Uno de los momentos más dolorosos que ha tenido que enfrentar la Iglesia católica está relacionado con los casos de pederastia que salieron a la luz a comienzos de este siglo y que involucraron a miembros del clero en distintos países.
Es una realidad innegable, pero que debe ser ponderada y tratada en sus justas proporciones. Hubo denuncias que se comprobaron falsas y otras que, tras ser investigadas, resultaron ciertas y dieron lugar a implacables sanciones. A partir de ahí, la Iglesia —especialmente desde el pontificado de Benedicto XVI— adoptó medidas severas, no solo para castigar a los responsables, sino para enfrentar de fondo el problema. Se reforzó el papel de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se simplificaron los procesos canónicos para permitir decisiones más rápidas, se habilitó al Papa para aprobar directamente la expulsión de sacerdotes culpables, y se ampliaron los plazos de prescripción para poder actuar sobre casos antiguos. Todo ello con un propósito claro: cerrar el paso a que estos lamentables hechos se repitieran.
También es cierto que los adversarios del catolicismo aprovecharon esa situación para fustigar, para menoscabar y para golpear a la Iglesia fundada por Cristo. Ahora, en Colombia, han surgido acusaciones contra figuras muy importantes del episcopado nacional que ya fallecieron y que, por esa misma razón, no tienen cómo defenderse. Vale la pena detenerse en un par de esos casos.
Hace un tiempo, un programa sensacionalista dirigido por María Elvira Arango lanzó un reportaje contra el difunto cardenal Alfonso López Trujillo, una de las figuras más influyentes de la Iglesia colombiana ante el Vaticano. Se trató de una acusación grave presentada cuando el cardenal ya no podía responder. Y la pregunta salta a la vista: ¿por qué no se hizo cuando López aún vivía y podía defenderse?
Ahora aparece otra denuncia. Una supuesta víctima afirma que en 1983, cuando tenía 14 años, sufrió abusos por parte de quien fuera arzobispo de Bogotá, el cardenal Pedro Rubiano Sáenz. Los interrogantes surgen de nuevo: ¿por qué ahora? ¿por qué no en su momento? ¿por qué no cuando los hechos podían ser investigados con el señalado vivo?
El cardenal Rubiano murió hace poco más de dos años, a los 91. Es decir, hubo tiempo de sobra para que esa supuesta víctima hiciera públicas las denuncias que hoy plantea. ¿Cuál es entonces el propósito de hacerlo ahora, cuando el señalado no puede hacer los respectivos descargos? Es una acusación que nace sin contradicción posible, y eso la vicia de fondo.
Lo anterior no implica desconocer que los casos de pederastia existieron. Claro que ocurrieron y fueron gravísimos. Pero otra cosa muy distinta es entrar en una dinámica en la que se lanzan cargos de esa magnitud contra personas que ya no están en este mundo.
Las denuncias por abusos sexuales por parte de sacerdotes empezaron a hacerse masivamente públicas entre el 2000 y 2002. Ese fue el momento en que estalló el escándalo, el asunto se investigó a fondo y, en muchos casos, se impusieron las respectivas sanciones. El Vaticano asumió el problema con la responsabilidad que correspondía, sin minimizarlo, reconociendo errores y adoptando correctivos. Los acusadores de hoy contra los cardenales López y Rubiano, tuvieron todas las garantías para exponer sus casos en el momento oportuno. Benedicto XVI se encargó de que todas las personas que tuvieran algo por decir, fueran oídas y sus alegaciones tenidas en la consideración que correspondía. La tardanza, entonces, tiende un legítimo manto de duda sobre la veracidad de esas denuncias.
Visto así, pareciera que el propósito es otro: golpear la credibilidad de la Iglesia católica, afectar su integridad, atacar a los creyentes en un momento en el que, precisamente, se empieza a notar un despertar espiritual y un crecimiento en el número de personas que se acercan nuevamente a la fe.
Un país donde el catolicismo ha tenido un peso histórico determinante es España. Allí, durante años, se observó un retroceso sostenido en la práctica religiosa, pero esa tendencia empezó a cambiar en el último lustro. Una investigación de la Fundación SM muestra un aumento claro entre los jóvenes que se identifican como católicos: del 31,6 % en 2020 pasó al 45 % en 2025. A ese dato se suma que, durante la Semana Santa, se vio algo que no era habitual en años recientes: una participación masiva en las procesiones en diferentes ciudades, con calles llenas y una presencia notable de feligreses.
Hay otro elemento que no puede pasar desapercibido. A raíz de la denuncia tardía contra el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, el narcopresidente Ernesto Samper ha salido a pasar factura. Durante los años de su gobierno, en el que la dignidad de la República le fue pignorada a la mafia, fue precisamente Rubiano quien, desde la Iglesia, asumió una posición firme frente a la crisis moral del país. Fue el cardenal quien acuño la famosa expresión del elefante.
Samper, uno de los sujetos más ruines, zafios y canallas de la política colombiana, no tiene derecho a cuestionar absolutamente nada, y menos a mancillar la memoria de un hombre como Pedro Rubiano.
En definitiva, la gente no puede ser incauta. Impera el deber de mirar estas denuncias contra los cardenales Rubiano y López Trujillo con beneficio de inventario, con cabeza fría y sin precipitarse en juicios. Y, además, tomar atenta nota de algo que no es menor: quiénes están amplificando esas acusaciones y desde dónde lo hacen. Porque cuando en un asunto de esta gravedad aparecen voces como la del oscuro Ernesto Samper, lo que se evidencia es un ajuste de cuentas por parte de un agente de la mafia contra quien tuvo el valor civil de enfrentar todas sus aberraciones.
Aquí no solo está en juego la verdad de unos hechos, sino también la memoria de personas que ya no pueden defenderse y la credibilidad de la Iglesia, en cuanto realidad visible y espiritual, hoy sometida a nueva prueba por cuenta de unas denuncias cuya verosimilitud resulta altamente cuestionable.
@IrreverentesCol
Publicado: abril 29 de 2026