La reforma a la salud que presentará la ministra de Salud Carolina Corcho, de la que mucho se habla, pero cuyo texto nadie conoce -ni siquiera el Congreso de la República- será demoledora. Y no es por cuenta de las especulaciones, sino como consecuencia de las puntadas que la propia funcionaria se ha encargado de dar.
Efectivamente el gobierno tiene en la mira a las EPS, entidades que son fundamentales para garantizar que el servicio pueda llegarle al 99% de los colombianos, una cobertura que muy pocos países tienen.
Y eso es gracias a los más de 30 años de desarrollo de la ley 100, norma presentada por el gobierno de Cesar Gaviria y que se ha implementado desde entonces con grandes éxitos.
La extrema izquierda, irresponsablemente, quiere destrozar un modelo que, valga recordar, se delineó con Antonio Navarro -cabecilla de la banda terrorista M19- como ministro de Salud del gobierno Gaviria.
Hasta el ahora ultrapetrista Roy Barreras ha expresado su oposición a las intenciones de la ministra Corcho. En reciente entrevista con la revista Semana, el presidente del Congreso aseveró: “Estoy muy preocupado, conozco el sistema desde siempre. Como médico y ahora como paciente. Trabajé 20 años en todos los hospitales públicos que había en esa época, en La Hortúa, en La Misericordia, en el Materno Infantil, en el universitario del Valle y en Aguablanca. La gente estaba totalmente desprotegida. Las cifras más generosas decían que el 29% de la población tenía acceso a los hospitales. Los índices de mortalidad eran altísimos…Ya no tenemos un 29% de cobertura, sino 99%. Entonces, esa mejoría no se puede echar a perder”.
Claro que hay EPS que cometen abusos, que manejan irregularmente los recursos públicos de la salud, que son arbitrarias. Pero también debe reconocerse que los organismos de control ejercen una veeduría muy seria sobre aquellas y son muchas entidades de esa naturaleza que han sido sancionadas y clausuradas.
Todos los servicios, empezando por el de la salud, pueden ser mejorados. Pero modelos exitosos, como el que existe en Colombia, no pueden ser borrados de plano irracionalmente como pretende hacer la brutal ministra Corcho, una fundamentalista que, por su dogmatismo ideológico extremista, dejará a los colombianos sin acceso a la salud.
La filosofía de la reforma que ha planteado la Corcho tiene en el centro un asunto muy delicado: la politización de la salud. Al delegar la totalidad de la responsabilidad de la operación al Estado, se volverá a esa época oscura del Seguro Social, donde pululaba la corrupción y la politiquería. Para que un ciudadano pudiera acceder a tratamientos médicos, necesitaba de la intervención de un político amigo con capacidad de influir ante los administradores regionales.
Un porcentaje muy alto de profesionales de la salud fueron abiertos defensores y promotores de la candidatura de Petro. Hoy muchos de ellos deben estar arrepentidos por lo que se les viene encima. La ministra Corcho también los tiene en la mira, como se nota en una intervención suya que tuvo lugar hace pocos días.
En palabras suyas: “Cada prestador de servicios va a tener una junta autoreguladora de médicos, donde los médicos vamos a vigilar a los demás médicos. El problema fiscal de este sistema no son los alcaldes y los gobernadores; son los médicos, porque el médico puede disparar el gasto público si manda de todo. El médico induce la demanda en el nivel primario, por eso te digo que esto es un problema de gradualidad… Los médicos acaban el sistema de salud en seis meses”.
Si la iniciativa de la ministra prospera, por ley los médicos perderán su capacidad de ejercer autónomamente su profesión y, frente a cualquier paciente, no podrán ordenar los exámenes que, según su criterio, son necesarios para llegar a un diagnóstico acertado y, en consecuencia, trazar un tratamiento eficaz.
La ministra pretende, entonces, crear una suerte de policía “medicopolítica” para controlar el ejercicio y la práctica de los médicos de Colombia, un propósito evidentemente nocivo que se constituye en elemento adicional -y tal vez fundamental- para que los profesionales de la salud que aún creen en las “bondades” de la reforma a la salud, pasen a oponerse a la misma.
El presidente Uribe tampoco ha guardado silencio frente a los riesgos de la reforma de Corcho. En un texto de 17 puntos, expresó algunas preocupaciones: “La propuesta anunciada llevaría a que las personas, para acceder a la salud, tendrían que acudir a fondos regionales, organismos de monopolios burocráticos estatales. Lo anterior puede llevar a unos costos impagables por la explosión burocrática. Sin EPS se debilitaría la racionalidad para utilizar el servicio. Además, en un monopolio estatal aumentaría el peligro de crecientes influencias politiqueras para obtener citas, acceso a especialistas, a procedimientos y cirugías”, se lee en el documento elaborado por el exmandatario colombiano.
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No la tendrá fácil la atrabiliaria ministra de Salud. Cada vez más sectores sociales y políticos expresan su oposición a la reforma que ella planea sacar adelante durante las sesiones ordinarias del Congreso. Por el bien del pueblo, de la salud de millones de personas, esa reforma no debe ser siquiera sometida a consideración del legislador. Petro y su gente no pueden poner en grave riesgo la atención médica de que gozan los colombianos.
Publicado: febrero 6 de 2023