Resulta desconcertante el anuncio del entrante director de la policía, general Sanabria en el sentido de que se suspenderá la erradicación manual de cultivos ilícitos y que solamente continuará la erradicación voluntaria.
Descartó de plano -algo que no es novedoso ni sorprendente- el retorno al glifosato, herbicida de probada eficacia contra las distintas variedades de coca que se cultivan en la geografía colombiana.
La situación es preocupante. Durante el gobierno de Santos, cuando se interrumpió de manera abrupta, y por imposición de las Farc, la guerra contra la coca, el país se convirtió en un mar de cultivos ilícitos, pasando de 48 mil hectáreas en 2010 a más 208 mil en 2018.
El presidente Iván Duque tuvo que lidiar con la absurda prohibición de la corte constitucional del uso del glifosato. A pesar de ello, trazó una estrategia de erradicación manual que el año 2021 tuvo como resultado la desaparición de más de 103 mil hectáreas de coca.
Según la ONCDP -Oficina del gobierno de los Estados Unidos de control de drogas-, en 2021 Colombia registró 234 mil hectáreas cultivadas y produjo 972 toneladas de cocaína. Perú ocupó el segundo lugar -785 toneladas- y Bolivia, país cocalero, 317 toneladas.
La decisión adoptada por el gobierno del presidente Petro tendrá un efecto demoledor en la lucha contra las drogas. Los cultivadores deben estar frotándose las manos, pues además de haberse quitado de encima las aspersiones aéreas, también se han sacudido de las eficientes brigadas de erradicadores manuales.
En un abrir y cerrar de ojos, Colombia se convertirá en un país cocalero. Lo dramático es que el gobierno que se vende como un gran protector del medio ambiente, no tiene en cuenta una situación incontrastable: el aumento de las plantaciones de coca van en detrimento de los bosques nativos, de las selvas y de las áreas de conservación.
Los anuncios de la administración son alarmantes y, claramente, tendrán un efecto demoledor en las relaciones con los Estados Unidos país que ha sido tratado con desprecio por el nuevo gobierno de Colombia que ha anunciado una reevaluación en la política antidrogas y que en el área comercial decidió poner al frente del ministerio de Comercio a un feroz crítico del TLC que suscribieron los dos países durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Septiembre es un mes clave para el tema antinarcóticos porque es cuando la Casa Blanca resuelve las ayudas que entrega a los países involucrados en el procesamiento y tráfico de estupefacientes, la llamada certificación. Es posible que el gobierno Biden le quiera dar un compás a Petro, pero claramente el Congreso -que en noviembre seguramente será de mayorías republicanas- planteará un ajuste de la ayuda que recibe Colombia en virtud de la laxitud de Gustavo Petro frente al narcotráfico.
Dura realidad: Colombia está encaminada a ser una segunda Bolivia.
Publicado: agosto 25 de 2022
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