Se acaban las EPS y se le entregan más de $80 billones anuales de la salud a los Alcaldes y Gobernadores. Corrupción, burocracia, ineficiencia y muerte. Esa es la reforma a a la salud. Un proyecto que acabará con 30 años de avances de un sistema que incrementó la cobertura del 27% al 98% del País.
En algún momento se pensó que el Gobierno había moderado su postura y que no presentaría un texto radical, pero no fue así. De nada les sirvió a las EPS actuar con prudencia para reunirse con el Presidente y la Ministra. El articulado no cambió una coma y pretende decretar su muerte por la puerta de atrás.
Porque claro, formalmente no se acaban, pero en la práctica les quitan todas las funciones. Ya no tendrán a cargo la labor de aseguramiento y por ende tampoco administrarán los recursos del sistema. Tampoco podrán hacer la caracterización de los pacientes y el Gobierno implementará el giro directo de los recursos a los prestadores.
Con un agravante nefasto: los recursos de la salud se ejecutarán a través de fondos regionales administrados por Alcaldes y Gobernadores. Es decir, los más de $80 billones que anualmente se requieren para la atención de los colombianos terminarán en manos de políticos que piensan en campañas y burocracia. Todo mal.
De hecho, poco le importó al Gobierno el fracaso del seguro social o los carteles de la hemofilia o el sida. La agenda estatista de Petro está por encima de las evidencias y a cómo dé lugar intentará crear una gigantesca mole burocrática que terminará siendo ineficiente, corrupta y costosa.
Con una perla más: solamente el 20% de las cuentas que presenten los prestadores de servicios serán auditadas.El 80% restante se tendrá que pagar sin revisión alguna dentro de los 30 días. Una puerta abierta para la constitución de carteles que desangren el sistema.
Además, la reforma prácticamente acaba con las clínicas privadas, dado que las obliga a aceptar un manual tarifario para poder ingresar al nuevo sistema. En otras palabras, funcionarios públicos nombrados por políticos establecerán los precios que se le cancelarán a las IPS por la atención de los pacientes sin que estas tengan la posibilidad de negociarlos. O lo toman o lo dejan. Una dinámica que sin lugar a dudas terminará en una constante extorsión a las clínicas o en su inminente quiebra.
Así mismo, las IPS no podrán prestar servicios de baja complejidad, dado que ello se reserva exclusivamente a los nuevos centros de atención primaria. Una especie de SuperCades donde el Gobierno pretende centralizar la operación del sistema y cuyo costo se estima en $25 billones. ¿De dónde saldrá ese dinero?
Y por si fuera poco, las IPS ya no funcionarán bajo una dinámica de competencia, sino de cooperación y complementariedad, lo cual derivará en menor calidad del servicio y mayores costos. 30 años de avances que permitieron incrementar la cobertura del 27% al 98% se tirarán a la basura. Todo para dar paso a un salto al vacío.
Publicado: febrero 16 de 2023