En agosto de 2024, un francotirador esperó oculto entre los árboles de los cerros orientales de Bogotá hasta que Juan Sebastián Aguilar, conocido en el gremio como “Pedro Pechuga”, apareciera en el balcón de su apartamento. Un disparo calibre 7.62 le arrancó la vida frente a su familia. Ocho meses después, la misma suerte corrió Jesús Hernando Sánchez, heredero del imperio que dejó Víctor Carranza, el llamado «Zar de las Esmeraldas». Misma arma de largo alcance, mismo conjunto residencial, mismo patrón quirúrgico. Mientras tanto, en el occidente de Boyacá, cientos de guaqueros irrumpían a la fuerza en minas multinacionales para extraer tierra estéril —no piedras, solo desechos— porque el hambre no entiende de títulos mineros, ni de propiedad privada.
Y mientras tanto, en Coscúez, la multinacional FuraGems —que invirtió 150 millones de dólares modernizando la mina— anunció su liquidación voluntaria en febrero de 2026, harta de bloqueos, sabotajes, robos y violencia que el Estado no controla.
Hay sectores económicos en Colombia que no pueden analizarse únicamente con indicadores, balances o discursos tecnocráticos. La minería —y en particular la esmeraldera— pertenece a esa categoría de realidades donde la economía, la historia, la violencia y la institucionalidad fallida se entrelazan hasta volverse indistinguibles. Quien pretenda entender el negocio de las esmeraldas como una simple cadena productiva, desconoce que allí opera, en realidad, una forma particular de organización social. Una sociedad marcada por la incertidumbre, por la negociación constante y, sobre todo, por la ausencia estructural del Estado.
Para comprender el presente, es obligatorio remontarse a la segunda mitad del siglo XX, cuando los hijos de campesinos boyacenses, atraídos por «la fiebre verde», desafiaron al Ejército que custodiaba las minas del Banco de la República. Iban con cinceles y martillos, escondiéndose entre la maleza, jugándose la vida por la posibilidad de encontrarse una piedra que les cambiara el destino. No era codicia irracional: era la constatación empírica de que la institucionalidad no ofrecía otra vía de ascenso social.
Cuando el Banco se retiró y el Estado entregó en concesión las minas a particulares, nació la figura del patrón: empresarios como Víctor Carranza, Gilberto Molina o los Rincón, que concentraron en sus manos no solo la explotación, sino también la administración de la justicia local, el control territorial y la lealtad de miles de familias que dependían de “la oportunidad” —esa palabra con la que los esmeralderos designan la posibilidad de trabajar a cambio de nada, con la promesa de recibir una porción de la tierra el día que la mina “pinte”.
Petro llegó prometiendo democratizar las esmeraldas, acabar con los “extranjeros que se llevan la riqueza gratis” y formalizar a los pequeños mineros. Radicó una nueva ley minera en 2025 que, según sus voceros, facilitaría la formalización de más de 10.000 pequeños productores. En la práctica, lo que entregó el gobierno Petro fueron paros mineros —como el del Bajo Cauca en marzo de 2026, donde los mineros de oro bloquearon vías exigiendo áreas de formalización y protección de maquinaria— y operativos de destrucción de dragas que, lejos de pacificar, encendieron la mecha.
En Boyacá, las mesas de diálogo convocadas por la Gobernación con MTC, APRECOL y guaqueros terminaron en acuerdos frágiles sobre “voladoras” y remates que nunca resolvieron el fondo: la desconfianza entre un Estado que estigmatiza la minería tradicional como “ilegal” y una sociedad que ve en la formalización una trampa que beneficia a las multinacionales mientras criminaliza al que siempre vivió de la piedra.
La Agencia Nacional de Minería reporta que el 15% de las 247 minas de esmeraldas explotadas en Boyacá carecen de título minero. La cifra, sin embargo, oculta un fenómeno más profundo: la categoría de «minero de subsistencia» —diseñada para proteger a quienes trabajan a tajo abierto sin maquinaria— no reconoce la figura ancestral del guaquero. Y los guaqueros, que han sido engañados durante décadas, no confían en registrarse en plataformas estatales que perciben como un preludio de impuestos o persecución.
