De la guerrilla que comenzó negociando su propia impunidad al tribunal ideologizado que derrocha dineros públicos del país de casi un billón al año. Ese podría ser el titular de cualquier artículo periodístico sobre el estado actual de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.
Existen algunos pactos jurídico-políticos que jamás debieron ser firmados a espaldas de sus ciudadanos. Y tribunales que la república colombiana jamás debió costear para facilitar impunidad con apariencia de solemnidad. La Jurisdicción Especial para la Paz, es ambas cosas a la vez: el resultado de una negociación clandestina en La Habana y la institución más cara y menos productiva del Estado colombiano. Este texto es un intento de llamar a las cosas por su nombre.
Antes de hablar de cifras y de expedientes, conviene recordar el origen de esta criatura jurídica. Porque si el árbol está torcido, no hay que buscar la causa en las ramas.
El 2 de octubre de 2016, más de 6 millones de colombianos se pronunciaron en las urnas con una claridad que ningún eufemismo puede disolver: rechazaron los acuerdos de La Habana. No por odio a la paz —como insistía la propaganda oficial—, sino porque desconfiaban, con razón, de las condiciones espurias en que esa falsa paz había sido negociada. Durante cuatro años, el gobierno de Juan Manuel Santos y la cúpula de las FARC-EP cerraron su trato en Cuba, lejos de la opinión pública, con una mesa donde la guerrilla tuvo más poder de veto sobre las reglas del juego que las víctimas que debían ser el centro de cualquier acuerdo digno de llamarse tal.
El resultado del plebiscito debía ser vinculante. El presidente Santos había prometido que se sometería al veredicto de las urnas, fuera cual fuera. Colombia dijo NO. Y la respuesta del establecimiento fue, en esencia, ignorarlo. Se ‘renegociaron’ algunos detalles cosméticos, se volvió a firmar —esta vez en el Teatro Colón de Bogotá, sin nueva consulta popular— y el Congreso de la República, mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, incorporó el esquema de justicia transicional al bloque de constitucionalidad, blindándolo contra reformas ordinarias. La democracia colombiana fue consultada, dijo que no quería ese modelo, y el modelo fue impuesto de todos modos por vía legislativa. Ese es el pecado original de la JEP. Todo lo demás —la ineficiencia, el derroche, el sesgo— es consecuencia de una institución que nunca tuvo legitimidad popular para existir en los términos en que existe.
El diseño conceptual de la JEP fue un esperpento desde su origen. Sus reglas fueron escritas, en buena medida, por la parte que debía ser juzgada, con el resultado previsible: un sistema donde los crímenes de la insurgencia se procesan bajo la lógica de la ‘responsabilidad de mando’ más favorable posible, mientras los errores o excesos del Estado se procesan bajo la presunción de culpabilidad más exigente disponible. No es un tribunal neutral. Es un tribunal con una narrativa incorporada en su arquitectura.
Y ese mal diseño fue creciendo. Cuando la JEP inició funciones en 2018, su planta de personal tenía alrededor de 860 cargos. El gobierno de Gustavo Petro, fiel a su vocación de engordar el Estado con nómina afín, la duplicó: al cierre de su mandato, la entidad contaba con 1.460 cargos de planta más otros 1.200 contratistas vinculados mediante Órdenes de Prestación de Servicios. Dos mil seiscientas personas —entre magistrados, abogados, sociólogos, comunicadores, asesores y contratistas varios— para producir, en casi una década de trabajo, cuatro sentencias en firme y resolver 46 situaciones jurídicas de las 9.700 que tiene bajo su jurisdicción.
Las cifras más recientes del debate presupuestal —verificadas en el Congreso en septiembre de 2026— hablan por sí solas. La JEP solicitó $947.642 millones para su funcionamiento en 2027. El presidente del tribunal, magistrado Alejandro Ramelli, dijo en medios de comunicación que no tenían porque rendirle cuentas a nadie, y se quejó ante la comunidad internacional alegando ‘ataque’ a la independencia judicial. El presidente De la Espriella le respondió con un dato que el propio Ramelli no refutó: desde 2018, el magistrado ha devengado alrededor de 4.500 millones de pesos en salarios, pasando de $32 millones mensuales cuando ingresó, a más de $80 millones actuales como presidente del tribunal. Un magistrado que cobra esas sumas y que no ha rendido cuentas proporcionales a esa remuneración no está en posición moral de dar lecciones sobre la paz a quienes pagan sus honorarios.
