Gustavo Petro se larga.
Se va porque termina el período constitucional durante el cual convirtió la Presidencia en una factoría de escándalos, entregó el Estado a sus familiares, amigos y militantes, fortaleció a los narcoterroristas, persiguió a la Fuerza Pública y degradó hasta extremos desconocidos la dignidad de la República.
Que se largue y que no le vaya bien.
Petro no merece una despedida amable ni los homenajes protocolarios con los que suelen encubrirse los fracasos de quienes abandonan el poder. Tampoco puede presentarse como el gobernante incomprendido que el tiempo terminará reivindicando. Colombia sabe perfectamente quién fue, qué hizo y cuánto daño deja.
Petro envileció la dignidad de Colombia. Durante cuatro años degradó la palabra presidencial, convirtió el poder Ejecutivo en un espectáculo vulgar y sometió al país a sus delirios, sus odios, sus ausencias y sus desórdenes. Nunca entendió que la Presidencia no era una tarima para desfogar resentimientos, sino la más alta responsabilidad de la República.
Petro no gobernó. Se dedicó a insultar, dividir, perseguir y destruir. Mientras los colombianos pedían seguridad, trabajo y dirección, él libraba sus guerras imaginarias, atacaba a los empresarios, maltrataba a la prensa, ofendía a los aliados de Colombia y utilizaba cada intervención pública para degradar todavía más el cargo que ocupaba.
A su alrededor floreció la corrupción. Su familia, sus amigos, sus financiadores y los militantes más voraces de la extrema izquierda encontraron en el Estado una oportunidad para enriquecerse. Se repartieron ministerios, embajadas, consulados, contratos y empresas públicas. El único requisito era la obediencia al jefe y la disposición para participar en el saqueo.
El suyo no fue un gobierno. Fue una piñata. Los dineros públicos terminaron al servicio de las clientelas, los pactos políticos, los amigos y los delincuentes. Petro recibió unas arcas ya golpeadas y las dejó saqueadas. Llegaron hablando de los pobres y terminaron llenando sus propias alforjas.
También destruyó la imagen de Colombia ante el mundo.
En 2022 Colombia era un país respetado y volvió a ponerlo bajo la sombra del narcotráfico. La coca se expandió, los criminales se fortalecieron y el país regresó a la vergonzosa condición de narcoestado. Petro no combatió a las mafias. Las favoreció con su debilidad, su complacencia y su falsa política de paz.
La llamada «paz total» fue la gran coartada del narcorégimen. Con ella protegió terroristas, reconoció narcotraficantes como interlocutores políticos y les entregó tiempo, territorio y poder. Mientras los grupos criminales crecían, Petro humillaba a los policías y militares que arriesgaban la vida para defender a los colombianos.
A los bandidos les ofreció comprensión y a la Fuerza Pública, desprecio.
En esa Colombia de impunidad, fortalecimiento criminal y persecución política fue asesinado Miguel Uribe Turbay. La justicia tendrá que establecer todas las responsabilidades, pero el régimen que debilitó la seguridad, favoreció a los terroristas y permitió que las organizaciones criminales se sintieran dueñas del país no puede declararse ajeno a ese crimen.
El asesinato de Miguel Uribe forma parte del legado de sangre que deja Petro.
El juicio contra él no debe ser solamente político. Tiene que ser judicial. Petro deberá responder por la corrupción de su régimen, por el saqueo de las arcas públicas, por los negocios de su familia, por el favorecimiento a los terroristas, por la destrucción de la seguridad y por el inmenso daño que le causó a Colombia.
Lárguese, Petro… Y que no le vaya bien.
Publicado: agosto 7 de 2026