Mal harían Gustavo Petro, Iván Cepeda y los demás dirigentes de la extrema izquierda colombiana en intentar incendiar al país a partir del próximo 7 de agosto. Los colombianos ya hablaron en las urnas y quienes fueron derrotados tienen la obligación constitucional, política y moral de respetar ese mandato.
La democracia impone reglas para todos. Así como durante cuatro años los colombianos respetaron el resultado de unas elecciones que llevaron a Petro a la Presidencia de la República, ahora les corresponde a ellos aceptar la decisión soberana que eligió mayoritariamente a Abelardo De La Espriella como nuevo jefe del Estado.
El país no tiene por qué soportar que quienes perdieron las elecciones pretendan desconocer la voluntad popular mediante llamados a una supuesta «desobediencia civil» que termine convirtiéndose en el pretexto para bloqueos, disturbios o violencia urbana. La oposición tiene pleno derecho a discrepar del nuevo Gobierno. Lo que no tiene es licencia para alterar el orden público ni para sembrar el caos.
Nadie pretende despojar a la oposición de sus garantías. Tendrá absoluta libertad para ejercer el control político, denunciar aquello que considere equivocado, debatir las iniciativas del Gobierno y presentar, a través de su bancada en el Congreso de la República, los proyectos de ley que estime convenientes como alternativa a la agenda legislativa que impulse el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
Eso es la democracia. Confrontar las ideas mediante el debate, la palabra y las instituciones. Lo que resulta absolutamente inadmisible es sustituir esos mecanismos por la intimidación, la violencia callejera o cualquier forma de presión encaminada a desconocer la legitimidad del gobierno elegido por los colombianos.
La oposición no solo tiene derechos. También tiene obligaciones. La primera de ellas consiste en reconocer el resultado de unas elecciones libres y transparentes. Hasta hoy no existe una sola evidencia seria que permita poner en duda la legitimidad del proceso electoral. Ninguna autoridad competente ha establecido la existencia de un fraude. Ningún tribunal ha anulado la elección. Ninguna prueba conocida permite desconocer el mandato soberano del pueblo colombiano.
Toda la alharaca que vienen promoviendo y todo el ruido que se viene oyendo desde algunos sectores del petrismo parece obedecer a una razón muy distinta de la defensa de la democracia.
Lo que aflora es el miedo.
El miedo a que las instituciones funcionen, a que las autoridades competentes investiguen, sin contemplaciones y hasta sus últimas consecuencias, los escándalos de corrupción que marcaron al gobierno anterior. El miedo a que, si existen responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales, quienes deban responder terminen haciéndolo ante la justicia.
También se equivocan radicalmente quienes pretenden condicionar el respeto por el nuevo gobierno a eventuales decisiones que puedan adoptar autoridades judiciales de los Estados Unidos.
Si Petro o cualquier otro exfuncionario llegara a ser requerido por una autoridad judicial colombiana o extranjera, ese será un asunto estrictamente personal que deberá resolverse dentro de los cauces del derecho. Ninguna circunstancia de esa naturaleza autoriza a desestabilizar la República ni a convertir las calles en escenario de confrontación.
Quien se considere inocente tiene un camino muy claro: acudir a los jueces y ejercer su defensa. Para eso existen los tribunales, las pruebas y los abogados. Las responsabilidades judiciales se discuten en los estrados, no incendiando las calles.
La democracia no termina el día de las elecciones. También se pone a prueba al día siguiente, cuando quienes perdieron deciden si respetan la voluntad popular o si prefieren intentar incendiar a Colombia porque los ciudadanos no les dieron la razón.
Publicado: julio 14 de 2026