En una alocución histórica, el presidente de la República, Iván Duque anunció que, en uso de sus facultades constitucionales, ha decidido objetar un grupo de elementos contenidos en la ley estatutaria que otorga el reglamento y funciones de la muy cuestionada jurisdicción especial de paz, JEP.
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 200 de la constitución, el presidente de la República tiene la facultad de objetar los proyectos de ley aprobados por el congreso. En este caso puntual, el presidente Duque, tal y como se venía ventilando en diferentes espacios políticos, elevó objeciones por razones de inconveniencia en temas que resultan neurálgicos.
Hace pocos días, a través de una carta muy completa, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez le había solicitado al presidente de la República hacer uso de su facultad constitucional por cuanto dicha norma, en palabras del fiscal, es “inconveniente frente a la política criminal del Estado y el cumplimiento de los deberes internacionales de Colombia en el marco de los convenios y tratados de defensa de los derechos humanos y la luchas contra la impunidad”.
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Estos son los argumentos esgrimidos por el señor presidente Iván Duque para objetar 6 artículos de la ley estatutaria de la JEP:
- Se ha objetado el artículo 7 de la ley, por cuanto no se precisa que los victimarios reparen a sus víctimas con su dinero y sus bienes. En palabras del presidente Duque, “los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera”.
- Se ha objetado el artículo que hace referencia a la competencia que tiene el alto comisionado para la paz de verificar la lista de miembros de grupos armados al margen de la ley que se someten a la JEP. Como fue aprobada la ley estatutaria de la JEP, el comisionado de paz, vocero autorizado del presidente de la República, había perdido dicha competencia, hecho que cercena de manera grave el control que sobre los asuntos de la paz debe tener el gobierno nacional. En criterio del presidente Iván Duque, “la tarea de verificar las personas que participen de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del Presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás”.
- Igualmente, se ha objetado una norma que no precisa bajo qué circunstancias deben ser suspendidas las diligencias en la justicia ordinaria de personas que se han sometido a la JEP. “Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas”, aseveró el presidente Duque en su histórica alocución presidencial.
- La cuarta objeción, de lejos una de las más importantes y relevantes, hace referencia al artículo que suspende la investigación de delitos de lesa humanidad contra personas que no son consideradas como “máximos responsables”. Así las cosas, aquellos miembros de las Farc que hayan cometido actos atroces, pero que no entraran en la calificación de “máximos responsables” jamás serían investigados. El presidente Duque argumentó que “el Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos sus esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad”.
- Frente a la extradición, se ha objetado el artículo que no precisa un elemento clave: el de la no práctica de pruebas por parte de la sección de revisión del tribunal de paz.Para el presidente Duque es fundamental que se precise que no se puede realizar dicha práctica de pruebas para efectos de no perjudicar a la extradición, mecanismo de singularísima eficacia e importancia en la cooperación judicial.
- Sobre la extradición, también se objeto el artículo que condiciona la entrega a justicias internacionales de otras personas hasta que se haya dicho toda la verdad. Aquello, por tratarse de un asunto que no tiene limitación de tiempo alguna, “produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la justicia de otros países”.
Finalmente, el presidente Duque anunció que el próximo 16 de marzo, cuando reanuden las sesiones ordinarias del Congreso, su gobierno presentará sendas reformas constitucionales con las que se pretende introducir cambios sustantivos al acuerdo ilegítimo suscrito entre el gobierno de Santos y la banda terrorista de las Farc.
Estos cambios son 3:
- Exclusión de la justicia transicional de los delitos sexuales contra menores de edad.
- Se dejará en claro que aquellas personas que reincidan en actos delictivos, perderán la totalidad de los beneficios que les han sido otorgados.
- Todos los delitos que se hayan empezado a cometer antes de la firma del acuerdo -diciembre 1 de 2016- y que se continuaran cometiendo después de esa fecha, serán investigados y castigados por la justicia ordinaria.
Presidente Uribe pide medidas drásticas contra la JEP
El presidente Álvaro Uribe, quien desde siempre se ha opuesto a la existencia de la JEP y en repetidas oportunidades ha planteado que dicho tribunal debe desaparecer, fue uno de los primeros en salir a respaldar la decisión del gobernante de los colombianos. En diálogo con LOS IRREVERENTES, el exmandatario aseguró que “siempre nos opusimos a la JEP, pero hemos reconocido que no tenemos las mayorías políticas para eliminarla. Por eso, hemos venido buscando poder introducirle reformas. Las objeciones presidenciales posibilitarían hacer reformas”.
