Hay que decirlo sin rodeos: la JEP no puede seguir existiendo. A ese lavadero de culpas creado a espaldas de los colombianos, diseñado en las penumbras por los abogados de las Farc y los saca micas de Santos, entra el horror de los secuestros y sale una explicación interminable de por qué sus responsables no deben pisar una cárcel.
¡Qué grave «sanción» para el bandido Timochenko! Ocho años de labores restaurativas, mientras miles de familias continúan con sus vidas arruinadas por cuenta de los brutales crímenes que contra ellas ordenó ese genocida.
A las víctimas, además de soportar los vejámenes, las JEP las obliga a guardar silencio absoluto frente a la impunidad. ¡Cuidado alguien se atreve a levantar la voz contra esos bellacos que integran ese mal llamado tribunal!
Alejandro Ramelli y sus secuaces, rábulas imbatibles, riegan ríos de tinta sobre miles de folios pretendiendo explicar sus decisiones. Pero esas peroratas jamás podrán mimetizar la asquerosa desproporción entre las atrocidades cometidas y los «castigos» decretados.
Ningún respeto merece una toga cuando debajo de ella se esconden miles de razones para salvar de la cárcel a los responsables del horror.
Los colombianos votaron en contra de la creación de la JEP. Santos y sus calanchines, desconocieron el sentir de la mayoría ciudadana e impusieron a la brava, dictatorialmente, el acuerdo con los narcoterroristas de las Farc. Por eso, los ciudadanos jamás perderán su legitimidad ni su derecho a exigir la clausura inmediata de ese manantial de impunidad.
Son los magistrados de la JEP los que más promueven el odio entre los colombianos. Son ellos los que estimulan la persecución contra quienes cuestionan su proceder, llamándolos «enemigos de la paz», olvidando que la reconciliación pierde toda dignidad cuando se exige a las víctimas más comprensión que castigo a los responsables.
Hay que reconocer que la JEP sí ha sido eficiente y eficaz en algo: la liquidación moral de las Fuerzas Militares. Cientos de soldados que sirvieron honradamente a Colombia han sido humillados y maltratados en ese tribunal, al que se han visto forzados a comparecer para evitar acabar el resto de sus vidas en una cárcel, pagando por delitos que muchos de ellos no cometieron, pero que fueron prefabricados por el brutal aparato comunista enquistado en ONG, colectivos de abogados y sectores de la prensa criolla.
El Estado tiene la obligación de castigar al militar que delinquió y defender con la misma firmeza al militar inocente. Renunciar a cualquiera de esas obligaciones es una cobardía.
Haber combatido a los terroristas de las Farc dentro de la ley merece reconocimiento, y ningún tribunal tiene autoridad para convertir esa gesta heroica en una mácula.
Por eso, hace muy bien el presidente de Colombia Abelardo De La Espriella al respaldar el recorte presupuestal a la JEP. Hay un principio elementalísimo de la Hacienda Pública: los recursos del erario deben justificarse con resultados. Y el único resultado que se ve en la JEP, después de diez años, es que sus integrantes han ensanchado su abdomen y su patrimonio, mientras laceran la moral de los militares e imponen amonestaciones benévolas a los terroristas.
Así que el contribuyente tiene todo el derecho a exigir que, al decir popular, se le corte el chorro a la JEP y el presidente de la República en la obligación ineludible de oír el clamor del pueblo que lo eligió.
Publicado: septiembre 21 de 2026