Uno de los lugares obligados para conocer en Budapest es la ‘Casa del Terror’, ubicada en el bulevar más tradicional de la capital húngara: Andrássy Út, calle que conecta el centro de la ciudad con la mundialmente famosa plaza de los héroes.
Es un edificio de estilo neo renacentista de esquina que en los años 40 era conocido como ‘La casa de la lealtad’ en la que funcionaba la sede del partido nazi de Hungría.
En 1945, cuando Hungría sufrió la ocupación soviética y el país sucumbió ante el comunismo, una de las primeras ocupaciones fue, precisamente, el edificio en cuestión que, en un abrir y cerrar de ojos, dejó de ser la sede de los nazis para convertirse en la oficina central de la policía política comunista llamada ÁVH -Autoridad de Seguridad Estatal-.
Los sótanos del bello edificio fueron llenados de calabozos por los que durante décadas pasaron miles de ciudadanos inocentes que fueron encarcelados injustamente, torturados y asesinados.
Las brutales técnicas utilizadas por los agentes de la ÁVH desembocaban en la muerte de quienes caían en sus garras.
Con orgullo, los húngaros presentan a la ‘Casa del Terror’ no como un simple edificio. El número 60 de Ándrassy Út es, como se lee en una placa de la puerta principal, “un monumento en honor a las víctimas”.
El caso que involucra a la gris jefa de gabinete de Petro, la señora Laura Sarabia, es una aberrante muestra de abuso de autoridad y una delicadísima evidencia de que en la sede presidencial colombiana se están perfeccionando secuestros y torturas físicas y/o psicológicas, como fue revelado en un reportaje periodístico.
Hay muchos cabos sueltos que la señora Sarabia no ha podido aclarar, tarea que le corresponderá hacer a la administración de justicia de Colombia.
Muchos se han enfocado en el tema del dinero en efectivo que desató la pesadilla que está padeciendo la humilde mujer que fungió como niñera de la Sarabia y quien fue temerariamente sindicada de ser la responsable del robo de esos recursos.
Según la desvalida Marelbys Meza, un día cualquiera, fue abordada por miembros de la policía que la señalaban de ser la autora del robo del maletín en el que había $150 millones de pesos en efectivo. La imputación se sustentaba en que ella, por ser la niñera del hijo de Sarabia, era la única persona que pudo haber perfeccionado el hurto. Tener dinero en efectivo no es delito. Lo que no significa que no pueda indagarse por el origen de la fabulosa cuantía, toda vez que Laura Sarabia, según consta en sus declaraciones de renta, no es una mujer adinerada.
Ella, en medio del desespero que le causó la demoledora denuncia de la exempleada secuestrada y torturada, se apresuró a alegar que el dinero desparecido correspondía a unos viáticos que le entregaron en efectivo.
Ciertamente a los altos funcionarios de la presidencia les pagan sus viáticos en dólares efectivos para cubrir sus viajes al exterior. Dichos viáticos oscilan entre los $350 y los $500 dólares, dependiendo al país al que vayan a viajar. En el gobierno de Duque, por razones de austeridad, sólo pagaban el 80% de dichos viáticos. ¿Esa medida se mantiene durante el régimen socialcomunista de Petro?
Pero el fondo del asunto tiene que ver con el secuestro y la conducción ilegal de la señora Meza a los sótanos de Casa de Nariño donde fue sometida a polígrafo. Ella no es funcionaria pública; era una empleada particular de Laura Sarabia ergo el departamento de seguridad de la presidencia, que aparentemente está obrando como la STASI de Alemania Oriental o como la ÁVH húngara, no tenía competencia para el proceder tan brutal que se observó en el caso de la exniñera.
En medio de la barahúnda desatada por cuenta de la denuncia de Marelbys Meza la policía emitió un comunicado que en absoluto explica ni mucho menos aclara la situación.
En dicho documento se expresó que “rechazamos versiones sobre supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas. Los procedimientos se efectuaron en las dependencias de la Jefatura para la Protección Presidencial, visibles, debidamente identificados y dispuestas en esa misma ubicación desde hace muchos años atrás (sic)”.
Igualmente fueron citados los decretos 1066 de 2015 y 2647 de 2022. Pero ninguno de esos textos normativos permiten que un particular sea conducido a los sótanos de la presidencia de la República ni que esa persona sea sometida a un procedimiento con polígrafo, ni mucho menos incomunicado y sometido a toda suerte de torturas psicológicas.
Angustiantemente, en el régimen socialcomunista de Petro, la sede presidencial colombiana está convirtiéndose en una versión latinoamericana de la ‘Casa del Terror’ húngara.
Publicado: mayo 29 de 2023
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