Así mismo, el presidente Uribe aseguró que su partido viene preparando proyectos de actos legislativos y de ley que serán presentados en los próximos días.
Sobre los actos de corrupción al interior de la JEP, le aseguró a este portal que “lo que preocupa es lo que se ha venido publicando, inclusive por periodistas que no son del Centro Democrático, que señalan que el anterior secretario de la JEP [Néstor Raúl Correa], renunció porque le exigían que tenía que hacer todos los nombramientos con personas cercanas a la Farc. Eso va poniendo a la JEP en otra situación. No en la situación de reformarla, sino en una situación más drástica”.
Nuevamente, el presidente Uribe se mostró totalmente respetuoso de la dignidad e independencia del presidente de la República, Iván Duque. Al respecto dijo: “Yo no he querido sugerir nunca si el presidente debe objetar o no. Simplemente insistir en nuestras propuestas de reformas, porque frente al señor presidente todo el respeto. Lo único que nosotros queremos es que el presidente Duque salga adelante por el bien de Colombia”.
Lo que sigue
Conocidas las objeciones del presidente de la República, el proyecto deberá regresar al Congreso de la República, donde los parlamentarios tendrán que revisar el texto enviado por el Gobierno y decidir si lo acoge o no. Se da por descontado que en el senado, el gobierno tiene unas cómodas mayorías, pero en la cámara de representantes, célula presidida por un valido del cuestionado expresidente César Gaviria, Alejandro Carlos Chacón, el Ejecutivo tendrá que emplearse a fondo para efectos de lograr que sus objeciones sean acogidas.
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El gobierno nacional se preparó a profundidad para enfrentar el debate entorno a las objeciones. De forma insospechada, algunos países, particularmente aquellos que históricamente han tenido una posición benevolente con los terroristas de las Farc, ejercieron presión ante el la Casa de Nariño con el propósito de que no se objetara a la JEP.
Increíblemente hay países a los que no les importa que ese tribunal haya sido diseñado para garantizar la impunidad de los peores crímenes contra la humanidad y mucho menos que los cabecillas de las Farc puedan continuar inundando al planeta con cocaína sin que puedan ser efectivamente castigados o extraditados por ello.
Ante ese panorama, el canciller de la República, Carlos Holmes Trujillo, resolvió suspender la gira que estaba adelantando en Europa -visitó los países nórdicos- y regresó a Bogotá con el propósito de atender personal y directamente todas las inquietudes que puedan presentarse por cuenta de la acertada decisión del presidente de la República de objetar la ley que reglamenta a la JEP.
Amigos de las Farc reaccionan
Como era de esperar, los áulicos de las Farc se apresuraron a fustigar al presidente de la República.
El hoy senador y antiguo libretista de telenovelas que hacen apología a la cultura de la mafia y el crimen organizado, Gustavo Bolívar, se limitó a decir que “#UribeEsElCáncerDeColombia lo acaba de confirmar su empleado al objetar 6 artículos de la JEP”.
El senador comunista, Iván Cepeda, en tono abiertamente amenazante, balbuceó que “las seis supuestas objeciones presidenciales no buscan genuina justicia. En realidad intentan hacerle daño a la paz, a los derechos de las víctimas, y a los exguerrilleros y exmilitantes que están ante la JEP. La oposición que este nuevo ataque a la paz despierta, será contundente”.
Lo cierto es que la decisión del doctor Iván Duque es justa y totalmente coherente con lo que él expresó durante la campaña presidencial. El Centro Democrático desde siempre aseguró que el acuerdo ilegítimo con la banda terrorista de las Farc debía ser objeto de cambios muy profundos. La objeción parcial de esa ley estatutaria es parte de los ajustes que se le tienen que hacer al pacto celebrado entre Santos y las Farc, a pesar de que el pueblo mayoritariamente votó por el NO en el plebiscito de octubre de 2016.
Alocución del presidente Duque
Publicado: marzo 10 de 2019
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