Exministras Parody y Álvarez, por su participación decidida en la carretera a Gamarra, podrían recibir sanciones penales, fiscales y disciplinarias.
El 2 de octubre de 2014, los ministros del gobierno Santos discutieron y aprobaron el documento Conpes 3817 sobre la “importancia estratégica del proyecto vial Autopista Ruta del Sol, tramo 2”. Entre quienes pusieron su rúbrica en dicho documento estaban las doctoras Gina Parody como ministra de Educación y Cecilia Álvarez Correa quien acababa de dejar el ministerio de Transporte, para asumir el de Comercio, Industria y Turismo.
Ese Conpes está dedicado a exponer las bondades que traerá la construcción de la cuestionada vía entre los municipios de Ocaña –Norte de Santander- y Gamarra, -Cesar-. En diferentes acápites del mismo se explica que dicha carretera servirá para promover la actividad portuaria sobre el río Magdalena, tanto al norte como al sur del municipio de Gamarra.
En la página 11 del documento se estipuló que “para los puertos al norte de Gamarra, el proyecto en mención incluye la construcción de una nueva vía paralela al ferrocarril existente…”.
Cuando tuvo lugar esa reunión del Conpes, la familia de la ministra Gina Parody, accionista de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, ya había recibido, por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cartagena –Cormagdalena– la concesión para hacer un puerto en el municipio de Gamarra, a través de la resolución de aprobación número 000309 del 3 de octubre de 2011. Igualmente, la Corporación Autónoma Regional del Cesar –Corpocesar-, desde el 11 de marzo de 2013 había expedido la licencia ambiental para iniciar las obras civiles relacionadas con la concesión a favor de los señores Parody.
El puerto de la familia de la exministra de Educación Gina Parody, denominado Terminal Fluvial Andalucía S.A, está ubicado 3.7 kilómetros al norte del municipio de Gamarra, cerca del corregimiento La Estación.
¿Por qué la ministra Parody no se declaró impedida para suscribir el documento Conpes que hace referencia expresa a la construcción de una vía que beneficiará fundamentalmente a los puertos ubicados “al norte y al sur de Gamarra”?
A lo largo del Conpes 3817 se hacen múltiples menciones a los proyectos portuarios en el municipio de Gamarra y a las carreteras de acceso que deben ser construidas para movilizar la carga que transitará por ellos. Es más, el documento califica a Gamarra como un punto geográficamente estratégico para el transporte en el río Magdalena.
“Se identificó a Gamarra como uno de los cuatro puertos interiores con origen y destino de carga hacia los puertos de Barranquilla y Cartagena…” se lee en el documento en cuestión.
Como es sabido, la familia de la doctora Parody es socia del puerto de Cartagena, con lo que ganarán por punta y punta, de acuerdo con lo conceptuado en el Conpes.
Uno de los párrafos más contundentes del Conpes suscrito por la entonces ministra Parody sostiene que “con el mejoramiento de la vía Ocaña-Aguachica-Gamarra y la construcción de vías nuevas hacia los puertos fluviales al norte y sur de Gamarra, se promoverá el transporte multimodal generando así una mayor competitividad del país y una menor congestión en las vías que se encuentran en el área de influencia del proyecto”.
Ante todo aquello, la doctora Gina Parody guardó silencio y al final estampó su firma en en el Conpes que fue básicamente redactado para favorecer a los concesionarios de los terminales fluviales en el municipio de Gamarra, entre ellos la poderosa e influyente familia Parody.
Otra de las asistentes que también guardó silencio fue la doctora Cecilia Álvarez Correa quien venía de ser ministra de Transporte.
La doctora Cecilia Álvarez no ocultó su interés en avanzar con rapidez tanto en la construcción de la Ruta del Sol como en la habilitación de la navegabilidad del río Magdalena. Como ministra de Transporte, frente a las demoras que se presentaron en la construcción, amenazó con “tomar las medidas que corresponden para rescindir el contrato o poner las multas a que haya lugar”, declaró ante los periodistas en junio de 2013. En relación con la navegabilidad del Magdalena para estimular la construcción de puertos de carga en el río, anunció que “el río va a estar en este segundo semestre del año. Próximamente vamos a hacer un Conpes y un Confis…”.
¿Si la ministra Álvarez en junio de 2013 amenazaba a Odebrecht con rescindir el contrato por las demoras, por qué en abril de 2014 le dio una adición a dedo de 900 mil millones de pesos?
Desde el 31 de enero de 2013, el presidente Santos había aceptado el impedimento presentado por doctora Cecilia Álvarez, para intervenir en asuntos que de una u otra manera beneficiaran a las sociedades portuarias de Cartagena y Buenaventura, de propiedad de la familia de su pareja permanente, Gina Parody.
Al parecer a la doctora Álvarez se le aceptó el impedimento pero ella no se impidió y, antes bien, se empleó a fondo para sacar adelante gigantescos proyectos de infraestructura que beneficiaron de manera directa a las empresas de los Parody.
Como integrantes del gabinete ministerial, las doctoras Parody y Álvarez actuaron como un dúo dinámico en la defensa del gobierno de Santos y en la defensa de los intereses familiares.
Las consecuencias
De acuerdo con el criterio de distintos juristas consultados por LOS IRREVERENTES, las doctoras Parody y Álvarez podrían terminar investigadas por el delito de prevaricato por su participación y suscripción de los documentos Conpes en los que ellas, a ciencia y conciencia, votaron a favor de la adopción de decisiones que benefician de manera directa a la familia de la exministra de Educación.
La doctora Álvarez, por su parte, podría responder por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos. Si bien es cierto que ella no suscribió la adición de 900 mil millones de pesos para que Odebrecht construyera la carretera en cuestión, en su condición de ministra sí participó en todo ese proceso. Así mismo, estaría incursa en el delito de fraude procesal por haber hecho maniobras para inducir a error a funcionarios públicos que intervinieron en la adición a ese presupuesto sin saber que estaban beneficiando a la familia Parody. La exministra Álvarez, que se había declarado impedida, en realidad actuó de manera muy diligente en todos los asuntos para favorecer a el padre y los hermanos de la persona con la que tiene una sociedad conyugal de hecho.
Por su parte, la Contraloría puede entrar a investigar un posible daño al patrimonio público como consecuencia de la multimillonaria adición a favor de Odebrecht sin licitación.
Igualmente, el recientemente posesionado procurador Carrillo está en el deber de entrar a investigar las posibles conductas punibles a título de dolo que habrían cometido las exministras Parody y Álvarez y establecer si cometieron alguna falta considerada gravísima para efectos de su destitución e inhabilidad.
Lea las entregas anteriores sobre este caso de corrupción.
@IrreverentesCol
Publicado: enero 22 de 2017