Los coletazos del escandaloso episodio del llamado carrusel de la contratación de Bogotá, todavía se sienten en los despachos judiciales de Bogotá.
Más allá de los preacuerdos y las condenas a algunos responsables, existe una serie de irregularidades premeditadas por el cuestionado exfiscal Juan Vicente Valbuena, recordado por ser el subalterno de confianza de la dupla Montealegre-Perdomo.
En la política capitalina es un secreto a voces que en su momento Valbuena utilizó personas inocentes para, como si fueran ‘carne de cañón’, ocultar a conocidos delincuentes camuflados en cargos distritales.
La negociación que permitió que muchos de los verdaderos responsables hayan superado el episodio sin una multa de tránsito debió ser jugosísima, situación que se dejó al descubierto en una declaración en la que el cabecilla del ‘cartel’, Héctor Zambrano indicó que a Valbuena y su equipo se les había desembolsado $500 millones de pesos.
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Para lograr este propósito, Valbuena consolidó una cuadrilla de falsos testigos al servicio de la mafia que saqueó a Bogotá, en retribución, recibieron condenas irrisorias por delitos menores, premio que hoy los tiene disfrutando del botín en libertad.
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Recientemente, fallos judiciales adversos a los intereses de Valbuena y sus protegidos, han dejado al descubierto las serias inconsistencias en los testimonios de los que en sus declaraciones el cuestionado exfiscal denominó colaboradores de la justicia que, en sana lógica deben ser llamados ‘cómplices de la injusticia’.
Estos ‘colaboradores’, ampliamente referenciados en fallos judiciales como falsos testigos, han hecho presencia en el juicio que todavía cursa en contra del exconcejal de Bogotá Omar Mejía Báez, antiguo dirigente alvarista sobre quien nunca recayó cuestionamiento de ninguna naturaleza a lo largo de su extensa carrera política en Bogotá.
Al exconcejal Mejía, Valbuena le imputó el delito Cohecho Propio por omitir el Control Político a un contrato. Los que han compartido tribuna con el exfiscal coinciden en que sus bases jurídicas son bastante mediocres, pero el despropósito de trasladarle una función corporativa a un miembro del cabildo distrital no tiene parangón en la historia judicial colombiana.
LOS IRREVERENTES consultaron un abogado experto en asuntos constitucionales que indicó que, sin lugar a dudas, la ley, la jurisprudencia y la doctrina han sido precisos en indicar que los miembros de las corporaciones de elección popular no pueden individualmente ejercer las funciones de creación normativa ni de Control Político, pues estas se rigen por los procedimientos establecidos en la ley de bancadas.
En el mismo sentido precisó que los Contratos Estatales no son sujetos de control político por prohibición expresa del estatuto de contratación pública. Siendo esto así ¿cómo Mejía pudo haber incumplido una función que no le era propia y que recaía en las decisiones que las mayorías debían adoptar en el seno del cabildo?
Para sustentar semejante leguleyada, Valbuena y Zetién -su segundo en la fiscalía- acudieron al cartel de testigos falsos, integrado por personas que, sin sonrojarse, recitan los parlamentos de mentiras que los fiscales les construyeron. Si eso no es corrupción, entonces ¿qué lo es?
Lo peligroso de este asunto es que hoy, ya con Valbuena fuera de la fiscalía, el juicio continuó y una persona inocente, como evidentemente es el caso de Mejía Báez, está siendo juzgada por un delito imposible soportado en unos testimonios falsos.
Urge que el representante de la Procuraduría estudie ese caso y solicite el archivo inmediato, igual actuación se espera de quienes hoy dirigen la fiscalía delegada, con anterioridad al servicio de Valbuena y su cartel de testigos. De lo contrario, estaríamos presenciando un triunfo más de la mafia que saqueó las arcas de Bogotá.
Publicado: febrero 18 de 2021
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