Petro prometió convertir el turismo en el nuevo petróleo, pero las decisiones de su Gobierno no han hecho más que destruir a este sector. Entre promesas incumplibles y el desmonte de los incentivos tributarios esta administración generó una disparada en los precios que le restan competitividad al País.
En primer lugar, de manera irresponsable e ingenua Petro sostuvo en campaña que Colombia podía sustituir los ingresos que genera el sector de los hidrocarburos con la llegada de 12 millones de turistas extranjeros al año. Una cifra a la que, por supuesto, debe llegar el País, pero que es imposible de cumplir en el corto plazo.
En efecto, en 2019, antes de la pandemia, Colombia registró 4.5 millones de turistas extranjeros y la meta inicial para 2022 era de 6 millones. Sin embargo, con las restricciones del Covid esa cifra se fue al piso y el año pasado cerró con 4.6 millones. Es decir, tomó tres años volver a los números previos a las cuarentenas.
Además, hay que tener en cuenta que el País tardó dos décadas para pasar de 1.1 millones de turistas extranjeros en 2002 a 4.5 millones en 2022, lo que significa que, a esta tasa de crecimiento, tendremos que esperar otras dos o tres décadas para llegar a la anhelada cifra de 12 millones. En otras palabras, no hay cómo cumplir esa promesa de campaña.
En segundo lugar, en una mezcla entre revanchismo político y el afán de aumentar el recaudo a toda costa para dispara el gasto público, el Gobierno Petro desmontó los incentivos tributarios que estableció de manera exitosa la administración Duque. El IVA de los tiquetes aéreos pasó del 5% al 19% y el de los servicios de hotelería aumentó del 0% al 19%. Y por si esto no fuese suficiente, la reforma tributaria aumentó la tarifa de renta de los nuevos proyectos hoteleros y la renovación de los actuales del 9% al 15%.
Por eso, no es extraño ver la crítica situación por la que atraviesa el sector en la actualidad, a lo cual hay que sumar el pésimo manejo que ha tenido el Gobierno de la situación de las aerolíneas de bajo costo. Si las autoridades eran conscientes de los críticos estados financieros de estas compañías, ¿por qué no hicieron nada para supervisar la venta masiva de tiquetes?
No vaya a ser que la verdadera intención del Gobierno es propiciar la quiebra de estas compañías para entrar a negociar con ellas en medio de la quiebra y fortalecer la operación de Satena en una especie de chantaje institucional.
Finalmente, si el Gobierno quiere enmendar parte del daño debe agachar la cabeza, aceptar su error y revivir los incentivos que a buena hora montó el Gobierno Duque. Lo que sirve, sin importar quién lo hizo, debe mantenerse. De lo contrario, Departamentos como San Andrés, que perdió $60.000 millones y tuvo una ocupación hotelera inferior al 30% en Semana Santa, no tendrán cómo sobrevivir.
Publicado: abril 12 de 2023