Lo que acaba de hacer Gustavo Petro no es una salida en falso ni una frase mal calculada. Es algo mucho más grave. Al reconocer que tiene en su poder conversaciones privadas del candidato presidencial Abelardo De La Espriella con los polémicos hermanos Bautista, el presidente le está diciendo al país —sin pudor, sin filtro, con absoluta desfachatez, con verdadera cara de hormigón armado— que tiene acceso, o en su defecto, voluntad de acceder a comunicaciones de sus opositores. Y eso, en una democracia, es una línea que simplemente no se cruza.
Aquí no hay margen para ingenuidades. Cuando el jefe de Estado certifica que conoce ese tipo de conversaciones, la pregunta no es política, es jurídica y es moral: ¿cómo las obtuvo? ¿Quién las interceptó? ¿Con qué autorización? Y como es imposible que haya una respuesta clara –De la Espriella ya ha desafiado a Petro para que haga públicas esas conversaciones, advirtiendo que él no conoce a ninguno de los Bautista–, entonces lo que queda no es una sospecha menor, sino la certeza de que el régimen oprobioso que gobierna a Colombia está amenazando a sus opositores con acceder a sus comunicaciones privadas.
Petro, con esa afirmación, no solo se expone él. Expone al Estado. Pero lo realmente inquietante no está en el contenido de lo que dice, sino en el efecto que produce. Porque cuando el gobernante advierte que tiene en sus manos ese tipo de información, el mensaje deja de ser informativo y pasa automáticamente a ser intimidatorio. No está revelando nada; como un perro, está marcando territorio. Está dejando claro que no dudará en utilizar los recursos del Estado para meterse donde no debe.
Ahí está el núcleo del problema. No en la prueba, sino en la advertencia. No en el contenido, sino en la señal. En política, ese tipo de declaraciones operan como mecanismos de presión. Funcionan como una notificación implícita: incluso lo que debería ser privado puede ser alcanzado.
Si no existe ningún vínculo de Abelardo De La Espriella con los Bautista, entonces lo de Petro no revela nada: es una demostración de fuerza destinada a intimidar.
Es inevitable no recordar lo ocurrido días antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay, cuando Petro sostuvo públicamente que senadores como él debían ser «borrados» . En ese momento no utilizó una metáfora; introdujo en la campaña un lenguaje propio de la eliminación del opositor que desembocó en la tragedia que aún enluta a los colombianos.
Con ese precedente en la retina, la referencia a supuestas interceptaciones no es un comentario aislado, sino una advertencia al estilo de Pablo Escobar: el aviso de que el opositor está en la mira de un régimen que actúa sin frenos.
Ese es el verdadero trasfondo. Porque una cosa es la disputa política y otra muy distinta es competir bajo la insinuación de vigilancia, interceptación o incluso fabricación de información. Ese escenario rompe en mil pedazos cualquier equilibrio.
La situación de Abelardo De La Espriella se vuelve especialmente delicada. Una campaña exige presencia constante en la calle, cercanía con la ciudadanía, exposición permanente. No hay otra manera de hacer política. En estas condiciones, el candidato más fuerte de la oposición queda profundamente vulnerable. Ya no se trata únicamente de convencer electores, sino de hacerlo bajo la sombra de un gobierno corrupto que ha dejado claro que lo observa, lo oye y lo sigue.
Los mismos que hace cuatro años «corrieron la línea ética» han demostrado hasta dónde están dispuestos a llegar. Y cuando esa línea se rompe una vez, todo queda permitido: construir relatos, montar escenarios, usar cualquier herramienta para frenar al adversario, sin descartar, por supuesto, el atentado personal.
Esto trasciende la polémica coyuntural. Lo que emerge es un problema de garantías. Cuando desde la sede de gobierno se insinúa que se puede ver, oír o exponer a quienes lo enfrentan, la libertad de competir deja de ser plena.
Ahí está el punto decisivo: las elecciones no se definen únicamente por los votos, sino en el terreno en el que aquellos se disputan. Si ese terreno está contaminado por la intimidación y el poder sin control, entonces el resultado es secundario. El problema es si existe libertad real para competir sin amenazas.
Publicado: abril 6 de 2026