Con mentiras, manipulaciones y verdades a medias, el expresidente liberal César Gaviria amedrenta al país y constriñe a los electores.
En sus recientes apariciones en los medios de comunicación, el expresidente César Gaviria ha pretendido llenar de miedo a los colombianos al decirles que una victoria del NO traerá como consecuencia inmediata una reacción cargada de violencia y terror por parte de la guerrilla de las Farc. Aquello, constituye un inaceptable constreñimiento a los electores cuya libertad de voto está siendo coartada cuando el jefe del SÍ les dice que si no votan como él les está indicando, serán los responsables de una arremetida violenta de las Farc.
De manera irresponsable y mentirosa, Gaviria aseveró en una entrevista con la revista Semana que el expresidente Uribe había extraditado a algunos jefes de las AUC, “porque se le colaron jefes del narcotráfico en la negociación”.
Curioso que Gaviria, quien fue el que diseñó, aprobó y puso en marcha el procedimiento de verificación del proceso de paz con las AUC, cuando era secretario general de la OEA, olvidara los detalles de esa negociación. Cuesta creer que Gaviria haya puesto a la Organización de Estados Americanos al servicio de un proceso con la mafia.
El expresidente liberal sabe muy bien que en 2002, cuando empezó el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, la justicia de los Estados Unidos había presentado requerimientos judiciales contra 3 jefes de esa organización: Carlos Castaño Gil, Salvatore Mancuso Gómez y Juan Carlos Sierra.
Las demás solicitudes de extradición se produjeron mientras las AUC estaban negociando con el gobierno del expresidente Uribe su desmovilización y sometimiento a la ley 975 de Justicia y Paz.
Resulta contradictorio el Gaviria de hoy frente al Gaviria de hace unos años que defendía públicamente el proceso de paz con las AUC. En una entrevista concedida a la emisora W Radio el 26 de enero de 2004 se refirió a esa negociación aseverando que “creo que si el presidente Uribe solo consigue desmovilizar algunos grupos guerrilleros y paramilitares y no consigue la plena pacificación del país, igual está dando un paso importante. Ahora, lo que el presidente Uribe está haciendo en este caso es tratar de recuperar el control del territorio, y yo creo que eso es fundamental…y la política de seguridad democrática del presidente Uribe ha logrado desmontar y avanzar en ese control, y yo creo que el país lo necesita”.
La extradición de los jefes de las AUC
En la madrugada del 13 de mayo de 2008, el gobierno del presidente Uribe dio vía libre para que 13 jefes desmovilizados de las autodefensas que estaban recluidos en las cárceles La Picota, Modelo de Barranquilla y Máxima Seguridad de Itagüí, fueran entregados a oficiales norteamericanos con el fin de ser extraditados.
El gobierno de Uribe nunca negoció la extradición. Importantes jefes de las AUC como Vicente Castaño Gil, exigían que se modificara la constitución, incluyendo un parágrafo al artículo 35 de la Carta que dijera que la extradición no procedería contra aquellos miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se sometieran a un proceso de paz, hubieran reparado a sus víctimas y esclarecido la verdad de los hechos.
El gobierno Uribe no accedió a semejante solicitud y se limitó a suspender las extradiciones a cambio de que los miembros de las AUC cumplieran sus compromisos. En el instante en que el gobierno confirmó que los desmovilizados estaban incumpliendo y continuaban delinquiendo desde las cárceles en las que estaban confinados, procedió a reactivar las ordenes de extradición y así, en cuestión de horas los 13 principales cabecillas de las extintas autodefensas contraguerrilleras estaban a bordo de sendos aviones Super King con destino a los Estados Unidos (Puede leer “Pagando condenas”).
Valdría la pena que el locuaz expresidente Gaviria le dijera al país qué va a suceder con los jefes de las Farc, todos ellos reclamados por las cortes norteamericanas desde antes de empezar el proceso de paz, hecho que le permitiría a un observador agudo concluir que Santos se sentó a negociar con un cartel de mafiosos extraditables. (Puede leer “Los extraditables de las Farc”).
¿El gobierno va a modificar el artículo 35 de la Constitución para impedir que un presidente en el futuro entregue a los cabecillas guerrilleros con cuentas pendientes en los Estados Unidos? ¿Se le ha dado instrucciones la Corte Suprema de Justicia para que emita concepto desfavorable frente a los pedidos de extradición de los miembros de las Farc? Esos interrogantes que resultan fundamentales deben ser respondidos por el jefe del SÍ, que no puede desviar la atención de los colombianos tratando de enlodar el proceso de paz con las AUC que, insistimos, fue objeto de observación y verificación por una OEA de la que César Gaviria era su secretario general.
@IrreverentesCol