Fueron cuatro años de saqueo permanente y descarado. Colombia no fue simplemente mal administrada sino asaltada, esquilmada y sometida a una depredación sistemática por buena parte de quienes llegaron al poder proclamándose dueños exclusivos de la moral.
Ganaron las elecciones con el discurso del cambio y terminaron gobernando con los métodos propios de una banda de atracadores. Prometieron darle un nuevo enfoque a la gestión pública, pero convirtieron al Estado en un bazar de contrataciones amañadas, tráfico de influencias, favorecimientos burocráticos, falsedades y negociados.
El régimen que se presentó como la encarnación de la decencia terminó colmado por funcionarios presos, contratistas asquerosamente enriquecidos, operadores políticos moviéndose en las sombras, comisionistas y tramitadores de la peor calaña cuya principal credencial era la cercanía personal con Petro.
Las recientes revelaciones relacionadas con Juliana Guerrero son, sin duda, la escena más grotesca de la degradación a la que el petrismo condujo a Colombia. Una protegida de Petro, defendida públicamente por él a pesar de que está probado que es una peligrosa falsificadora de documentos, que sin ostentar cargo público alguno es recibida en buena parte de las entidades del Ejecutivo, negocia mordidas y acuerda comisiones con contratistas que buscan acceder a obras y proyectos de obra pública.
Las pruebas reveladas por Semana son demoledoras. No dejan mucho espacio para el ejercicio de la defensa de esa mujer que, como es natural hasta en los más peligrosos delincuentes, proclama su inocencia y alega estar al margen de los hechos en los que aparece involucrada. El problema para ella es que las evidencias son aplastantes: chats, audios, conversaciones grabadas, consignaciones y transferencias bancarias a su nombre.
Estos hechos, como siempre se dice, deben ser investigados hasta las últimas consecuencias. Si las pruebas publicadas por la revista demuestran que Guerrero utilizó su cercanía con Petro para intervenir ante funcionarios, favorecer intereses de particulares, se estaría ante una mega operación de corrupción que no se limita a la amiguita del mandatario ni a su hermana. Serán muchos los que deberán responder ante la justicia.
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía no puede comportarse como una dependencia subordinada a los intereses del petrismo. Su deber no es proteger a las favoritas del mandatario saliente, ni administrar los tiempos según la conveniencia de la Casa de Nariño. La señora Camargo debe ordenar la investigación correspondiente y proceder a capturar, imputar y solicitar una medida de aseguramiento en una cárcel de máxima seguridad en contra del clan delincuencial liderado por Juliana Guerrero. Esa mujer merece ser procesada con toda la severidad de la ley y sin dilaciones calculadas.
El país no soporta una nueva simulación de justicia. Después de cuatro años de escándalos, encubrimientos y explicaciones ofensivas para la inteligencia de los colombianos, este caso no puede terminar convertido en otro expediente dormido.
La justicia, se insiste, debe actuar en el término de la distancia. No para satisfacer una venganza política, sino para establecer que la cercanía con Petro no exonera a nadie de responsabilidad.
El petrismo llegó prometiendo acabar con los privilegios y terminó construyendo los suyos. Estructuró su discurso denunciando las redes clientelistas y terminó perfeccionándolas. Empezó hablando de justicia social y se marchará dejando tras de sí la imagen de un Estado saqueado por quienes se proclaman moralmente superiores.
El supuesto gobierno del cambio resultó ser el gobierno del asalto.
Publicado: julio 27 de 2026