El fiscal Martínez ha hecho cuestionamientos de fondo a la Justicia Especial de Paz. Urge que el Congreso los atienda.
Los micos en la JEP
A mediados de esta semana, el fiscal general de la nación le envió una carta de 6 páginas al presidente de la comisión primera, el expastranista, exuribista y ahora furibundo santista Telésforo Pedraza en la que le puso de presente una serie de “comentarios” frente al proyecto de reforma constitucional con el que el gobierno incorporará de manera ilegítima la cuestionada Jurisdicción Especial para la Paz, la justicia hecha a la medida de las necesidades de la guerrilla de las Farc que se valdrá de jueces afines a ellos para llevar al banquillo de los acusados a todos sus enemigos.
Los que no fueron asesinados por sus balas miserables, serán injustamente condenados por ese tribunal.
La carta del fiscal Martínez es un listado de micos que hay en el proyecto y que, de no ser retirados, harán de la JEP aún más monstruosa de lo que hasta ahora hemos visto.
Perdones a granel
Uno de los aspectos más preocupantes de la carta del fiscal general es el de la posibilidad de que los terroristas de las Farc que se declaren en disidencia y no cumplan con los pactos, sean también beneficiados del perdón que Santos y sus aliados en el Congreso se aprestan a otorgar.
Otro tema delicado es que, tal y como está redactado el proyecto, los terroristas que cometan delitos después del 1 de diciembre de 2016 –fecha en la que se firmó nuevamente el acuerdo que fue rechazado por los colombianos en el plebiscito del 2 de octubre- serán perdonados. Así las cosas, lo que Santos le concedió a las Farc fue una licencia para delinquir.
Dudas sobre el fuero presidencial
En criterio del doctor Néstor Humberto Martínez el proyecto es ambiguo e inexacto respecto del fuero de los presidentes de la República. Y aquel punto sí que resulta delicado, pues para nadie es un secreto que las Farc, aupadas por personajes oscuros como Iván Cepeda, tienen el propósito de meter a la cárcel, al precio que sea, al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Por eso, preocupa que por cuenta del afán que tiene el gobierno de Santos de satisfacer a la guerrilla, a último momento se introduzca una redacción ambigua como la que identificó el fiscal general con el fin de dejar abierta la posibilidad de que el tribunal de las Farc juzgue y condene al doctor Uribe.
El fin de la extradición
Si hay una medida eficaz contra el crimen organizado en general y contra el narcotráfico en particular es, precisamente, la extradición. Las Farc son, de lejos, la más peligrosa banda del narcotráfico del hemisferio occidental. Tienen la capacidad de producir toneladas de cocaína gracias a las miles de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos que poseen.
En el texto que está siendo aprobado en el Congreso, no solo se salvan de la extradición los terroristas que se van a coger al acuerdo que les regaló Santos, sino que también serán beneficiados aquellos que no se acojan y se queden en el monte manejando el tráfico de estupefacientes.
El fiscal Martínez, con toda la razón, le ha solicitado al congreso hacer la correspondiente aclaración, al pedirles que establezcan que “no serán extraditados únicamente aquellos miembros de las Farc-EP que hagan parte del acuerdo final y se hayan reincorporado a la vida civil. De lo contrario, se entenderá que aún quienes se hayan desmovilizado podrán gozar de este beneficio”.
¿Oirán al fiscal?
¿Será que el congreso oirá y atenderá las advertencias que ha hecho el doctor Martínez o la orden de Santos es la de aprobar el texto tal como fue presentado?
Como se ha insistido en LOS IRREVERENTES, la JEP es una especia de basilisco mortal que acabará con lo poco que queda de la democracia del país. Los colombianos estamos asistiendo en condición de testigos áticos al sepelio de la nuestra institucionalidad.
@IrreverentesCol
Publicado: enero 20 de 2017