No es una hipérbole. La comparación es precisa: Armando Benedetti es una suerte de Pablo Escobar de la política colombiana.
Su proceder es absolutamente gansteril. Usa la intimidación y la amenaza sistemáticamente para lograr sus objetivos.
Salió de la embajada en Venezuela en medio del escándalo de las chuzadas e intimidaciones a la niñera de su antigua compinche Laura Sarabia. Embargado por la ira, reveló asuntos asquerosos de la financiación de la campaña que llevó a Petro a la presidencia.
Propios y extraños coinciden en que Benedetti sabe demasiado, razón por la que su silencio se ha convertido en un asunto de Estado. Si Petro lo abandona, él cuenta con todas las herramientas para hundir al gobierno.
Desde hace más de diez años, el gobierno de los Estados Unidos lo tiene en la mira. Cuando se conocieron los detalles de algunos de los actos de corrupción en los que ha participado, el Departamento de Estado tomó la determinación de cancelar su visa, documento que le fue reestablecido cuando se acordó que ayudaría en el acercamiento entre Caracas y Washington. El visado tenía un propósito único: viajar a los Estados Unidos solamente para atender asuntos oficiales.
Como es normal en él, se burló de las condiciones, razón por la que el documento le fue revocado, esta vez para siempre.
Es evidente que Benedetti extorsionó a Petro y que Petro lo permitió. Eso explica el triple salto mortal que hizo el gobierno colombiano con la reapertura de la innecesaria embajada ante la FAO. Ese es el precio que está pagando el régimen para mantener mudo al hombre que conoce los detalles de la narcofinanciación.
Como ocurrió con Escobar durante décadas, Benedetti ha gozado de una indignante impunidad. Todos los procesos que hay en su contra duermen el sueño de los justos. Para ese propósito, el flamante embajador ha contado con un aliado muy diligente: el cuestionado magistrado de la sala de instrucción Cesar Reyes Medina, quien tiene en su poder el expediente que hay en su contra por enriquecimiento ilícito.
Las otras investigaciones, sobre el desfalco del magisterio a través de Fiduprevisora y el robo de Fonade, están en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, pero no avanzarán por una razón evidente: gracias a su reciente designación diplomática, las carpetas tendrán que ser remitidas a la fiscalía, donde las investigaciones, prácticamente, arrancarán de ceros. Benedetti le apuesta a la prescripción.
Aquel que se atreva a cuestionarlo, o a señalarlo debe saber que será sometido a una brutal campaña de desprestigio. Así opera el flamante embajador de Colombia, un sujeto canalla y ruin. Nunca se esclareció la muerte de un exfuncionario del departamento de Córdoba que fue estrangulado horas antes de declarar ante la fiscalía, en el marco del robo al magisterio de ese departamento, entramado de corrupción cuya columna vertebral es Armando Benedetti Villaneda.
Allegados suyos aseguran que se burla de la rama judicial. Dice que tiene todo arreglado y que nada le sucederá. Tenía entre sus pendientes finiquitar el asunto de Petro, y lo logró.
Como embajador en Italia, su futuro está resuelto. Ante una posible medida de aseguramiento, no tendrá problemas pues él ostenta la nacionalidad italiana. Y ese país no extradita a sus connacionales.
Las aseveraciones del narcocanciller Leyva en el sentido de que Benedetti es un vulgar drogadicto, quedaron en el pasado. El mismo Leyva fue el encargado de reabrir la embajada en la FAO y de firmar el decreto de nombramiento. Cuando de cumplir las exigencias de un chantajista se trata, la amnesia es una aliada insuperable.
Publicado: febrero 13 de 2024