John Adams, en su A Defense of the Constitutions (1787) afirmaba que «El presupuesto de una nación es la expresión moral de lo que una sociedad valora. Cuando no hay proporcionalidad entre el costo y el resultado, no es gestión pública: es extracción.» Y eso es precisamente lo que esta pasando con este impúdico tribunal.
Lo que la senadora María Clara Posada reveló en debate de control político es igualmente revelador en sus detalles: entre los rubros cuestionados figuran $114.202 millones en arrendamiento de la sede en Chapinero Alto, $40.365 millones en defensa jurídica de los exguerrilleros de las FARC —es decir, el Estado colombiano paga los abogados de quienes masacraron a sus ciudadanos—, $31.374 millones en operadores logísticos de eventos y $23.963 millones en tiquetes aéreos que incluyen 75 viajes internacionales de funcionarios del tribunal a destinos como Miami, París, Milán, Barcelona y Chicago. Mientras tanto, en los siete años de funcionamiento computados, la JEP ha invertido en total 3,8 billones de pesos del erario. Cuatro sentencias. El turismo judicial de los magistrados ha costado $56.435 millones entre 2020 y 2026.
La JEP tiene defensores que enumeran sus logros con la misma solemnidad con que se anuncian los movimientos de un ajedrecista que lleva diez años sin terminar una sola partida. Pero la honestidad intelectual obliga a reconocer que la institución sí ha tenido éxitos —solo que ninguno beneficia a las víctimas del conflicto.
El primer logro ha sido narrativo. En una década, la JEP ha construido el relato más elaborado y mejor financiado de la historia del conflicto colombiano: uno donde las FARC son simultáneamente victimarias y víctimas de un Estado que las empujó a las armas. Ese relato no es el resultado de la investigación imparcial: es el producto de audiencias diseñadas para el ‘reconocimiento de verdad’, donde la guerrilla controla el ritmo de sus confesiones, las contextualiza a su conveniencia y recibe a cambio beneficios jurídicos inmediatos. Nueve años de trabajo para producir una narrativa. No es justicia: es relatoría militante.
El segundo logro es burocrático. La JEP ha construido uno de los aparatos administrativos más costosos y menos productivos del Estado. Con cerca de 2.700 personas entre planta y contratistas, ha generado más empleo para expertos en justicia transicional que decisiones judiciales firmes. Es el modelo clásico del Estado capturado por sus propios operadores: una institución que existe, principalmente, para sostenerse a sí misma.
Y el desenlace ya está escrito, aunque nadie en el tribunal lo diga en voz alta. Después de diez años y con el 99,5% de los casos sin resolver, el fallo histórico que esta jurisdicción producirá será el único que siempre estuvo previsto en el guion de La Habana: que las FARC son víctimas del Estado colombiano, que sus crímenes de lesa humanidad se explican por el contexto de exclusión, que los responsables quedan sometidos a ‘sanciones propias’ y que nadie de la cúpula guerrillera pierde la libertad. Si ese es el destino conocido, la pregunta que ningún funcionario del tribunal quiere responder es obvia: ¿Por qué no ahorrarnos lo que queda del camino?
En septiembre de 2026, presionada por el debate público y la entrada del nuevo gobierno, la JEP anunció sus primeras sanciones contra exintegrantes del secretariado de las FARC. El caso de Sandra Ramírez —nombre de guerra de la exsenadora Martha Inés Pantoja, quien ocupó una curul en el Congreso durante años mientras la JEP ‘investigaba’ su responsabilidad en crímenes documentados— es el más ilustrativo de lo que el tribunal entiende por justicia.
