” por razones de odio y activismo político para favorecer la aspiración presidencial de Gustavo Petro, promueven la revocatoria de Enrique Peñalosa por no haber “dizque” solucionado la hecatombe dejada por 12 años de administraciones al mando de la izquierda.
Este escenario que plantea la revocatoria de varios alcaldes es oportuno para abrir el debate que deberá liderar el próximo Presidente de Colombia y que debe hacer referencia exacta a la evaluación con cifras y estadísticas de la conveniencia de la elección popular de alcaldes.
Antes de definir si estamos de acuerdo o en desacuerdo con este mecanismo democrático y descentralizador estamos en la obligación como ciudadanos de evaluar nuestro entorno municipal y lo que está sucediendo.
Es de conocimiento de toda la sociedad que para participar en las elecciones regionales de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados se debe invertir cifras que rompen todos los límites de lo justo y proporcional sin abordar en esta columna los temas éticos y de legalidad.
Miles y miles de millones de pesos se vienen “invirtiendo” en los procesos electorales para comprar el voto de ciudadano que prefiere participar en ese carrusel nefasto de corrupción que exigir de los candidatos debates programáticos, políticos y argumentativos que permitan evaluar y profundizar entre los ciudadanos los problemas y soluciones de sus respectivos municipios o departamentos.
Hoy, las alcaldías de Colombia están siendo saqueadas para recuperar y pagar con intereses las inversiones realizadas en campaña y para amasar capitales que les permita mantener el statu quo de quienes nos gobiernan: esa es la verdad pública.
El régimen Municipal de Colombia (Ley 136 de 1994) es obsoleto y distante de la realidad y necesidad que requieren los municipios como instrumento legal para poder salir del atraso en que lo tiene el régimen político. Para nadie es un secreto que la figura Institucional de Personería y Contraloría operan como oficinas alternas de los alcaldes y que además no están cumpliendo con los deberes que les otorga el ordenamiento jurídico; por el contrario la elección de estos servidores públicos se convirtió en un asqueroso procedimiento de corrupción donde el alcalde en contubernio con su personero o contralor compran al interior de los concejos municipales lo que debería ser una elección que garantizara el eficiente control de los derechos ciudadanos y fiscal.
De otro lado, esa figura paquiderma y obsoleta de los Planes de Desarrollo como está establecida es el peor enemigo de la celeridad administrativa y de las buenas intenciones que tienen los buenos y decentes alcaldes para iniciar sus ejecuciones.
Cuál es el propósito de someter a inoperantes e innecesarios debates en el Concejo y en la comunidad la aprobación del Plan de Desarrollo cuando sabemos que es otra oportunidad para que concejales y “lideres” monten retén para extorsionar al mandatario de turno. Acaso la legislación y el proceso electoral no obligan a los candidatos a registrar su programa de gobierno y por consecuencia a los ciudadanos y electores a leerlos, evaluarlos y debatirlos.
Estamos metiendo la cabeza en la tierra al permitir y promocionar la revocatoria de alcaldes de manera folclórica. Aquí el verdadero problema institucional y su solución no están en revocar por deporte politiquero a los alcaldes en su primer año: el problema no son las personas es el sistema político municipal absurdo que tenemos y que nos gobierna.
@laureanotirado
Publicado: enero 9 de 2017