Gustavo Petro volvió a lanzar una acusación de alto calibre sin una sola prueba sobre la mesa. Dijo en Barcelona que «hay un plan criminal para asesinar a Iván Cepeda y que la CIA ya tiene conocimiento de ello». No presentó documentos, no señaló responsables, no activó ningún canal institucional serio. Habló en un encuentro que pretende venderse como cumbre de dirigentes progresistas, pero que en realidad reunió a políticos corruptos: el anfitrión Pedro Sánchez, cuya esposa está pentaimputada por la justicia española por delitos de corrupción; Luiz Inácio Lula da Silva, un corrupto mayor; y Claudia Sheinbaum, la narcopresidenta de México. Ese es el escenario desde el cual Petro decide lanzar una acusación sin sustento ninguno.
La respuesta de Estados Unidos fue inmediata y contundente. Ninguna instancia oficial, ni la CIA ni otra agencia de seguridad, tiene información sobre ese supuesto atentado. No hay alertas, no hay informes, no hay cooperación en marcha. Es decir, la afirmación quedó en el aire.
En Colombia el peligro es directo contra los opositores. El asesinato de Miguel Uribe fue un crimen de Estado. Jamás podrá olvidarse la sentencia de Gustavo Petro: «Senadores como Miguel Uribe Turbay deben ser borrados». Dos semanas después, las balas hicieron lo suyo. Petro habló en el Atlántico, alias Iván Márquez oyó en Venezuela, y el arma fue accionada en Bogotá. Esa secuencia no admite disfraces.
El momento en que aparece el supuesto complot contra Iván Cepeda no es casual: menos de cinco semanas antes de la primera vuelta. Cuando aprieta la realidad, reaparecen las historias fantasiosas. Ya ocurrió en Cúcuta, en 2018: una piedra golpea un vehículo en el que iba Petro y, en minutos, el episodio se transforma en un supuesto atentado a bala. No hubo disparos. No hubo ataque armado. Solo una exageración convertida en escándalo que fue, cómo no, denunciada ante la inefable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El salto de ahora es mayor: se invoca a la CIA para dar peso a una afirmación que no resiste verificación.
Quienes de verdad deben reforzar su seguridad son otros. Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia están en la mira de estructuras criminales reales. En especial De La Espriella, que ha sido claro en su propósito de enfrentar sin concesiones a esas organizaciones. Lo ha dicho sin rodeos: «por la razón o por la fuerza». En Colombia, quien anuncia que va a desmontar ese engranaje se convierte automáticamente en objetivo. En su momento lo fue el doctor Álvaro Uribe y ahora lo es el Tigre.
El país está tomado por redes que operan con disciplina, dinero y control territorial: carteles convertidos en industrias del delito, delincuentes actuando sin freno bajo disfraces políticos, grupos armados ilegales cogobernando amplias zonas, cultivos ilícitos creciendo sin contención. Esa es la realidad del país que ha construido Petro, es el retrato del «cambio» que introdujo el narcorégimen que ejerce el poder.
Petro no puede pretender impulsar a su candidato, el heredero de las Farc Iván Cepeda, a punta de farsas como la del supuesto plan para matarlo. No le ha bastado poner al Estado completo al servicio de ese propósito: instituciones, presupuesto y coequiperos del régimen —los grupos ilegales— empujando en la misma dirección. Eso tiene un nombre: uso del poder para torcer la competencia democrática.
Todo está perfectamente calculado. La advertencia sin sustento de un atentado que sólo existe en la atormentada cabeza de Petro, el calendario electoral agotándose aceleradamente, la utilización del Estado y la presión desde todos los frentes responden a un propósito inocultable: lograr, a las malas, la victoria del comunista Iván Cepeda.
Publicado: abril 20 de 2026