La ‘sanción’ consiste en participar en jornadas de trabajo comunitario: ayudar en excavaciones de cementerios para buscar desaparecidos. Los magistrados presentaron estas sesiones como hitos históricos. Los medios publicaron la fotografía de la exguerrillera soltando lágrimas en la diligencia. El propio presidente Ramelli intervino en el acto para explicar que vendrán sanciones adicionales, como restricciones de movilidad —no privación de libertad, sino la prohibición de salir de determinada ciudad. La misma persona que durante años viajó libremente, acumuló propiedades y ejerció como legisladora de la república ahora no saldría de Bogotá. Eso es lo que la JEP llama sanción ejemplar para miles de crímenes atroces cometidos por la subversión.
Hay una obscenidad en ese espectáculo que va más allá de la indignación moral. En el mismo periodo en que las FARC han gozado de libertad plena, muchos de sus exintegrantes han reincidido en la violencia, engrosando las filas de las disidencias que hoy controlan territorios enteros del país. El incentivo del sistema transicional para quien no se someta honestamente es casi nulo: se puede participar del teatro de las versiones voluntarias, no decir nada sustancial, esperar, y eventualmente recibir una sanción simbólica. Mientras tanto, los homicidios, los desplazamientos y los reclutamientos continúan.
Decía Ciceron que «El honor es la recompensa de la virtud. Pero cuando el honor se concede al crimen y se niega a quien cumple su deber, la sociedad ha perdido el norte moral.» Colombia ejemplifica perfectamente esto.
Ningún caso ilustra con más crudeza la asimetría del sistema que el del General (r) Rito Alejo del Río Rojas. Oficial con décadas de servicio, comandante de la Brigada XVII del Ejército en el Urabá antioqueño entre 1995 y 1997, Del Río fue condenado en 2012 por la justicia ordinaria a 25 años de prisión, en un proceso que muchos juristas consideran profundamente cuestionable. Se acogió a la JEP en 2017 bajo la promesa de que su libertad condicional dependería de sus aportes a la verdad. Lo que vino después fue algo que no es justicia: es una tortura y humillación sistemática.
En las audiencias ante la JEP, el General Del Río ha negado consistentemente haber planeado o autorizado crímenes contra la población civil. Ante la pregunta de la magistrada Nadiezhda Henríquez sobre su participación en la masacre de Mapiripán, respondió con precisión: “Ninguna, absolutamente ninguna. Me extraña, hay más de una declaración en donde se dice que no tuve nada que ver”. El magistrado Gustavo Salazar, relator del caso 06, respondió a esa posición con una ponencia de 50 páginas pidiendo revocarle la libertad condicional, con el argumento de que su ‘contribución al esclarecimiento es nula’. En agosto de 2021, en plena audiencia, el General sufrió un infarto que lo llevó diez días a cuidados intensivos. Las sesiones habían sido de una intensidad y una presión que su abogado calificó de inusual.
Comparen esa escena con la de Sandra Ramírez llorando en una excavación de cementerio como ‘sanción’ por crímenes documentados contra miles de víctimas. El contraste no es accidental: es la lógica del sistema. El oficial que combatió a la subversión en las condiciones más adversas —con inteligencia imperfecta, en un territorio donde el Estado era casi inexistente, contra grupos armados que operaban mezclados con la población civil— enfrenta la amenaza permanente de perder su libertad por no ‘aportar la verdad’ que el tribunal quiere escuchar. La ex combatiente de la guerrilla llora en público y recibe aplausos institucionales. No es justicia transicional. Es justicia ideológica.
Conviene recordar, además, que, en marzo de 2004, el entonces Fiscal General Luis Camilo Osorio profirió resolución precluyendo la investigación a favor de Del Río, considerando insuficientes las pruebas. Esa decisión fue revertida más tarde bajo otros fiscales. La historia procesal del General es la de un expediente que cambia de resultado según quién lo revisa, lo que no habla precisamente de la solidez de las evidencias en su contra.
La justicia transicional tiene sentido cuando transita. Cuando se convierte en destino permanente, en feudo burocrático y en escenario de relatos convenientes, no es justicia: es un privilegio institucionalizado que se financia con el dinero de las víctimas.
