La investigación del carrusel de la contratación de Bogotá ha tenido 4 fiscales. El primero, Germán Pabón, quien fue declarado insubsistente cuando empezó a dar los primeros resultados. De manera inmediata, el caso pasó -en abril de 2011- a manos de Ricardo González.
Un año y medio después, en octubre de 2012, González salió de la fiscalía y la responsabilidad de aquella investigación le fue asignada a Valbuena hasta comienzos de mayo de este año, cuando el hoy exfiscal renunció en circunstancias muy extrañas al cargo que venía desempeñando en el ente acusador.
Entorno a la investigación del carrusel de la contratación, se ha enervado otro carrusel, pero de mentiras y manipulaciones por parte de los investigadores y algunos de los procesados.
Si alguien conoce los intríngulis de aquel caso es, precisamente el fiscal Jaime Alonso Zetien, quien ha estado en el mismo desde que Germán Pabón arrancó a hacer las primeras pesquisas.
Hoy, Zetien está en el ojo del huracán por cuenta de unos señalamientos que indican que Emilio Tapia les habría pagado a los fiscales de ese caso –a él y Valbuena- la suma de $500 millones de pesos.
La denuncia está fundamentada en declaraciones hechas a la justicia por el exsecretario de Salud del distrito, Héctor Zambrano, quien aseguró que Tapia le solicitó aquella suma de dinero “para temas relacionados con el proceso que se adelantaba en la fiscalía”.
- Para conocer más de esta declaración, lo invitamos a leer Los fiscales del carrusel.
Tan pronto LOS IRREVERENTES pusieron en conocimiento de la opinión pública la existencia de esa explosiva declaración de Zambrano -que apunta a poner en evidencia una red de corrupción incrustada en la investigación del carrusel de la contratación en Bogotá-, los protagonistas de la historia se apresuraron a tratar de desviar la atención y a tapar el caso.
Valbuena, por ejemplo, aseguró en una entrevista concedida a la emisora W Radio que él ingresó “al conocimiento del caso [el carrusel de la contratación], en octubre del 2012 (…) Así que estos hechos a los que se refiere el señor Héctor Zambrano, son hechos muy anteriores a mi llegada al caso del carrusel de la contratación”.
Lo que Valbuena habilidosamente no dijo es que fue él quien negoció, finiquitó y logró sacar adelante un generosísimo principio de oportunidad a favor del corrupto Héctor Zambrano. De igual forma, olvidó mencionar que, estas declaraciones dadas por Zambrano, en el sentido de entregar dineros para los temas que cursaban en la fiscalía, se hicieron durante la época en que él lideraba la investigación.
También, llama poderosamente la atención el muy oportuno cambio de versión que en las últimas horas ha hecho el exsecretario Zambrano, respecto del pago de aquel soborno. Es evidente que esta situación amenaza con desplomar la estantería de beneficios que le fueron otorgados por Valbuena y Zetien.
La primera versión de Zambrano
Existe una declaración del exsecretario de Salud de Bogotá ante la fiscalía general de la nación, rendida el 12 de julio de 2013, cuando Juan Vicente Valbuena y Jaime Alonso Zetien ya tenían el caso. En dicha declaración, éste reveló que el excontratista Emilio Tapia le exigió $500 millones de pesos, “a lo cual yo expresé que no tenía esos recursos económicos”. Zambrano, así mismo declaró que el 23 de abril de 2012 los abogados de Tapia volvieron a decirle que “tenía que conseguirles los $500 millones de pesos que seguían necesitando para dar solución a mi situación con la fiscalía”.
Aquella fecha resulta fundamental para comprender este entramado de corrupción, porque para ese momento el fiscal Zetien se desempeñaba como miembro del equipo de investigadores del carrusel de la contratación que lideraba el fiscal González.
Zambrano en las últimas horas emitió una comunicación en la que enfáticamente dijo que “no accedí” a entregar el dinero. Pero el 23 de abril de 2012, le confesó a la fiscalía que entregó “cerca de $80 millones de pesos, producto de la prima de fin de año y sacando avances de la tarjeta de crédito para darle plata a Henry Anaya y a unos investigadores de la Fiscalía”.
Henry Anaya es un cuestionado abogado, muy cercano a Emilio Tapia y que el mismo Zambrano denunció por ser la persona que lideró la “vaca” que le fue entregada a la fiscalía.
Surgen muchos interrogantes. El primero de ellos, ¿por qué Héctor Zambrano se apresuró a redactar en las últimas horas una comunicación asegurando que no pagó, pero hace 5 años reconoció haber entregado cerca de $80 millones de pesos? ¿Por qué razón Zambrano, confeso cabecilla del carrusel, se hace pasar como víctima de una “vaca” para sobornar funcionarios, acaso un delincuente de su calaña entregaría $80 millones de pesos, sin conocer su o sus destinatarios? ¿Por qué razón no se investigó a Zambrano por el evidente tráfico de influencias y concierto para delinquir que se puede presumir cometió al gestionar citas con funcionarios públicos para recaudar dineros para un soborno? ¿Por qué los fiscales Valbuena y Zetien reaccionaron tan desproporcionadamente para intentar desviar la atención de la denuncia, concentrándose en el medio de comunicación que la hizo y no en el asunto en cuestión?
Abundan las pruebas en el sentido de que Emilio Tapia sí estaba recolectando una millonaria suma de dinero para entregar a los fiscales. Es evidente que el soborno no iba a serle pagado a una mecanógrafa, un mensajero o a la señora que sirve los tintos en esa entidad, sino a alguien con capacidad real de decisión. ¿A quién o quiénes?
El fiscal Zetien está en la investigación del carrusel desde los inicios de la misma. Llegó al caso cuando Germán Pabón asumió en 2011 y hoy es la persona que lo lidera.
Juan Vicente Valbuena estuvo al frente del carrusel de la contratación durante cerca de 5 años. Hoy dice que le dio trámite a la denuncia hecha por Zambrano. Si eso fue cierto, ¿por qué ésta ha dormido el sueño de los justos?
La respuesta de Zetien y Valbuena no puede ser la de amenazar con denuncias contra los periodistas que han revelado esta delicada información. El país necesita conocer realmente qué pasó en ese caso y en manos de quiénes quedaron los $500 millones de pesos de ese soborno.
Publicado: septiembre 25 de 2017
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