En una carta de 9 páginas, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, le hizo algunos comentarios al presidente Duque respecto de la ley que reglamenta a la ilegítima jurisdicción especial de paz, JEP.
En criterio del señor fiscal general, los asuntos enunciados por él, hacen que el proyecto que está ad portas de ser sancionado, sea “inconveniente frente a la política criminal del Estado y el cumplimiento de los deberes internacionales de Colombia en el marco de los convenios y tratados de defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad”.
Una de las principales preocupaciones del fiscal Martínez Neira tiene que ver con los delitos de ejecución continuada, los cuales quedarán cubiertos por la JEP.
Así, por ejemplo los miembros de la banda terrorista Farc que hayan participado en actividades de narcotráfico con anterioridad a la firma del acuerdo Santos-TImochenko y que después de esa fecha hayan continuado haciéndolo, quedarán protegidos por la JEP.
Y el país ya sabe la debilidad que tiene ese tribunal para encubrir los delitos de las Farc. Ha sido vergonzoso el tratamiento que se le ha dado al caso del narcotraficante Jesús Sántrich, a quien la JEP ha encubierto miserablemente.
Ante escenarios como aquel, en el que un desmovilizado que haya empezado a traficar antes de la firma del acuerdo y continúe haciéndolo después de la entrada en vigor del mismo, el fiscal Martínez apuntó en su carta que “lo más grave es que, pese a tratarse de desmovilizados y haber asumido el compromiso de ‘no repetición’, su conducta será juzgada con un régimen de penas ampliamente benigno y con los beneficios penitenciarios de la JEP, contrario a lo dispuesto para cualquier ciudadano, lo cual se llevaría de calle el acuerdo de paz cuando previó que el régimen de la JEP se aplicaría ‘únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor’”.
El fiscal muy respetuosamente le advierte al presidente Duque que si sanciona la ley estatutaria de la JEP tal y como está redactada en este momento, habrá “un incentivo perverso para que los desmovilizados vinculados al narcotráfico continúen en esa actividad”.
Otro de los puntos sobre los que hace hincapié el fiscal Martínez está relacionado con la no pérdida de beneficios de aquellos miembros de las Farc que reincidan en delitos graves como el secuestro, narcotráfico y homicidio.
De acuerdo con su razonamiento, “de entrar en vigencia la norma convivirán beneficios de la JEP con la reincidencia en delitos tales como el secuestro, la extorsión, el narcotráfico o el homicidio doloso”.
Aquella admonición del fiscal al texto aprobado por el congreso de la República, va acompañada de unas estadísticas que resultan francamente alarmantes. Según los datos que tiene la fiscalía general de la nación, desde que se firmó el acuerdo con la banda terrorista Farc, actualmente hay 361 investigaciones activas contra miembros de esa estructura que supuestamente se desmovilizaron: “31 corresponden a tráfico, fabricación y porte de arma de fuego; 24 a homicidios; 22 a amenazas; 19 a concierto para delinquir; 13 a tráfico de estupefacientes; 10 a delitos sexuales; 10 a secuestros y 8 a extorsión, entre otros”.
Pero de lejos el punto más delicado de los enunciados por Néstor Humberto Martínez es el de la impunidad para autores de crímenes de guerra que no sean considerados como “máximos responsables”. Así, tal y como fue aprobado el reglamento de la JEP, y en virtud del denominado “principio de selección”, muchos autores de crímenes atroces -secuestro, masacres, reclutamiento forzado de menores de edad, desplazamiento forzado y demás- quedarán impunes.
El fiscal Martínez advierte que “de entrar en vigencia la ley estatutaria… en Colombia podría llegarse a eximir de toda responsabilidad penal a los autores de estos delitos [de lesa humanidad] cuando no sean considerados máximos responsables”.
Esta misiva de Néstor Humberto Martínez surge en medio de una feroz presión por parte de la izquierda radical que desde todos los ámbitos ha tratado de manipular al gobierno del presidente Iván Duque para que sancione sin objeción ninguna la ley estatutaria que provee de “dientes” a la muy cuestionada jurisdicción especial para la paz, JEP.
Haría bien el señor presidente Duque en atender el juicioso y detallado análisis que ha hecho el fiscal Martínez quien, valga recordarlo, es uno de los más prestigiosos, estudiosos y reconocidos juristas que tiene nuestro país.
Publicado: febrero 18 de 2019