En estos días lo colombianos conmemoran los 30 años de la baja de Pablo Escobar, paradójica o siniestramente, la efemérides se da con un presidente que hizo parte de la banda terrorista que fungió como brazo armado del cartel que lideraba ese peligroso capo del narcotráfico.
El M-19 no era un grupo de rebeldes, sino una banda de sicarios al servicio de la mafia. Uno de los cabecillas más poderosos de esa estructura delincuencial, Iván Marino Ospina -padre del saliente alcalde la ciudad de Cali-, era el liaison entre el cartel y la guerrilla terrorista.
Está ampliamente documentado y probado que la toma del Palacio de Justicia a finales de 1985, fue un encargo de Escobar y sus socios, interesados en impedir que la corte suprema le diera la bendición de constitucionalidad al tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos, propósito que se logró luego de que todos los magistrados fueran asesinados.
Quienes reemplazaron a los muertos, para hacerle el quite a los sicarios de Escobar, se agarraron de una coma para declarar la inexequibilidad del tratado en cuestión.
Con ocasión de la redacción de la constitución de 1991, donde el M-19 era el segundo grupo de la asamblea, la discusión sobre la extradición -artículo 35- estuvo marcada por la presión del narcotráfico. Nunca se supo cuántos delegatarios fueron sobornados por la mafia, pero sí hay evidencia de que se movieron bultos de dinero para asegurar que los capos jamás comparecerían ante los jueces estadounidenses.
No tiene porqué sorprender que, precisamente, el M-19 fuera la bancada que con mayor ardentía se opuso a la extradición, alegando estupideces como la soberanía de la justicia colombiana. Abundaron los discursos veintejulieros con los que pretendieron mimetizar que estaban, en efecto, haciéndole un trabajo más Escobar y los suyos.
El día que los constituyentes votaron el articulo que prohibía la extradición de colombianos, Pablo Escobar anunció que se entregaría para ser confinado en su finca llamada La Catedral. El resto es una historia ampliamente conocida.
Los vínculos de Petro con la mafia son rutilantes. En la campaña presidencial se supo que la corrupta Piedad Córdoba -integrante del Pacto Histórico– se paseó por los pabellones de extraditables ofreciendo impunidad a cambio de respaldos políticos y económicos. Lo mismo hizo el siniestro hermano del presidente, Juan Fernando Petro quien está en la mira de las autoridades de Colombia y Estados Unidos por vender cupos a los narcos que quieran ingresar a la “paz total” que promueve el gobierno nacional.
Sumado a esas maniobras, está el maridaje entre el presidente y el narco extraditado a los Estados Unidos Santander Lopesierra irrigó con su putrefacto dinero la tesorería de la campaña presidencial, plata que aparentemente fue robada por el hijo del mandatario. Una familia ejemplar.
El ministro más poderoso de Petro es Álvaro Leyva, un sujeto oscuro que en el pasado fue procesado por sus negocios con el narcotráfico y que durante cuarenta años ostentó el cargo, como aseveró Íngrid Betancourt, de “canciller de las Farc”.
Mafia, cocaína, dineros oscuros por todos los frentes. Con Pablo Escobar no murió el narcotráfico. Hoy está en el poder. El narcorégimen sigue vivo y goza, para desgracia de Colombia, de muy buena salud.
Publicado: diciembre 7 de 2023