El pasado lunes 16 de enero con motivo de la posesión del procurador Fernando Carrillo, el presidente Juan Manuel Santos se despachó como el adalid de la lucha contra la corrupción y sin que nadie se lo hubiera solicitado hizo referencia a que ninguno de sus familiares había «hecho un solo negocio con el gobierno» ni incurrido «en algún tipo de tráfico de influencias». Como dice el refrán popular «excusa dada sin ser pedida, acusación manifiesta».
Winston Churchill cuando hablaba de la corrupción en Inglaterra decía: «corrupción en la patria y agresión fuera (en las Colonias), para disimularla» y esto fue, exactamente, lo que hizo el señor Santos en el acto de posesión del alto funcionario, agresión y acusación a la oposición y al gobierno anterior para disimular la corrupción de su propio gobierno.
Son innumerables los casos de corrupción del actual gobierno frente a los cuales hace mutis por el foro o se desmonta intentando acusar, falsamente, al gobierno del presidente Uribe.
A manera de ejemplo, entre muchos otros, veamos solo 10 casos de corrupción:
- El caso de los 12 millones de dólares provenientes del narcotráfico y recibidos por Chica, secretario general de la presidencia y JJ Rendón jefe de imagen de su campaña.
- El caso de Reficar definido por el Contralor Maya como «el mayor desfalco de la historia de Colombia».
- El caso de Isagen subastada ante un solo proponente, la multinacional canadiense Brookfield Asset Management, y cuyos únicos responsables son el ministro Cárdenas y el propio presidente Santos.
- El caso de los llamados «cupos indicativos» que no es otra cosa que la compra del voto de los congresistas que hacen parte de la coalición de gobierno, eufemísticamente llamada «mermelada», y que el gobierno utiliza para aprobar en el legislativo sus proyectos de ley o reformas constitucionales la mayoría de ellos lesivos de los intereses de los colombianos como recientemente ocurrió con la reforma tributaria y el perverso «fast track» para tramitar rápidamente y a hurtadillas la implementación de los acuerdos con las Farc, todos ellos violatorios de la constitución nacional y la ley.
- El caso del uso indebido de bienes públicos (aviones y botes) para fiestas y parrandas por parte de miembros de la familia presidencial.
- El caso de los miles de millones de pesos malgastados en publicidad engañosa y propaganda sobre los acuerdos de La Habana.
- El caso sin antecedentes en la historia nacional de desconocer la voluntad mayoritaria de los colombianos expresada en el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre y haber procedido el presidente Santos como si hubiera ganado el SÍ violando flagrantemente la constitución y la ley dejando al país al garete, descuadernado e inmerso en una profunda crisis institucional.
- El caso de nombramientos, sobornos y favores a familiares de miembros de las diversas Cortes para que fallen a favor de los intereses del jefe del ejecutivo.
- El escandaloso caso recientemente conocido del préstamo, sin garantía de pago, de 120 mil millones de pesos del Banco Agrario a la corrupta constructora Odebrecht propietaria del 86% de Navelena y autorizado por la junta directiva de la cual hacen parte los ministros Cardenas e Iragorri de Hacienda y Agricultura respectivamente.
- El caso de la exministra Cecilia Álvarez quien le metió la mano al documento Conpes sobre el río Magdalena aprobado en el 2013 y que termino beneficiando los intereses de la familia Parody.
Según datos de Transparencia Internacional y la Procuraduría General de la nación anualmente se pierden en Colombia entre 20 y 23 billones de pesos por actos de corrupción, esto significa que durante los últimos seis años que corresponden a los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos se han robado entre 120 y 140 billones de pesos. Todo lo anterior, tristemente, confirma el señalamiento que hace Transparencia Internacional al ubicar a Colombia en el índice de percepción de la corrupción en el puesto 83 con 37 puntos, donde 0 es muy corrupto y 100 muy limpio. Es decir que con el gobierno de Santos nos hemos ganado la vergüenza de hacer parte de los 85 países más corruptos del mundo, posición nada alentadora en términos de protección de los bienes y recursos públicos pertenecientes a todos los colombianos.
Es ampliamente conocido el papel corruptor del narcotráfico en Colombia y en el mundo. La cuota de sangre de nuestro país a sido muy alta pero con grandes esfuerzos y sacrificios se había logrado reducir a 62.000 el número de hectáreas sembradas de coca para el año 2010. Con la llegada al gobierno de Juan Manuel Santos se desmontó la política de erradicación como consecuencia de la exigencia de las Farc y se convirtió en uno de los temas centrales de la negociación en La Habana. El resultado esta a la vista, para el año 2016 prácticamente se cuadruplicó a 200 mil el número de hectáreas sembradas de coca recuperando esta actividad delictiva todo su poder económico-criminal. La hegemonía de las Farc en el control de la coca recientemente se vio afectada porque una disidencia significativa decidió abrir toldo aparte para mantenerse en armas abiertamente ligada a la actividad narcotraficante.
En consonancia con lo anterior y como una prueba mas del nivel de corrupción de este gobierno el presidente Juan Manuel Santos acordó con las Farc incluir el narcotráfico como un delito conexo con el delito político y dejar así en la impunidad centenares de hechos constitutivos de una de las peores tragedias de violencia y terror sufridas por los colombianos en los últimos 50 años.
Mohamed Suharto de Indonesia, Ferdinand Marcos de Filipinas, Mobutu Sese Seko de Zaire, Sani Abacha de Nigeria y Slobodan Milosevic de Servia están considerados como los 5 presidentes más corruptos en el siglo XX. Seguramente Santos y su entorno decadente como beneficiarios de toda esta corruptela se disputaran el triste honor de pertenecer a esta lista de mandatarios en el siglo XXI.
Si Santos y su vecino Maduro hubieran nacido en la época de la independencia muy probablemente les hubieran aplicado el decreto que el libertador Simón Bolívar expidió en 1819 para «pasar por las armas» a los funcionarios corruptos que abusaran del poder.
@everthbustamant
Publicado: enero 21 de 2017
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