La llegada de multinacionales como Minera Texas Colombia (MTC) o FuraGems ha profundizado el desfase. Estas empresas invirtieron cientos de miles de millones de pesos en modernización, cumplen con la normativa laboral y ambiental, y exportan la producción directamente al mercado internacional. Formalmente, son el modelo a seguir. Pero en la práctica, han creado un apartheid minero: mientras sus ingenieros —extranjeros en su mayoría— viven resguardados detrás de rejas y perros guardianes, los guaqueros que antes tenían una relación de “oportunidad” con los patrones locales ahora son vistos como una amenaza.
La liquidación voluntaria de Coscúez S.A. —una de las principales operadoras del sector— anunciada en marzo de 2026, es el síntoma más reciente de una crisis que nadie quiere nombrar. La empresa adujo que las condiciones no están dadas para garantizar la seguridad de sus trabajadores ni la sostenibilidad financiera de la operación. Entre 2017 y 2025 invirtió más de 480.000 millones de pesos en modernización y aportó 45.000 millones en impuestos y regalías. Nada de eso impidió que el contexto se deteriorara hasta hacer inviable la operación formal.
¿Qué sigue? Mientras las multinacionales se retiran o reducen su presencia, los grupos armados avanzan en el control de túneles ilegales. Los guaqueros, desesperados por la falta de empleo, protagonizan asonadas que son reprimidas con gas lacrimógeno. Los herederos de los antiguos clanes se matan entre sí con francotiradores en los barrios exclusivos de Bogotá. Y el gobierno nacional, atrapado en sus propias contradicciones, oscila entre la retórica de la “democratización de la explotación minera” y la connivencia con estructuras criminales que se sientan en mesas de diálogo.
Si Colombia quiere salir del laberinto esmeraldero, debe entender que la formalización no es un acto administrativo, sino un proceso político que requiere reconocer a los actores locales, entender sus lógicas, y construir con ellos —no contra ellos— las reglas del juego. Eso implica, por ejemplo, reconocer la figura del guaquero como una categoría legítima y no forzarla a encajar en casillas diseñadas desde los escritorios de Bogotá. Implica diseñar mecanismos de acceso a los estériles que sean predecibles y seguros, no fruto de la negociación violenta. Implica, sobre todo, garantizar la seguridad en la región para que los mineros tradicionales puedan trabajar sin temor a ser desplazados por grupos armados.
Pero también implica algo más profundo: una redefinición de lo que entendemos por formalidad. La formalización no puede ser la coartada para expulsar del negocio a quienes han sostenido la minería durante generaciones, ni un pretexto para entregar las concesiones a capitales extranjeros que no tienen arraigo territorial. La esmeralda es un recurso de la Nación, pero la Nación no son solo las multinacionales que pagan impuestos ni los grupos armados que pactan diálogos; la Nación son también esos campesinos que, con una pala y un costal, buscan en los desechos la oportunidad de no morirse de hambre.
Porque esa es la perversión ideológica del momento: se persigue al guaquero que defiende su “oportunidad” y se negocia con grupos armados bajo la bandera de la “paz total”, mientras la coca supera las 300.000 hectáreas y el Clan del Golfo extiende su sombra sobre las rutas de las esmeraldas. FuraGems se va no por falta de inversión, sino por la imposibilidad de operar en un territorio donde el Estado brilla por su ausencia. MTC sobrevive, pero bajo tensión permanente. Es el mismo patrón: una institucionalidad fiscal y de seguridad desmantelada, un crecimiento de mentira sostenido en deuda y flujos ilícitos, y una ideología que criminaliza al productor y protege —con eufemismos— al agresor.
Lo que necesita Colombia es lo que siempre ha faltado en Boyacá: Estado de derecho real, seguridad jurídica que proteja la propiedad y la inversión, formalización que no sea un eslogan sino un instrumento que reconozca la tradición minera sin destruirla, y una política de seguridad que no dialogue con el crimen, sino que lo desmonte. Sin eso, las esmeraldas —riqueza única en el mundo— seguirán siendo un laberinto de sangre y oportunidades perdidas.
El próximo gobierno tiene una disyuntiva clara: o recupera la institucionalidad que permita que la minería sea motor de desarrollo formal y ordenado, o asistiremos al entierro definitivo de una industria que, mal manejada, seguirá alimentando narcos, francotiradores y la fuga de capitales. Colombia no puede permitirse otro legado de deuda, violencia y crecimiento ficticio. El laberinto esmeraldero no se resuelve con más negociación: se resuelve con Estado. Punto.