La semana pasada, un juez penal de Bogotá le puso punto final a uno de los montajes más burdos y deleznables erigidos durante la fiscalía de Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo.
Se trata de la investigación temeraria contra el exconcejal alvarista Omar Mejía Báez a quien involucraron en el ‘cartel de la contratación de Bogotá’ con fundamento en el dicho de dos falsos testigos.
El encargado de hacer el mandado fue el tristemente célebre exfiscal Juan Vicente Valbuena, quien servía como herramienta al servicio de Montealegre y Perdomo para hacer ajustes de cuentas.
Este portal, desde el comienzo de ese proceso, se dio a la tarea de poner en evidencia las irregularidades que se registraron durante los más de 5 años que duró la persecución que sufrió el doctor Mejía Báez.
Existen evidencias de que el exfiscal Valbuena y su lugarteniente, el también fiscal Alonso Zetién, habrían recibido $500 millones de pesos de manos de otros implicados en el ‘carrusel de la contratación’. El objetivo: que la justicia mirara hacia otro lado y llevara a la cárcel a personas inocentes, mientras que los verdaderos responsables gozarían de una insoportable impunidad.
El alvarista Omar Mejía fue la persona elegida por el hampa para encartar en un proceso por un delito que nunca cometió, tal y como dejó en claro el juez de la causa.
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Este proceso debe ser visto como una oportunidad para hacer una reflexión de fondo respecto de la administración de justicia en Colombia. Desde el primer momento se sabía que el proceso contra el exconcejal Mejía se sustentaba fundamentalmente sobre el testimonio del delincuente exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano quien, palabras más, palabras menos, aseveró que al cabildante se le habían entregado unos dineros a cambio de que evitara hacer un debate de control político sobre el caso de las ambulancias en Bogotá.
La acusación fue vaga. Nunca se aportó una evidencia que confirmara que dicha transacción fue perfeccionada, ni datos que le dieran un mínimo de verosimilitud a la historia.
El testimonio de Zambrano, fue coadyuvado por otro falso testigo: Federico Gaviria, un corrupto de talla mayor que ha sido condenado en varias ocasiones por su vinculación con desfalcos multimillonarios. La sentencia más reciente en su contra, se produjo hace pocos días, luego de que un juez confirmara su participación en el caso de Odebrecht.
A pesar de la delgadez probatoria en el caso de Mejía, el proceso duró más de 6 años. Resulta inaceptable que a un ciudadano lo mantengan sub iúdice durante un lustro, cuando el caso es sencillo y las pruebas absolutorias resultan incontrastables desde el primer instante.
Dice la teoría que la justicia debe ser pronta y expedita. ¿6 años para un juicio carente de pruebas, sometiendo a un ciudadano a toda suerte de maltratos y escarnios, en un país donde hace mucho tiempo se olvidó el principio de la presunción de inocencia?
Lo cierto es que el epílogo de esta historia era previsible. Mejía, que fue defendido por el doctor Juan Sebastián Fajardo -un penalista de gran talante- fue absuelto. El juez ordenó que tanto Zambrano como Gaviria, sean investigados por dos delitos: falso testimonio y fraude procesal.
Lo increíble es que el arquitecto de la infamia, el cuestionado exfiscal Juan Vicente Valbuena, sigue tan campante por la vida, sin responder por sus fechorías ni sus actos de corrupción. ¿Hasta cuándo?
Publicado: abril 12 de 2021
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