A nadie le gusta pagar impuestos. Mucho menos pagar más de los que ya paga. Y ningún gobernante que tenga dos dedos de frente decide aumentar la carga tributaria porque le resulte agradable hacerlo. Desde el punto de vista político, pocas decisiones producen tanto desgaste como meterle la mano al bolsillo de los ciudadanos.
Los impuestos cuestan votos, generan malestar y despiertan una resistencia perfectamente comprensible. Pero gobernar consiste también en enfrentar las realidades desagradables, y hay momentos en los que el Estado necesita recursos extraordinarios para salir de una situación extraordinaria.
Álvaro Uribe lo sufrió apenas llegó a la Presidencia en 2002. Recibió un país en el que el terrorismo avanzaba, la Fuerza Pública carecía de los recursos suficientes y el Estado había perdido el control de extensas zonas del territorio. Para poner en marcha la Seguridad Democrática creó un impuesto sobre el patrimonio destinado específicamente a financiar el esfuerzo militar.
La medida permitió recaudar alrededor de 2,5 billones de pesos, una suma enorme para la época, que fue fundamental para fortalecer a las Fuerzas Armadas, recuperar la iniciativa y empezar a desmontar las estructuras terroristas que tenían acorralada a Colombia.
La situación que recibió Abelardo De La Espriella es distinta, pero fiscalmente puede ser todavía más dramática. Petro dejó un Estado sobreendeudado, un gasto disparado y una burocracia inflada hasta límites absurdos.
Las entidades del Ejecutivo están llenas de contratistas –corbatas– que ni siquiera van a trabajar. La deuda pública pasó, según las cifras presentadas por el vicepresidente José Manuel Restrepo, de unos 800 billones a más de 1.200 billones de pesos durante el gobierno anterior.
Por eso lo más importante de la Ley de Rescate no son los impuestos, sino la tijera.
El Estado también tendrá que pagar la cuenta de inmediato y sin dilaciones. El proyecto recorta en un 50 % el gasto en contratos de prestación de servicios y obliga a reducir fuertemente los gastos de personal. El Gobierno calcula que siete de cada diez pesos del ajuste saldrán del propio Estado, mediante austeridad, reducción de burocracia, eliminación de gastos inútiles y cierre de los grifos por los que durante el petrismo se fueron cantidades nauseabundas de dinero.
Ahí deben caer todas las corbatas del petrismo. Las de quienes cobraban sin trabajar. Las utilizadas para mantener aceitada una maquinaria política gigantesca. Y también tendrán que investigarse y desmontarse todos los contratos que sirvieron para pagar a las pelanduscas que aliviaban los afanes carnales de Petro y los suyos. No puede pedírsele un sacrificio al contribuyente mientras sobreviva un solo puesto creado para premiar amigos, militantes, meretrices o recomendados.
Claro que aumentar impuestos duele y produce rabia. Y es natural que, a estas alturas, millones de colombianos se opongan a tener que pagar el festín de Petro.
Pero la alternativa a no hacerlo es aún peor.
No hacer el ajuste significa permitir que el déficit siga creciendo, que la deuda continúe tragándose el presupuesto y que Colombia termine metida en un lodazal fiscal del que después será muchísimo más costoso salir. La Ley de Rescate no es una fiesta tributaria ni debería presentarse como tal. Es una medicina amarga para un país que recibió las cuentas destrozadas.
Primero hay que detener la hemorragia. Después volverá el crecimiento.
Y sí, resulta tremendamente injusto, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre: a los colombianos trabajadores les tocó mandarse la mano al bolsillo para pagar la factura de la irresponsabilidad del petrismo.
Publicado: noviembre 2 de 2026