Vuelve y juega. El karma de la pólvora llegó de vuelta y ya ha quemado a 156 personas. La historia se repite y no parece haber sanción que valga. Las leyes existen, pero la falta de controles de las autoridades y la aquiescencia de los padres crean la mezcla perfecta para que contamos la misma historia año tras año.
De acuerdo al Instituto Nacional de Salud el promedio de quemados diarios durante los primeros ocho días del mes asciende a 19.5 personas. Una cifra que si bien es menor que la registrada hace un año, donde el total de afectados para esta época llegó a 248 individuos, sigue siendo demasiado alta.
Lo peor, es que, como siempre, los niños llevan la peor parte. 54 menores han sido afectados, de los cuales 7 sufrieron las quemaduras estando en compañía de adultos alcoholizados. La cultura de la pólvora sigue profundamente arraigada nuestra sociedad y a pesar que cada vez hay más conciencia, hay mucho trabajo por hacer.
Sobre todo, porque de nada sirve que el Congreso y el Gobierno reglamenten sanciones si no se aplican. En esta materia, quizás en vez de cualquier otra en esta época del año, la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales debería ser absoluta.
En especial, porque los controles que abundan en las grandes ciudades brillan por su ausencia en la mayoría de municipios del País. La pólvora se consigue con facilidad en los puntos de venta oficiales y en las calles. Hasta los semáforos se convierten casi que en mercados al por mayor y en la mayoría de regiones las autoridades prefieren ver hacía otro lado.
Por eso, la regulación para sancionar este tipo de conductas no solamente debe ir dirigida a los padres de familia irresponsables que permiten que sus hijos pongan en riesgo su integridad por un efímero momento de falsa diversión, sino también a las autoridades territoriales que omiten actuar por conveniencia o indiferencia.
Al fin y al cabo, cada quemado, además del dolor que implica para cada familia y las repercusiones que quedan de por vida dependiendo de la gravedad del caso, también acarrea costos para el sistema de salud que debe destinar una partida considerable de recursos para atender las consecuencias de la irresponsabilidad de los padres.
En últimas, la lucha contra la pólvora debe convertirse en una causa común de todo el Estado. Tanto con campañas de prevención, como con severas sanciones que envíen un mensaje ejemplarizante a la sociedad y acaben con el círculo vicioso que rodea este producto.
Publicado: diciembre 14 de 2022