El plazo de las salas de la JEP vence en marzo de 2028. Con el 99,5% de los casos sin resolver y la institución pidiendo prórroga, la pregunta correcta no es cómo salvar al tribunal sino cómo trasladar su función a estructuras judiciales ya existentes. La Sala de Justicia y Paz, que procesó a miles de paramilitares con recursos incomparablemente menores, es el modelo que Colombia debería replicar: una jurisdicción especializada pero integrada al sistema ordinario, sin la autonomía presupuestal descontrolada que ha caracterizado a la JEP.
Y mientras se decide el futuro del tribunal, los números de la justicia ordinaria deben estar sobre la mesa. Hay 2,2 billones de procesos represados en la rama judicial. No se han podido crear los juzgados que el país necesita. Hay 2.400 jueces en interinidad que no se pueden posesionar en propiedad, lo que significa funcionarios sin estabilidad, sin carrera y sin las garantías mínimas para ejercer con independencia. El presupuesto acumulado de la JEP en sus años de funcionamiento —que supera los 3,8 billones de pesos— habría bastado para resolver esa crisis estructural varias veces. En cambio, se invirtió en audiencias que son montajes cinematográficos, en viajes a Miami y París, en arrendar sede en el barrio más valorizado de Bogotá y en pagar los abogados de quienes secuestraron, masacraron y mutilaron a sus compatriotas.
La propuesta que merece discusión no es prorrogar cinco años más a la JEP con su estructura actual. Es: reducir drásticamente su planta y presupuesto; trasladar los casos de guerrilleros rasos —la inmensa mayoría de los 9.700 comparecientes— a la Sala de Justicia y Paz, que tiene competencia y experiencia para manejarlos a un costo radicalmente menor; reservar las decisiones sobre el secretariado y los altos mandos para una sala especializada de la Corte Suprema; y destinar los recursos liberados a crear los juzgados que la Colombia real necesita, la de los litigios civiles, los conflictos laborales y las tutelas que hoy esperan años por una audiencia.
Para los guerrilleros rasos cuya situación jurídica está pendiente no hace falta un magistrado como Alejandro Ramelli, con 36 magistrados auxiliares a su cargo y una nómina de 52 personas bajo él, cobrando decenas de millones de pesos al mes. Hace falta un juez. Un juez ordinario, con la ley en la mano y sin el corsé ideológico de una jurisdicción diseñada desde La Habana para producir un veredicto específico.
Colombia no está ante un problema de gestión de la JEP. Está ante el problema estructural de una institución que fue concebida para producir un resultado específico —la impunidad de las FARC envuelta en narrativa de paz— y que ha cumplido ese propósito con una eficiencia que contrasta con su ineficiencia en todo lo demás.
Un general que fue torturado en audiencia, presionado a aceptar hechos que niega ante la evidencia disponible, mientras los responsables de crímenes documentados contra más de 21.000 víctimas de secuestro siembran lechugas como sanción. Un país que gasta casi un billón de pesos al año en ese espectáculo mientras su justicia ordinaria se cae a pedazos. Una institución que amenaza con acudir a la Corte Penal Internacional cada vez que se le pide que rinda cuentas de su gasto.
Eso no es paz. Es la factura que Colombia paga por haber dejado que sus enemigos redactaran el contrato.
Fuentes:
• El Tiempo: ‘El balance de ocho años de la JEP en medio del debate por su presupuesto’, septiembre 2026.
• Semana: ‘Revelan que presidente de la JEP ha ganado casi 4.500 millones de pesos desde 2018’, septiembre 2026.
• El Espectador: ‘Congreso pide explicaciones a la JEP por uso de recursos’, septiembre 2026.
• El Colombiano: ‘Denuncian que la JEP gastó más de $200.000 millones en eventos y defensa de ex Farc’, septiembre 2026.
• El Espectador: ‘Lo que ha dicho el General (r) Rito Alejo del Río en la JEP’, agosto 2021.
• El Espectador: ‘General (r) Rito Alejo del Río, compareciente en JEP, se recupera de un infarto’, agosto 2021.
• Infobae Colombia: ‘JEP revocaría libertad del general (r) Rito Alejo del Río’, mayo 2024.
• El País: ‘General (r) Rito Alejo del Río negó ante la JEP haber participado en masacre de Mapiripán’, diciembre 2024.
• Acto Legislativo 001 de 2017, República de Colombia.