Circularon dos imágenes a las que Petro ha tratado de sacarles el mayor provecho político posible. La primera: la junta directiva de ‘ Fedegan’ en la Casa de Nariño anunciando su disposición de “facilitarle” la venta al gobierno de 3 millones de hectáreas. La segunda: el presidente de ese gremio, el señor Lafaurie, suscribiendo con Petro el acuerdo que le da vida al trato.
El presidente de Colombia ha rebajado a los ganaderos de su país a una condición casi criminal. Los ha señalado de ser promotores del paramilitarismo y responsables del despojo de tierras. Ahora, su “enemigo” histórico, representado por ‘Fedegan’, se ha rendido ante sus pies, anunciando un imposible con el que se envía una muy delicada señal.
Enseña Hayeck que la libertad económica es el presupuesto básico para las demás libertades: “Hemos abandonado progresivamente aquella libertad en materia económica sin la cual jamás existió en el pasado libertad personal ni política…”.
El deber ser de un gremio es el de defender los intereses de sus afiliados, el de negociar a nombre suyo garantías para desarrollar con la mayor libertad posible su actividad económica; no la de pactar con el gobierno la venta de sus inmuebles.
La lógica que parece haber guiado a los señores de ‘Fedegan’ es la de amansar a la fiera. Como ronda en el ambiente la amenaza de la expropiación, entonces mejor hablar con el expropiador en ciernes para coordinar con él la venta de las tierras.
¿Dónde queda la libertad económica? No se trata del precio que vaya a pagar el gobierno por esas propiedades, sino de la libertad del propietario para venderla o mantener el dominio sobre la misma.
En una democracia, una persona no puede ser forzada ni inducida a vender sus propiedades. Las enajena cuando le dé la gana, salvo que exista una decisión judicial que surja en una situación extraordinaria.
El miedo ha embargado a los ganaderos de Colombia quienes aparentemente están moviéndose por este razonamiento: mejor le vendo hoy a Petro para evitar que mañana me despoje a la brava.
Además, el acuerdo deja muchas dudas aún no resueltas: ¿Cómo se llegó a la cifra de las 3 millones de hectáreas? ¿Se realizó un censo catastral para determinar exactamente la extensión total de los predios de los afiliados a ‘Fedegan’?
Según algunos expertos, las 3 millones de hectáreas -si es que el gobierno de Petro cumple su palabra de pagarlas al valor comercial- pueden costar más de $25 billones de pesos, lo que significaría una nueva reforma tributaria.
Pero el asunto no termina ahí: ¿De dónde saldrán los recursos para que los campesinos a los que les serán adjudicadas esas tierras puedan hacerlas productivas? ¿El gobierno tiene los recursos para desembolsar los respectivos créditos blandos a través del ‘Banco Agrario’? ¿Está planeada la infraestructura, como carreteras primarias, secundarias y terciarias para mover los productos que salgan de dichas tierras?
Petro desempolvó el viejo y caduco discurso de la tenencia de la tierra como solución a la pobreza rural. En los años 30 del siglo pasado -gobierno de López Pumarejo- millones de hectáreas que pertenecían a la nación fueron escrituradas a pequeños y medianos productores invocando la “función social de la propiedad”. Lo cierto es que la reforma agraria de López no fue la solución y la pobreza rural no se superó.
En los años 60, en el gobierno de Alberto Lleras, se fundó el ‘Incora’, instituto que se encargó de repartir tierras entre los campesinos más pobres del país. Además de entregar terrenos baldíos, el ‘Incora’ expropió tierras y el resultado fue peor que el que se registró con ocasión de la reforma de López Pumarejo.
Y en estos tiempos, donde la ciencia y la tecnología son fundamentales, será imposible que los campesinos pobres salgan de esa situación con la simple escrituración de determinado número de hectáreas que, para que sean útiles necesitan, por ejemplo, de distritos de riego. ¿La ministra de Agricultura cuenta con los recursos para asegurar esos distritos?
Lo cierto es que ‘Fedegan’ ha sentado un delicado precedente en términos de protección de la libertad económica de sus afiliados al empeñar su palabra advirtiendo que aquellos enajenarán parte de sus tierras. Una persona no tiene porqué ser forzada, ni por el gobierno ni por el gremio que lo representa, a salir de sus bienes.
Publicado: octubre 10 de 2022
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