Hay contradicciones políticas que ni el más avezado puede explicar. Durante cuatro años, la extrema izquierda que acompañó al gobierno de Petro respaldó una política de ceses, negociaciones y concesiones frente a los terroristas que siguieron secuestrando, extorsionando, traficando cocaína y aumentando su presencia territorial. Ahora esos mismos sectores llegan al Congreso a promover una moción de censura contra el ministro de Defensa porque la Fuerza Pública está haciendo exactamente aquello que durante demasiado tiempo dejó de hacer: combatir a quienes desafían al Estado con las armas.
El objetivo fue el ministro Jorge Eduardo Mora. La razón inmediata, una operación militar contra una estructura armada en Guaviare en la que murieron tres menores reclutados por ese grupo. Esos menores estaban dentro de una organización armada porque alguien los reclutó y los convirtió en instrumentos de una guerra criminal.
Resulta difícil recibir lecciones sobre seguridad provenientes de quienes respaldaron una política de jugar a los «congelados» con los bandidos. Mientras el Estado hablaba de «paz total», esos grupos aumentaban hombres, armas, rutas de narcotráfico y control sobre regiones enteras. La consecuencia está hoy delante de los colombianos y no necesita demasiadas explicaciones.
Santa Marta acaba de ofrecer un ejemplo brutal.
La Fuerza Pública abatió a alias Cholo, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y hombre clave de las llamadas «Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada». La respuesta de esa organización fue decretar un paro armado, incendiar vehículos, intimidar comerciantes y pretender imponer por la fuerza el cierre de una capital departamental. El Gobierno tuvo que militarizar la ciudad para recuperar el control y proteger a sus habitantes.
Ese es el poder que alcanzaron algunas estructuras criminales en Colombia: asesinan, extorsionan, trafican drogas y además creen tener el derecho de paralizar una ciudad cuando la Fuerza Pública toca a uno de sus jefes.
Frente a semejante realidad, el deber del ministro de Defensa no consiste en pedir permiso a los delincuentes para perseguirlos. Su obligación constitucional es utilizar las capacidades legítimas del Estado para proteger a los ciudadanos, recuperar las zonas sometidas por las organizaciones armadas y devolverles tranquilidad a millones de colombianos que llevan años viviendo bajo amenazas, vacunas, secuestros y restricciones impuestas por los forajidos.
Pero convertir cada golpe contra una estructura armada en motivo para intentar descabezar políticamente al Ministro de Defensa conduce a una situación absurda: el Estado termina sometido a mayores reproches por combatir al criminal que el criminal por reclutar menores, sembrar minas, traficar cocaína o decretar paros armados.
Ese es el fondo de la discusión.
Colombia viene de un período en el que se habló demasiado con los terroristas. El nuevo gobierno, como corresponde, ha adoptado el camino correcto: recuperar la autoridad y emplear la Fuerza Pública contra quienes persistan en el terror.
Quienes durante años defendieron el maridaje de Petro con el crimen organizado tendrán que explicarles a los colombianos por qué semejante severidad aparece ahora contra el ministro que combate a las organizaciones armadas y no apareció con la misma intensidad cuando esas organizaciones crecían, reclutaban menores y extendían su dominio.
Santa Marta acaba de mostrar hasta dónde llegan las organizaciones criminales cuando el Estado les permite acumular territorio, dinero, hombres y capacidad de intimidación. Una banda que se cree con derecho a paralizar una ciudad porque la Fuerza Pública abatió a uno de sus cabecillas no está pidiendo diálogo: está desafiando abiertamente a la República.
Ese desafío no se enfrenta con complacencias ni con cálculos políticos. Se enfrenta con autoridad, con inteligencia, con operaciones legítimas y con una Fuerza Pública respaldada en el cumplimiento de su deber.
El ministro de Defensa está para defender al país. Y los terroristas, para entender que en Colombia volvió a haber Estado.
Publicado: septiembre 24 de 2026