La determinación de Petro respecto de excarcelar delincuentes de la Primera Línea con el propósito de convertirlos, a la luz de la norma que “consagra los instrumentos” para la búsqueda de la convivencia, en gestores y facilitadores de paz es delicada y traerá graves consecuencias.
Lo primero que puede concluirse es que, con la liberación de esos antisociales, Petro está admitiendo que la estructura delincuencial efectivamente fue su brazo armado durante los 4 años que hizo oposición al gobierno del presidente Duque. Así como Hitler tuvo a sus camisas pardas que luego se convirtieron en las SS, Petro contó con su bandola cuyo comandante operativo era, o continúa siendo, Sergio Andrés Pastor González alias ‘19’, facineroso recientemente condenado a catorce años y medio de prisión, luego de ser hallado responsable directo de los delitos de concierto para delinquir y tortura.
Abundan las evidencias que demuestran que mientras la Primera Línea aterrorizaba al pueblo colombiano, el senador Gustavo Bolívar -hombre fuerte del petrismo- se concentraba en la consecución de fondos para su financiación.
La pregunta: ¿A la luz de la llamada ley de orden público, el gobierno puede reconocer políticamente a la Primera Línea? La versión original de esa norma, aprobada en diciembre de 1997, establece el marco general: el gobierno o sus voceros autorizados pueden “realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos con las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales el gobierno les reconozca carácter político”.
En el año 2002, cuando correspondió aprobar la prórroga de la ley de orden público -ley 782-, se hicieron cambios sustantivos: se incorporó la denominación de “grupos armados organizados al margen de la ley” y se eliminó la necesidad de hacer el reconocimiento político de la estructura ilegal.
Se entiende, de acuerdo con la norma, que un “grupo armado organizado al margen de la ley aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.
La naturaleza del grupo con el que el Estado puede sentarse a negociar y llegar a eventuales acuerdos está perfectamente establecida y delimitada.
Pretender que se incluya a la Primera Línea y a sus integrantes como grupo susceptible de un diálogo con miras a un acuerdo es, además de descabellado, abiertamente ilegal.
Es tan absurdo como establecer una mesa de negociación con una banda de atracadores o de desvalijadores de carros. Así le irrite mucho al llamado ‘Pacto Histórico’, la Primera Línea es, a la luz del derecho interno y del derecho internacional, una estructura de criminales comunes sobre los que debe caer todo el peso de la justicia como efectivamente sucedió hace algunas semanas en el caso del bandido alias ‘19’.
Dice el indocto senador Gustavo Bolívar que “jóvenes de Primera Línea salvaron al país de la Reforma Tributaria de Duque y Carrasquilla”. Presenta el caso como si se tratara de una gesta heroica cuando el país no olvida el dolor, los incendios, los asesinatos y los ríos de sangre que hicieron derramar los “jóvenes” terroristas de ese grupo delincuencial.
Es angustiante que uno de los senadores más poderosos de la coalición de gobierno socialcomunista celebre el hundimiento de un proyecto de ley a través de la comisión de actos de violencia, cuando en una democracia éstos se aprueban o imprueban en debates parlamentarios y son sometidos a controles constitucionales. Pero no. Colombia está en manos de un grupo político al que le gusta hacer uso de la violencia para logro de sus objetivos.
Publicado: diciembre 5 de 2022
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