La incertidumbre, el secretismo y la irresponsabilidad con que la Ministra Corcho ha manejado la reforma a la salud ha desatado el pánico en el sector. No se sabe qué va a pasar con el financiamiento del sistema, el giro del dinero a los prestadores, la expansión de la cobertura y mucho menos con la administración de los recursos.
30 años de trabajo se pueden ir a la basura si el Congreso acolita el cambio a un modelo que retoma los peores momentos del Seguro Social. La historia demostró que el Estado fracasó estrepitosamente cuando asumió la labor de aseguramiento e hizo de la salud un nido interminable de corrupción.
Y claro, ha pasado tanto tiempo que la memoria se desvanece y olvida cómo funcionaban las cosas antes, donde solamente el 30% de la población tenía cobertura médica y el 70% restante debía empeñar su patrimonio para costear los tratamientos o mendigar por los pasillos de los hospitales públicos esperando que por caridad en algún momento se le atendiera, si es que los lograban atender y no morían en el intento. Caso diametralmente distinto a lo que ocurre hoy, donde más del 97% de los colombianos tienen acceso a los servicios de salud.
De lo poco que se sabe de la reforma, nada se rescata. Equivocadamente el Gobierno simplifica la labor de las EPS a una mera intermediación financiera, desconociendo la tarea de aseguramiento que les asigna el sistema. Satanizarlas es muy fácil y taquillero, pero eliminarlas sería la mayor irresponsabilidad que se pudiera hacer.
En especial, cuando es la hora en que no se sabe quién asumiría sus funciones. Por un lado, si el aseguramiento lo realizan las Secretarías de Salud de las entidades territoriales la salud terminaría convirtiendose en la caja menor de los políticos regionales. Si nada más hoy en día los hospitales públicos son fortines burocráticos de los mandatarios de turno, ni qué pensar lo que ocurriría si se les entrega a los Alcaldes o Gobernadores los billones que ejecuta el sistema. Fácilmente se replicaría el cartel de la hemofilia a escala nacional.
Por otro lado, si se elimina el aseguramiento y el Adres les paga directamente a las IPS por los servicios prestados se podría generar un incentivo perverso que desangre financieramente el sistema, dado que los prestadores empezarían a facturar muchas más consultas y tratamientos que los necesarios para recibir más recursos. Es casi como ponerles un cheque en blanco que nadie audita.
De hecho, contrario a lo que se suele pensar, lo que más les interesa a las EPS es que sus usuarios estén saludables, dado que de esa manera demandan menos recursos. En otras palabras, las EPS perciben utilidades si los pacientes están saludables, pero las IPS facturan cuando estos se enferman.
Por eso, por donde se lo vea, esta reforma no tiene pies ni cabeza. El radicalismo de Corcho y Petro no puede avanzar y el Congreso, por lo menos en este tema tan crucial, debería dejar a un lado su servilismo con la Casa de Nariño y pensar por una vez en el futuro del País, más allá de las tentaciones burocráticas del gabinete.
Publicado: febrero 2 de 2023