A lo largo de la campaña por el plebiscito y luego en la carrera por la presidencia, el doctor Iván Duque tuvo una posición coherente y clara respecto del acuerdo celebrado entre Santos y la banda terrorista de las Farc.
De alguna manera fue él quien, al decir popular, le tiró la línea al uribismo que alegó desde siempre que había elementos del acuerdo que eran rescatables, como es el caso de la desmovilización de los miembros de la guerrilla.
Pero otros aspectos debían ser cambiados y uno de ellos, tal vez el más relevante, es el de la JEP, mecanismo diseñado a la medida de las necesidades de las Farc para efectos de garantizar –en la práctica- la impunidad de crímenes de lesa humanidad.
En un libro que sobre el proceso con esa banda terrorista acaba de publicar Humberto De La Calle –Revelaciones al final del una guerra- se lee que en la negociación del mecanismo de justicia, “las Farc nunca aceptaron cárcel” (página 129), exigencia que fue admitida ciegamente por los negociadores de Santos y que despertó una profundo malestar en la mayoría ciudadana.
Igualmente, frente a la extradición, el gobierno Santos de entrada le garantizó a las Farc que no habría entrega a la justicia de otros países. Según De La Calle, “en el espinoso tema de la extradición, no teníamos discrepancias de fondo. Varias veces el propio presidente había dicho que ningún guerrillero firmaría un acuerdo para ser extraditado…” (página 133).
Ese par de elementos, a los que se suman temas delicados como la posibilidad de que responsables de delitos de lesa humanidad estén habilitados para ocupar cargos públicos y puedan ser elegidos, se constituyeron en la matriz de la oposición uribista al acuerdo que fue sometido a plebiscito el 2 de octubre de 2016.
Iván Duque planteó una posición clara, serena, pero profunda respecto de la impunidad, la extradición y otros elementos, como los delitos cometidos contra menores de edad reclutados forzosamente.
Con una sola excepción –la de Fernando Londoño- en el uribismo nunca se dijo que el acuerdo con las Farc debía ser vuelto trizas. Siempre, desde el presidente Uribe para abajo, se planteó la necesidad de introducir cambios, precisamente para garantizar que la paz fuera estable y duradera y que los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, fuera exaltados.
La JEP, tal y como fue concebida –como un tribunal benigno con los victimarios- debe ser cambiada. Así lo planteó el presidente Duque y así lo expuso magistralmente el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez en una carta en la que expuso sus argumentos por los cuales la ley estatutaria de esa jurisdicción debe ser, en unos puntos muy concretos, objetada habida cuenta de su manifiesta inconveniencia para los intereses superiores del Estado.
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Dos características tiene el presidente Duque: coherencia y seriedad. De cara al proceso de sanción u objeción de la ley estatutaria de la JEP, claramente estará en el análisis lo planteado por él durante la campaña presidencial y lo que evidentemente esperan los millones de colombianos que votaron por él sobre la base de su planteamiento de que el acuerdo con las Farc –en este caso específico la cuestionada jurisdicción especial de paz- no puede ser vuelto trizas, pero tampoco puede ser receptor de risas.
Publicado: febrero 19 de 2019