Es evidente que el régimen socialcomunista colombiano quiere torcer las elecciones para perpetuarse en el poder en cabeza del estalinista Iván Cepeda.
La primera señal apareció cuando Gustavo Petro decidió desconocer el resultado de las elecciones celebradas el pasado 31 de mayo. No aceptó el veredicto de las urnas. No asimiló la derrota política de su proyecto. No entendió que millones de colombianos salieron a votar precisamente para impedir que el país siguiera hundiéndose en el inmundo pantano del socialismo, la violencia política, el odio de clases y la destrucción institucional.
Desde el lunes comenzaron a surgir brotes de violencia terrorista urbana en distintas ciudades del país, por parte de estructuras afectas al régimen, dispuestas a incendiar las calles, intimidar a los ciudadanos y crear un ambiente de caos para preparar el terreno de la segunda vuelta.
La estrategia brilla como una tasa de plata. Primero se desconoce el resultado electoral, acto seguido se agita la calle y se remata consumando el fraude, al precio que sea.
Así reaccionan los proyectos totalitarios cuando descubren que pueden perder el poder.
El objetivo consiste en torcer ilegalmente el resultado de las elecciones. Para la muestra, está la demoledora denuncia hecha por Abelardo De La Espriella, señalando con nombres propios a todos los que hacen parte de una mega operación criminal con la que se pretende perfeccionar una compra masiva de votos en la costa Caribe colombiana
Según El Tigre, detrás de esa maquinaria está el oscuro contratista del Estado Euclides Torres y su clan familiar. El mismo Euclides que es patrocinador, compinche y testaferro político del delincuente Armando Benedetti Villaneda.
No estamos ante un personaje menor. Benedetti es la encarnación de lo más degradado de la política colombiana. Su vida entera es sórdida. Corrupción, drogas, alcohol, violencia contra las mujeres, crímenes atroces.
Es evidente su interés en evitar, a toda costa, que De La Espriella llegue al poder. Con él en la presidencia, a Benedetti se le acabará su cuarto de hora, la impunidad, la vagabundería. En palabras del propio Abelardo: «Benedetti tendrá que pagar por todo el daño que le ha hecho a Colombia».
En medio de su desespero, valiéndose de su condición de ministro del Interior, trazó el plan para recaudar $60 mil millones de pesos, dinero con el que el régimen busca comprar un millón de votos a favor del estalinista Cepeda.
La denuncia de De La Espriella no se limita a un municipio ni a una estructura local. La operación señalada tiene ramificaciones en distintos departamentos del Caribe colombiano. En ella participan políticos corruptos, operadores clientelistas y clanes regionales encargados de mover recursos, presionar electores y comprar conciencias para favorecer al candidato heredero de Petro
Colombia enfrenta el intento desesperado de un régimen por mantenerse en el poder a cualquier costo. El petrismo sabe que si pierde la segunda vuelta pierde mucho más que una elección. Pierde, ante todo, la garantía de impunidad. Todo el aparato criminal petrista quedará al descubierto y se podrá conocer la magnitud del saqueo que se perpetró durante estos cuatro oscuros años.
Y por están desesperados.
Pero, al decir popular, a los operadores de esa compra masiva de votos, se les aguó la fiesta. Acaban de recibir una noticia que debe tenerlos profundamente preocupados. El gobierno de los Estados Unidos está prestando enorme atención al desarrollo de las elecciones colombianas. Washington no está mirando hacia otro lado. Tampoco se ha limitado a emitir comunicados diplomáticos sin consecuencias.
El primer mensaje vino directamente de Christopher Landau, subsecretario de Estado, quien se presenta a sí mismo con una expresión que no requiere demasiadas explicaciones: «el quitavisas».
Landau advirtió que quienes participen en operaciones destinadas a la compra de votos, ponen en riesgo sus visas y las de sus familias. El mensaje fue claro, directo y perfectamente comprensible para todos los destinatarios.
Estados Unidos no está amenazando; está actuando. Quienes se presten para participar en el robo de las elecciones han quedado notificados de que ya no se mueven únicamente dentro del reducido mundo de la politiquería colombiana. Sus nombres pueden terminar en los escritorios de las autoridades norteamericanas, sus movimientos pueden ser rastreados, sus vínculos familiares, empresariales y financieros pueden quedar expuestos y, la cereza del pastel, sus privilegios migratorios desaparecerán.
Los compradores de votos, que son seres primarios, brutos e inescrupulosos, tienden a creer que todo se resuelve con efectivo y complicidad local. Esta vez podrían descubrir que el asunto tiene otro alcance. El mundo es mucho más grande que los corregimientos en los que habitan sus clientelas.
El presidente Trump ya demostró que no le tiembla el pulso cuando decide tomar medidas contra sátrapas, criminales y violadores de la libertad.
Que todos los esbirros del régimen petrista recuerden lo ocurrido a comienzos de este año en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos no dudó en entrar a recoger al bandido de Nicolás Maduro, quien hoy se encuentra en un gélido calabozo esperando la ejemplar condena que le será impuesta.
La cárcel es el lugar que corresponde a quienes destruyen la democracia, pisotean los derechos humanos y convierten el poder en una herramienta de sometimiento criminal.
Quienes compren votos van a perder sus visas, como primer paso de muchas otras sanciones que recibirán. Aquellos que financien esa operación deberán prepararse para asumir consecuencias; los que sirvan de intermediarios también quedan notificados. No habrá madriguera en la que puedan esconderse.
Durante años, los corruptos colombianos se acostumbraron a comprar votos, mover maquinarias, traficar influencias y repartirse el Estado con la tranquilidad de quien se sabe protegido por la impunidad. Actuaban como si Colombia fuera una finca de su propiedad.
Ha llegado el fin de esa época, porque esta vez los compradores de votos no solamente tendrán enfrente a millones de colombianos dispuestos a defender la democracia, sino que también tendrán encima la mirada de una potencia que ha decidido utilizar una de las herramientas que más les duele: la visa.
A muchos de esos bandidos no les importa la ley colombiana, porque saben hacerle el quite a través del soborno de jueces y fiscales; tampoco les preocupa lo que diga la opinión pública, porque no tienen reputación que cuidar, y mucho menos les atormenta el daño que le hacen a su país, porque ven a Colombia como un cajero electrónico de cual pueden sacar el dinero que les dé la gana. En cambio, sí les importa viajar a Estados Unidos.
Ahí radica la letalidad de la advertencia del «quitavisas»
Publicado: junio 4 de 2026