El repentino cambio de opinión del delincuente Nicolás Petro tiene una sola explicación: la promesa de impunidad que seguramente le hizo el presidente su hijo no criado.
Y la impunidad ofrendada sólo puede materializarse con una fiscalía al servicio de esa causa. Sólo hay que tener paciencia y esperar con serenidad los cuatro meses y medio que quedan de la administración de Francisco Barbosa.
Para dejarlo todo bien organizado, se produjo un cambio en la terna. Petro retiró a Amparo Cerón e incluyó a una amiga íntima del ministro de Defensa. Se trata de la señora Luz Adriana Camargo Garzón.
Dos de las tres aspirantes son de la cuerda de Iván Velásquez, un sujeto que hizo fama con los montajes, las falsificaciones, las manipulaciones y las presiones indebidas a los testigos cuando fungió como auxiliar de la corte suprema.
El país jamás podrá olvidar que Velásquez emborrachaba a los testigos con el fin de inducir sus testimonios. Y mucho menos podrán ser soslayados los abusos y los delitos que cometió cuando fungió hace veinte años como delegado de la ONU en la misión anticorrupción que fue instalada en Guatemala.
Los dictadores tienen la mala costumbre de utilizar a la justicia como herramienta para el ajuste de cuentas políticas. En aras de “habilitar” sus persecuciones, acuden a fiscales y jueces de todos los niveles para que sean ellos los que, a través de la “aplicación de la ley”, los que realicen la innoble tarea de sacar del camino a quienes resultan incómodos para el sátrapa.
El teórico del derecho alemán Carl Schmitt, uno de los juristas más reputados del siglo pasado, terminó pignorándole a Hitler su inteligencia y su sabiduría. Él desarrolló la teoría de que la voluntad del führer debía ser considerada como una fuente de derecho.
En el libro Los juristas del horror de Ingo Müller se plasma de manera inequívoca cómo la justicia alemana se puso al servicio de la causa genocida de Hitler.
El socialismo del siglo XXI latinoamericano ha sido muy eficaz en la toma por asalto de la administración de justicia. Chávez y Maduro en Venezuela convirtieron a la rama jurisdiccional en una banda criminal. Lo mismo hicieron Evo Morales en Bolivia y Correa en Ecuador. Los Kirchner lo intentaron en Argentina y, aunque un sector de la justicia responde a los intereses de Cristina, hay una facción que, contra viento y marea, mantiene su independencia. Gracias a esa valiente oposición a la cooptación de la justicia, se ha logrado que la expresidenta responda por los actos de corrupción en los que ella y sus hijos están involucrados.
Petro no podía ser la excepción. Además de tener a la JEP, tribunal al servicio de las Farc y del comunismo colombiano, necesita convertir a la justicia ordinaria en una extensión de la bandola denominada pacto histórico.
Con su brazo armado, esto es la ‘Primera Línea’ y con la fiscalía general, tendrá asegurado el control del país, además del poder que le confiere la constitución sobre las Fuerzas Militares y la Policía.
La situación se agudizará a partir de febrero cuando la corte suprema elija a la sucesora del fiscal Francisco Barbosa. Los magistrados no designarán a un fiscal para los colombianos, sino a una persona que servirá como herramienta de acción política en manos del presidente de la República.
La fiscalía se convertirá en un centro de blanqueo de los crímenes del petrismo, empezando por los delitos del primogénito, y en un antro donde se diseñarán nauseabundos montajes contra los críticos del régimen.
Publicado: septiembre 28 de 2023
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