Lo que sucedió en días pasados por cuenta de la declaración pública hecha por el secretario de la JEP, el cuestionado Néstor Raúl Correa, antiguo beneficiario del dinero del cartel de Cali (Puede leer “El Tejemaneje del 6 de abril”), no fue una falta de menor cuantía, ni una información malinterpretada.
Correa, que es un subalterno de Juan Carlos Henao –rector del Externado de Colombia- y de los otros dos abogados de las Farc, Álvaro Leyva y Enrique Santiago, está cumpliendo órdenes precisas: montar el tinglado para conducir al uribismo al banquillo de los acusados de ese tribunal inquisitorial que será la denominada justicia especial para la paz, un nefando mecanismo ideado para garantizar la impunidad de las Farc y castigar con virulencia a los opositores de Santos y a quienes desde la democracia enfrentaron los abusos del terrorismo.
Néstor Raúl Correa empezó su carrera en la rama jurisdiccional haciéndole mandados a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Siendo auxiliar del magistrado que el M-19 tuvo en la corte Constitucional, Correa era el encargado de mirar el estado de los procesos de tutela que llevaban los Rodríguez y sus familiares en dicho tribunal. Aquella información le fue confirmada a este portal por una persona que aquellos años fungía como asesor jurídico del cartel de Cali.
Así que el doctor Correa no intente posar como un perseguido, ni como un “calumniado” por el uribismo. Él, que desde el comienzo de su vida profesional empezó a moverse entre las tinieblas del crimen, llegó a la JEP a cumplir con el papel que mejor sabe desempeñar: el de mandadero.
El silencio del gobierno es elocuente. Resulta inaceptable que ningún funcionario de Santos haya elevado su voz de protesta, ni que se haya demandado la expulsión inmediata de Correa de la JEP.
Parece que el poder del rector Henao, muy consentido con contratos y tribunales de arbitramento en este gobierno, es tan grande que ningún recomendado suyo –como Correa- puede ser removido del puesto que ocupe. De nada sirve que el secretario de la JEP se haya delatado, ni mucho menos les importa el altísimo nivel de desconfianza que despierta dicho tribunal, en buena medida por la podredumbre moral de quien funge como su secretario general.
Hace 10 años, la hoy senadora Claudia López se reunía con el investigador de la así llamada parapolítica, Iván Velásquez –el magistrado auxiliar que acostumbraba emborrachar personas para que le sirvieran como testigos en los procesos que adelantaba-. López, que hizo parte del grupo de personas que montaron procesos contra personas inocentes que resultaron condenados en la parapolítica, ahora también se reúne con el secretario de la JEP, seguramente para impartirle instrucciones sobre la forma como debe proceder dicho tribunal.
Sin que se haya integrado aún, la justicia especial de paz ya está corrompida. Desde el primer momento se ha advertido de la perversidad de ese mecanismo. Por eso, se equivocan quienes dicen que la JEP debe ser ajustada o modificada. A ese sistema sólo puede aplicársele una determinación: su eliminación.
Flaco servicio le presta a la democracia un procedimiento para impartir “justicia” administrado por personas de la izquierda radical, por activistas políticos disfrazados de funcionarios judiciales y por delincuentes que han avanzado por el camino de la vida sirviendo, en la oscuridad, a la mafia.
Néstor Raúl Correa, además de ser separado de manera inmediata de la JEP y alejado de cualquier expediente, debe ser investigado por la fiscalía general de la nación.
Este es un asunto de fondo que no se soluciona con paños de agua tibia, ni con reuniones privadas ridículas como la que Correa le ha solicitado al expresidente Uribe.
La sucia tramoya que ha sido descubierta debe tener consecuencias reales y sus artífices castigados por la justicia colombiana. Correa se equivoca al creer que esta triquiñuela va a quedar impune, como impune quedó, en su momento, el sucio maridaje que tuvo con el más peligroso cartel de las drogas.
Publicado: abril 10 de 2017